De cómo una flor rosada ha derrotado a la única superpotencia mundial.
Escribe: Alfred W. McCoy
TomDispatch.com
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Después de pelear la guerra más larga de toda su historia, EEUU está al borde de la derrota en Afganistán. ¿Cómo puede haber ocurrido? ¿Cómo es posible que la única superpotencia mundial haya estado continuamente batallando durante quince años, desplegando 100.000 de sus efectivos más especializados, sacrificando las vidas de 2.200 de esos soldados, gastando más de un billón de dólares en sus operaciones militares, dilapidando 100.000 millones más en la supuesta “construcción y reconstrucción de la nación”, ayudando a crear, financiar, equipar y entrenar a un ejército de 350.000 aliados afganos, y no sea capaz aún de pacificar una de las naciones más empobrecidas de la tierra? Tan deprimente es la perspectiva de estabilidad en Afganistán para 2016 que la Casa Blanca de Obama ha cancelado no hace mucho una planeada retirada de otro contingente de soldados, dejando alrededor de 10.000 efectivos de forma indefinida en el país.
Si fueran a cortar el nudo gordiano de complejidad que es la guerra afgana, encontrarían que en el fracaso estadounidense allí radica la mayor paradoja política del siglo: el gigantesco ejército de Washington ha sido parado en seco en su ruta de acero por una flor rosada, la amapola del opio.
A lo largo de más de tres décadas en Afganistán, las operaciones militares de Washington sólo han tenido éxito cuando se han adaptado de forma razonable y cómoda al tráfico ilícito del opio en Asia Central, y han fracasado cuando no lo han complementado. La primera intervención estadounidense en el país se inició en 1979. Tuvo parcialmente éxito porque la guerra indirecta que la CIA lanzó para expulsar a los soviéticos de allí coincidió con la forma en que sus aliados afganos utilizaban el abultado tráfico de drogas del país para sostener su larga lucha de una década de duración.
Por otra parte, en los casi quince años de continuos combates desde la invasión de EEUU en 2001, los esfuerzos de pacificación han fracasado en gran medida a la hora de frenar la insurgencia talibán porque EEUU no ha podido controlar el enorme excedente del comercio de heroína del país. Como la producción de opio se incrementó desde un mínimo de 180 toneladas a unas monumentales 8.200 en los primeros cinco años de ocupación estaodunidense, el suelo de Afganistán parecía haberse sembrado con los dientes de dragón del antiguo mito griego. Cada cosecha de amapola producía un nuevo plantel de combatientes adolescentes para el creciente ejército de guerrillas de los talibán.
En cada una de las etapas de la trágica y tumultuosa historia de Afganistán de los últimos 40 años –la guerra encubierta de la década de 1980, la guerra civil de la década de 1990 y la ocupación de EEUU desde 2001-, el opio jugó un papel sorprendentemente importante en la conformación de los azares del país. En uno de los giros del destino más amargos de la historia, la forma en que la ecología singular de Afganistán convergió con la tecnología militar estadounidense transformó esta nación remota y sin salida al mar en el primer narcoestado del mundo, un país donde las drogas ilícitas dominan la economía, definen las opciones políticas y determinan la fortuna de las intervenciones extranjeras.
Guerra encubierta (1979-1992)
La guerra secreta de la CIA contra la ocupación soviética de Afganistán durante la década de 1980 ayudó a transformar las anárquicas zonas fronterizas afgano-pakistaníes en el semillero de una expansión sostenida del tráfico mundial de la heroína. “En las áreas tribales”, el Departamento de Estado informaría en 1986, “no hay fuerzas policiales. No hay tribunales. No hay impuestos. Ningún arma es ilegal… El hachís y el opio están con frecuencia a la vista”. En aquel entonces, ese proceso llevaba mucho tiempo en marcha. En vez de formar su propia coalición de líderes de la resistencia, la Agencia confió en el crucial Interservicio de Inteligencia pakistaní (ISI, por sus siglas en inglés) y en sus clientes afganos, que pronto se convirtirían en los gestores del pujante tráfico tranfronterizo del opio.
