Miguel Ángel Rodríguez Mackay
Las recientes declaraciones de las autoridades de Chile y Bolivia ante la inminencia del minifallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —24 de setiembre— en el proceso de excepción preliminar, planteado por Santiago pidiendo que la propia Corte se declare incompetente para abordar la causa de fondo boliviana, llaman la atención por la falta de ubicación conceptual sustantiva. Voy a explicarlo.
Tanto La Paz como Santiago están creyendo que la CIJ está pintada en la pared, pues sueltos de huesos ambas partes formulan declaraciones sin relevancia jurídica pues es inaceptable desde el derecho internacional que el canciller chileno Heraldo Muñoz afirme que “Bolivia tendrá que convencerse de que no podrá obligarnos a cederle territorio” como también que su homólogo boliviano, David Choquehuanca, sostenga que “Si la CIJ responde negativamente a su petición de declararse competente para tratar su demanda contra Chile, trabajará otras opciones para seguir con su reclamo”.
Los chilenos no pueden ignorar que las sentencias de la Corte son vinculantes u obligatorias de manera que si el tribunal decide que Santiago debe negociar la salida al mar, a los chilenos no les quedará otra alternativa que hacerlo.
De otro lado, los bolivianos deben tener presente que la Corte no es una instancia supranacional más respecto de la cual si no están conformes con el resultado, entonces buscarán otros mecanismos de arreglo. Las decisiones de la Corte sobre una misma causa y hechos imputados no podrán ser abordadas o sustituidas en otros foros o instancias jurisdiccionales, pues los fallos tienen el carácter de definitivos.
