Por Gustavo Espinoza M. (*)
Habida cuenta del agravamiento de la situación internacional, y de los peligros de guerra que se ciernen sobre el mundo a partir de la crisis del medio oriente y de la demencial escalada norteamericana contra Siria, es difícil esperar un cambio favorable en el tema de los antiterroristas cubanos encarcelados desde hace 15 años en los Estados Unidos.
Pareciera que Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González Llort —4 de los 5 aun retenidos por la tozudez del Imperio— llegarán al 12 de septiembre de este año tras las rejas, sin que ninguna decisión modifique el status injusto que les dictara el circuito judicial de La Florida, a comienzos de este siglo, por delitos que nunca cometieron.
Y es que el Presidente Barack Obama se empeña en desacreditar a la alta comisión sueca que confiere anualmente los Premios Nobel, y que tuvo —no hace mucho— la peregrina idea de entregarle a él la presea de la paz no como un reconocimiento a la labor cumplida, sino más bien como una esperanza que la honrara más adelante con una política acorde a los intereses naturales de la especie.
El tiempo, juez definitivo de todos los dolores, se ha encargado de demostrar que el reconocimiento formalmente otorgado al mandatario yanqui, carecía de sustento. Y hoy, el mundo mira con horror la posibilidad de un conflicto militar generalizado porque los mercaderes de la guerra se resisten a hablar de paz y a preservarla para todos.
El mundo es escenario creciente de una sólida campaña internacional que demanda justicia y que reclama un mínimo de coherencia a un gobierno que está tentado a condenar a la pena de muerte a un niño de trece años, al tiempo que permite que goce de la más absoluta libertad un terrorista como Luís Posada Carriles, responsable intelectual de la muerte de centenares de personas, y autor material de otras.
Los Jueces de Atlanta, la Comisión de Detenciones Ilegales de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otros organismos de alto nivel representativo, han sumado sus puntos de vista en la materia, a Parlamentos de numerosos países, Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y ex ministros, intelectuales, clérigos, personalidades del más diverso signo. Todos han esgrimido las más mismas razones del corazón para atender lo que constituye una legítima demanda solidaria.
Para la Casa Blanca pareciera no haber contradicción alguna entre mantener tras las rejas a quienes arriesgan su vida luchando por salvar las de otras personas; y complacer a los que consideran legítimo detonar bombas para derribar aviones, o colocar explosivos en vestíbulos de hoteles.
En todas partes se conoce ya que el gobierno norteamericano, que no tiene empacho en bombardear aldeas civiles en Afganistán o en Irak; tampoco tiene vergüenza de ocultar al mundo las verdaderas razones por las que condenó a estos valerosos luchadores, admitiendo que fue su odio contra Cuba el lei motiv de su conducta.
René González -el único de los 5 que recuperó su libertad- vive ya en Cuba, con su familia y con su pueblo. Pero los supuestos “delitos” que a él se le incriminaron, fueron los mismos que podrían esgrimirse contra los demás: los 5 integraron un mismo grupo de trabajo encargado de similar tarea: obstruir los planes asesinos de las bandas terroristas que operan en Miami bajo la protección y amparo de los servicios secretos de los Estados Unidos, contra el mundo.
Ni en el caso de René, ni en el de ninguno de los otros, pudo probarse en estos quince años ninguna acción que pudiese ser considerada como un delito mayor, de espionaje o terrorismo. Si algo explica —porque nada justifica— la dureza de las penas impuestas por la Jueza Lennart, es simplemente la voluntad de los oscuros poderes que mueven sus hilos desde la Casa Blanca para castigar la resistencia de Cuba a los vesánicos designios del Imperio.
Hoy se sabe —entre otras perlas— que el gobierno de los Estados Unidos pagó sobornos a periodistas yanquis para que escribieran notas y proporcionaran informaciones públicas orientadas a acreditar falsas culpas a los procesados.
Ese sólo hecho, que en cualquier país del mundo ameritaría la revisión de una sentencia, constituye el último eslabón legal para que se cambie el escenario del caso.
Más allá, asoma apenas la voluntad del Presidente de los Estados Unidos que corte el juicio y genere una solución justa al drama que se generó en septiembre de 1998.
“Si bien es un sufrimiento permanente no tener al lado a mi esposo y que mis hijas no hayan podido disfrutar de niñas y adolescentes de su padre, nos anima el saber que no pierde las esperanzas de lograr justicia y saber con certeza que sus padecimientos despertaron la solidaridad permanente de muchos países del mundo y organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre otros”, dijo recientemente en Lima Elizabet Palmeiro, la esposa de Ramón Labañino.
Ella, asistente al XIV Encuentro Nacional de solidaridad con Cuba celebrado recientemente en Abancay, nos trajo el saludo de sus compañeros de infortunio y se llevó el afecto de los peruanos que esperan una salida justa a un tema que ha llamado la atención del mundo en los últimos lustros, y que crece como un ramo de rosas en el corazón de la verdad.
En el Perú la solidaridad con los 5 ha brillado con luz propia. Navegó por los ríos caudalosos de la selva; subió a lo más alto de la montaña flameando su bandera a 4.892 metros sobre el nivel del mar; se alzó en las construcciones pre hispánicas, como Machu Picchu, recorrió los áridos desiertos de la costa; resonó vibrante en los contrafuertes andinos; y alumbró la vigilia de jóvenes y viejos hermanados en una lucha común que dignifica al mundo.
Todos somos conscientes que una doble moral caracteriza la política de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos.
Por un lado, proclama a viva voz su compromiso de acción contra el terrorismo. Por otro, encarcela y condena a los antiterroristas al mismo tiempo que permite el libre manejo de quienes se valen del terrorismo y otras prácticas asesinas, para castigar a Cuba.
Y es que más allá de los valores y de los principios, lo que funciona en la Casa Blanca no es la justicia ni la ley; sino la conveniencia política y la venganza; elementos ambos tras los que se parapeta la arbitrariedad y el abuso.
Como antes y como siempre, en muchas partes del planeta, en este mes de septiembre tendrán lugar diversos actos solidarios.
En ellos, la voluntad de los peruanos se expresará en una marcha nacional prevista para el próximo 12 de septiembre, con la misma voluntad que en otras partes.
Porque aquí —como en las más diversas latitudes del planeta— el sentido de la justicia camina en el mismo derrotero que la vida. Una y otra, constituye la expresión de un pueblo que siente la solidaridad como el alimento espiritual más definido.
Si de los pueblos dependiera, los antiterroristas cubanos no podrían permanecer un día más, tras las rejas. (fin)
(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera. / http://nuestrabandera.lamula.pe