Como cabía esperar, la Agencia miró hacia otro lado mientras la producción de opio de Afganistán crecía de forma incontrolada desde unas 100 toneladas anuales en la década de 1970, a 2.000 toneladas en 1991. En 1979 y 1980, justo cuando los esfuerzos de la CIA empezaban a redoblarse, se abrió una red de laboratorios de heroína a lo largo de la frontera afgano-pakistaní. Esa región se convirtió pronto en la mayor productora de heroína del mundo. En 1984, suministraba un sorprendente 60% del mercado estadounidense y el 80% del europeo. Dentro de Pakistán, el número de adictos a la heroína fue desde prácticamente cero (sí, cero) en 1979, a 5.000 en 1980 y a 1.300.000 en 1985, una tasa de adicción tan alta que fue tildada por la ONU de “especialmente impactante”.
Según el informe del Departamento de Estado de 1986, el opio “es la cosecha ideal en un país asolado por la guerra, ya que requiere de muy escasa inversión de capital, crece rápidamente y es de fácil transporte y comercialización”. Además, el clima de Afganistán es muy adecuado para esta cosecha templada, con un rendimiento promedio dos o tres veces superior al de la región del Triángulo de Oro del Sureste Asiático, la anterior capital del comercio del opio. A medida que la incesante guerra entre la CIA y los subrogados de los soviéticos generaban al menos tres millones de refugiados e interrumpían la producción alimentaria, los campesinos afganos se volvían “desesperadamente” hacia el opio, ya que producía fácilmente “altos beneficios” con los que poder cubrir los precios cada vez más altos de los alimentos. Al mismo tiempo, según el Departamento de Estado, los elementos de la resistencia se implicaron en la producción y tráfico del opio “para proporcionar alimentos básicos a la población que estaba bajo su control y financiar las compras de armamento”.
Cuando la resistencia de los muyahaidines se fortaleció y empezó a crear zonas liberadas en el interior de Afganistán en los primeros años de la década de 1980, acudieron a financiar sus operaciones recaudando impuestos de los campesinos que producían la lucrativa adormidera, especialmente en el fértil valle de Helmand, en otro tiempo considerado el granero del sur de Afganistán. Las caravanas que transportaban armas de la CIA para la resistencia en esa región volvían a menudo cargadas de opio, informaba el New York Times, “con el consentimiento de los responsables estadounidenses o pakistaníes de la inteligencia que apoyaban a tal resistencia”.
Una vez que los combatientes muyahaidines sacaban el opio a través de la frontera, lo vendían a los refinadores pakistaníes de heroína que operaban en la Provincia Fronteriza del Noroeste del país, una zona de guerra encubierta controlada por el estrecho aliado de la CIA, el general Fazle Haq. En 1988, había entre 100 y 200 refinerías de heroína sólo en el distrito de Khyber de esa provincia. Más hacia el sur, en el distrito Kohi-Soltan de la provincia de Baluchistán, Gulbuddin Hekmatyar, el favorecido activo afgano de la CIA, controlaba seis refinerías que convertían en heroína una gran parte del opio del valle de Helmand. Camiones de la Célula de Logística Nacional del ejército pakistaní llegaban cargados de armamento de la CIA hasta esas zonas fronterizas desde el puerto de Karachi, y volvían abarrotados de heroína hacia puertos y aeropuertos, desde donde era exportada a los mercados mundiales.
En mayo de 1990, cuando estaba poniéndose fin a esta operación encubierta, el Washington Post informaba de que el principal activo de la CIA, Hetmakyar, era también el principal traficante de heroína de los rebeldes. Las autoridades estadounidenses, afirmaba el Post, llevaban tiempo negándose a investigar las acusaciones de tráfico de heroína contra Hekmatyar, así como contra el ISI de Pakistán, en gran medida “porque la política de narcóticos estadounidense en Afganistán estaba subordinada a la guerra contra la influencia soviética en ese país”.
En efecto, Charles Cogan, exdirector de la operación afgana de la CIA, habló después francamente acerca de las opciones de su Agencia. “Nuestra misión principal era hacer tanto daño a los soviéticos como fuera posible”, dijo en 1995 en la televisión australiana. “En realidad, no teníamos ni los recursos ni el tiempo necesarios para dedicarnos a investigar el comercio de la droga. No creo que tengamos que pedir perdón por eso… Se fracasó en el tema de las drogas, sí, es verdad. Pero se consiguió el objetivo principal. Los soviéticos se marcharon de Afganistán”.
La guerra civil afgana y el ascenso de los talibán (1989-2001)
A largo plazo, esa intervención “clandestina” (de la que tan abiertamente se escribió o alardeó) produjo un agujero negro de inestabilidad geopolítica nunca cerrado ni cicatrizado.
Situado en las remotas zonas norteñas del monzón estacional, donde las nubes de la lluvia llegan ya muy exprimidas, el Afganistán árido no se recuperó nunca de la devastación sin precedentes sufrida en los años de la primera intervención estadounidense. Aparte de zonas irrigadas como el valle de Helmand, las tierras altas semiáridas del país eran ya un frágil ecosistema llevado al límite para mantener a poblaciones grandes cuando estalló la guerra en 1979. Cuando esa guerra se fue apagando entre 1989 y 1992, la alianza dirigida por Washington abandonó el país sin patrocinar un acuerdo de paz ni financiar reconstrucción alguna.
Washington se limitó a mirar hacia otro lado cuando en el país estalló una despiadada guerra civil que produjo 1,5 millones de muertos, tres millones de refugiados, una economía arrasada y un grupo de señores de la guerra bien armados dispuestos a luchar por el poder. Durante los años de la terrible contienda civil que siguió, los campesinos afganos cultivaron la única cosecha que aseguraba beneficios instantáneos, la adormidera. La cosecha del opio, que se había multiplicado veinte veces hasta las 2.000 toneladas durante la era de la guerra encubierta de la década de 1980, se duplicaría durante la guerra civil de la década de 1990.
En este agitado período, el auge del opio debería considerarse una consecuencia de los graves daños que dos décadas de guerra habían causado. Con el retorno de esos tres millones de refugiados a una tierra asolada por la guerra, los campos de opio fueron un regalo del cielo respecto al empleo, ya que requerían de nueve veces más trabajadores que cultiva el trigo, alimento básico del país. Además, sólo los narcotraficantes eran capaces de acumular rápidamente el capital suficiente para poder proporcionar los tan necesitados adelantos de dinero a los campesinos pobres del trigo, adelantos que equivalían a más de la mitad de sus ingresos anuales. Ese crédito resultaba vital para la supervivencia de muchos aldeanos pobres.
En la primera fase de la guerra civil, de 1992 a 1994, los implacables señores de la guerra locales combinaban las armas con el opio en una lucha por el poder a nivel nacional. Determinados a instalar a sus aliados pastunes en Kabul, la capital afgana, Pakistán se sirvió del ISI para entregar armas y fondos a sus principal cliente, Hekmatyar. En aquel momento era el primer ministro nominal de una díscola coalición cuyas tropas se pasarían dos años ametrallando y bombardeando Kabul en unos combates que dejaron la ciudad en ruinas y alrededor de 50.000 afganos muertos más. Sin embargo, cuando no logró tomar la capital, Pakistán pasó a apoyar a una nueva fuerza pastún, los talibán, un movimiento fundamentalista que había surgido de las escuelas militantes islámicas.
Después de apoderarse de Kabul en 1996 y controlar gran parte del país, el régimen talibán fomentó el cultivo local del opio, ofreciendo protección gubernamental al comercio de exportación y recaudando los muy necesitados impuestos tanto del opio producido como de la heroína fabricada a partir de él. Las investigaciones sobre el opio llevadas a cabo por la ONU mostraron que los talibán, durante sus primeros tres años en el poder, habían aumentado la cosecha del opio del país hasta las 4.600 toneladas, es decir, el 75% de la producción mundial en ese momento.
Sin embargo, en julio de 2000, cuando una devastadora sequía entró en su segundo año y una hambruna masiva se propagó por Afganistán, el gobierno talibán ordenó de repente que se prohibieran todos los cultivos de opio como aparente recurso para conseguir el reconocimiento y ayuda internacionales. Una posterior investigación de la ONU sobre las cosechas en 10.030 pueblos, encontró que esta prohibición había reducido la cosecha en un 94%, hasta producir sólo 185 toneladas.
Tres meses después, los talibán enviaron una delegación presidida por su viceministro de asuntos exteriores, Abdur Rahman Zahid, a la sede de la ONU en Nueva York para intercambiar la continuación de la prohibición de las drogas por el reconocimiento diplomático. Sin embargo, esa Organización impuso nuevas sanciones al régimen por proteger a Osama bin Laden. EEUU, por otra parte, recompensó en realidad a los talibán con 43 millones de dólares en ayuda humanitaria, aunque secundó las críticas de la ONU sobre bin Laden. Al anunciar esta ayuda en mayo de 2001, el secretario de estado Colin Powell, alabó “la prohibición sobre la adormidera, una decisión de los talibán a la que damos la bienvenida” e instó al régimen a “actuar en una serie de cuestiones fundamentales que nos separan: el apoyo al terrorismo y la violación de los estándares de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, especialmente el trato dado a las mujeres y niñas”.
La guerra contra el terror (2001-2016)
Tras una década ignorando a Afganistán, Washington volvió a descubrió ese lugar en la venganza emprendida tras los ataques del 11-S. Pocas semanas después, en octubre de 2001, EEUU empezó a bombardear el país y a continuación lanzó una “invasión” encabezada por los señores de la guerra locales. El régimen de los talibán se vino abajo, en palabras del veterano periodista del New York Times, R.W. Apple, a una velocidad “tan repentina y tan inesperada que los funcionarios del gobierno y los expertos en estrategia… encuentran difícil explicar”. Aunque los ataques aéreos estadounidenses causaron considerables daños psicológicos y físicos, muchas otras sociedades han resistido bombardeos mucho más masivos sin hundirse de esa manera. En retrospectiva, parece probable que la prohibición del opio hubiera aniquilado económicamente a los talibanes, dejando su teocracia convertida en una cáscara hueca que saltó hecha añicos con las primeras bombas estadounidenses.
Hasta un alcance por lo general no valorado, Afganistán, durante las dos décadas anteriores, había dedicado una parte cada vez mayor de sus recursos –capital, tierra, agua y trabajo- a la producción de opio y heroína. En el momento en que los talibán prohibieron su cultivo, el país se había convertido, a nivel agrícola, en poco más que un monocultivo del opio. El narcotráfico representaba la mayor parte de sus ingresos fiscales, casi todos los ingresos de sus exportaciones y empleaba a una gran parte de su mano de obra. En este contexto, la erradicación del opio demostró ser un acto de suicidio económico que llevó a una sociedad ya debilitada al borde del colapso. En efecto, una encuesta de la ONU realizada en 2011 halló que la prohibición había “provocado una grave pérdida de ingresos para alrededor de 3,3 millones de personas”, el 15% de la población, que incluía a 80.000 campesinos, 480.000 trabajadores itinerantes y los millones de personas que dependían de ellos.
Aunque la campaña de bombardeos estadounidenses se estuvo ensañando con el país a lo largo de octubre de 2001, la CIA gastó 70 millones de dólares “en desembolsos directos en efectivo sobre el terreno” para movilizar a su vieja coalición de señores de la guerra tribales y acabar con los talibanes, un gasto que el presidente George W. Bush llamaría más tarde una de las mayores “gangas” de la historia. Para capturar Kabul y otras ciudades claves, la CIA puso su dinero tras los dirigentes de la Alianza del Norte, a los que los talibán no habían nunca derrotado del todo. Ellos, a su vez, dominaban desde hacía mucho tiempo el narcotráfico en la zona del noroeste de Afganistán, que estaba bajo su control durante los años de los talibán. Mientras tanto, la CIA se volvió también hacia un grupo de señores de la guerra pastunes que se habían mantenido activos como traficantes de droga en la parte sureste del país. Como consecuencia de todo ello, cuando los talibán fueron a menos, ya se habían establecido las bases para la reanudación del cultivo del opio y el narcotráfico a gran escala.
Una vez tomadas Kabul y las capitales provinciales, la CIA cedió rápidamente el control de las operaciones a las fuerzas aliadas uniformadas y a las autoridades civiles cuyos ineptos programas de supresión de la droga en años venideros dejarían en un primer momento los crecientes beneficios del tráfico de heroína en manos de esos señores de la guerra y, en años posteriores, en manos de las guerrillas talibán. En los primeros años de la ocupación estadounidense, antes de que el movimiento consiguiera reconstituirse, la cosecha de opio se incrementó hasta las 3.400 toneladas. Las drogas ilícitas, en un desarrollo sin precedentes históricos, serían responsables de un extraordinario 62% del producto interior bruto (PIB) del país en 2003. Durante los primeros años de la ocupación estadounidense, el secretario de defensa Donald Rumsfeld “desestimó las crecientes señales de que el dinero de la droga se estaba canalizando hacia los talibán”, mientras que la CIA y el ejército de EEUU “hacían la vista gorda ante las actividades relacionadas con la droga de destacados señores de la guerra”.
A finales de 2004, la Casa Blanca, después de casi dos años sin mostrar prácticamente interés alguno por la cuestión, de externalizar el control del opio en sus aliados británicos y el entrenamiento de la policía en los alemanes, se tuvo que enfrentar de repente con la inquietante información de inteligencia de la CIA sugiriendo que la escalada del narcotráfico estaba alimentando el resurgimiento de los talibán. Con el apoyo del presidente Bush, el secretario de estado Powell instó entonces a poner en marcha una agresiva estrategia contra el narcotráfico que incluía una defoliación aérea, al estilo Vietnam, de las zonas rurales de Afganistán. Pero el embajador de EEUU, Zalmay Khalilzad, se resistió a este enfoque secundado por su aliado local Ashraf Ghani, entonces ministro de finanzas del país (y ahora su presidente), quien advirtió que tal programa de erradicación provocaría un “empobrecimiento generalizado” en el país al no contar con los 20.000 millones de dólares de ayuda exterior para que pudieran crear “una verdadera alternativa de subsistencia”.
Como solución de compromiso, Washington pasó a depender de contratistas privados como DynCorp para entrenar a los equipos afganos en la erradicación manual. Sin embargo, en 2005, según la corresponsal del New York Times Carlotta Gall, ese enfoque se había convertido ya en “algo parecido a una broma”. Dos años después, cuando se extendían tanto la insurgencia talibán como el cultivo del opio en lo que parecía ser una moda sinérgica, la embajada de EEUU volvió a presionar a Kabul para que aceptara el tipo de defoliación aérea que EEUU había patrocinado en Colombia. El presidente Hamid Karzai se negó, dejando este crucial problema sin resolver.
El informe de la ONU de 2007 sobre la Situación del Opio en Afganistán halló que la cosecha anual se había incrementado en un 24% hasta un record de 8.200 toneladas, lo que se traducía en el 53% del PIB del país y el 93% del suministro ilícito de la heroína mundial. Hay que destacar que la ONU afirmó que las guerrillas talibán habían “empezado a extraer recursos económicos de las drogas para armas, logística y pagos a las milicias”. Un informe del Instituto por la Paz de EEUU concluyó que, en 2008, el movimiento tenía 50 laboratorios de heroína en su territorio y controlaba el 98% de los campos de adormidera del país. Ese año, recaudaron al parecer 425 millones de dólares en “impuestos” de gravar el tráfico del opio, y con cada cosecha obtenían los fondos necesarios para reclutar un nuevo plantel de jóvenes combatientes de los pueblos. Cada uno de esos potenciales guerrilleros podía contar con pagos mensuales de 300 dólares, cantidad muy por encima de los salarios que habrían conseguido como trabajadores del campo.
A mediados de 2008, para contener la expansión de la insurgencia, Washington decidió enviar al país 40.000 soldados de combate estadounidenses más, aumentando las fuerzas aliadas a 70.000. Reconociendo el papel crucial de los ingresos procedentes del opio en las prácticas de reclutamiento talibán, el Tesoro estadounidense creó también la Afghan Threat Finance Cell y empotró a 50 de sus analistas en las unidades de combate con el encargo de poner en marcha acciones estratégicas contra el narcotráfico.
Según un veterano analista, al utilizar métodos cuantitativos de “análisis de redes sociales” y “modelaje de redes de influencia”, esos expertos civiles instantáneos “señalarían a los intermediarios hawala [acreedores rurales] como nodos fundamentales dentro de la red de un grupo insurgente”, lo que provocó que los soldados de combate estadounidenses tomaran “cursos de acción cinética”, es decir, de forma literal, echar abajo la puerta de la oficina hawala y liquidar sus operaciones”. Unos actos “tan controvertidos” pudieron “degradar temporalmente la red de financiación de un grupo insurgente”, pero esos progresos se producían “a costa de alterar a un pueblo entero” que dependía del prestamista para conseguir créditos legítimos y que constituían “la inmensa mayoría del negocio del hawalador”. De esta forma, una vez más, el apoyo a los talibán creció.
En 2009, las guerrillas se estaban extendiendo tan velozmente que la nueva administración Obama optó por un “incremento” de los efectivos estadounidenses hasta llegar a los 102.000, en un intento de contener a los talibán. Tras meses ampliando los despliegues de tropas, se lanzó oficialmente la nueva estrategia bélica del presidente Obama el 13 de febrero de 2010 en Marja, una remota ciudad-mercado en la provincia de Helmand. A medida que las oleadas de helicópteros descendían en sus alrededores escupiendo nubes de polvo, cientos de marines corrían a través de los campos de brotes de adormidera hacia el recinto con muros de adobe de la ciudad. Aunque su objetivo eran las guerrillas talibán locales, los marines estaban de hecho ocupando la capital del comercio global de la heroína. El suministro del 40% del ilícito opio mundial crecía en los distritos de los alrededores y gran parte de esa cosecha se comerciaba en Marja.
Una semana después, el comandante general estadounidense voló en helicóptero a la ciudad con Karim Khalili, vicepresidente afgano, para dar a conocer ante los medios la imagen de una nueva estrategia de contrainsurgencia que, dijo a los perodistas, era sólida como una roca para pacificar pueblos como Marja. Sólo que nunca ocurriría así porque el narcotráfico echó a perder la fiesta. “Cuando vengan con los tractores”, anunció una viuda afgana ante un coro de gritos de apoyo de sus compañeros campesinos, “tendrán que pasar por encima de mí y matarme antes de acabar con mis adormideras”. Hablando a través de un teléfono por satélite desde los campos de opio de la región, un funcionario de la embajada estadounidense me dijo: “No podemos ganar esta guerra sin hacer frente a la producción de drogas en la provincia de Helmand”.
Viendo el desarrollo de estos acontecimientos hace casi seis años, escribí un ensayo para TomDispatch advirtiendo de una derrota anunciada. “Por tanto, la opción está bastante clara”, expuse en aquel momento, “podemos continuar abonando este suelo letal con aún más sangre en una guerra brutal de resultados inciertos… o podemos ayudar a renovar esta antigua y árida tierra volviendo a plantar los huertos, reponiendo los rebaños y reconstruyendo las granjas destruidas en décadas de guerra… hasta que las cultivos alimentarios se conviertan en una alternativa viable al opio. Expresándolo de forma sencilla, tan sencilla que hasta Washington pueda entenderlo, sólo podemos pacificar un narcoestado si ya no es un narcoestado”.
Al atacar a las guerrillas pasando por alto las cosechas de opio que financiaban cada primavera a nuevos insurgentes, el incremento de Obama sufrió pronto esa derrota anunciada. Según el New York Times, cuando finalizaba 2012, los guerrilleros talibán habían “debilitado ya la mayor ofensiva que la coalición liderada por EEUU iba a emprender contra ellos”. En medio de la rápida reducción de fuerzas aliadas para cumplir el plazo fijado por el presidente Obama de diciembre de 2014 para “poner fin” a las operaciones de combate estadounidenses, las operaciones aéreas reducidas permitieron a los talibán lanzar ataques en masa en el norte, noreste y sur, matando efectivos del ejército y la policía afganos en cifras de record.
En aquel tiempo, John Sopko, el inspector especial de EEUU para Afganistán, ofreció una reveladora explicación de la supervivencia de los talibán. A pesar de gastar la asombrosa cifra de 7.600 millones de dólares durante la década anterior en los programas para la “erradicación de la droga”, concluyó: “Hemos fracasado en todas las métricas concebibles. La producción y el cultivo han aumentado, la interdicción y erradicación han descendido, el apoyo financiero a la insurgencia ha subido y las adicciones y el abuso alcanzan niveles sin precedentes en Afganistán”.
En efecto, la cosecha de opio de 2013 ocupó una extensión record de 209.000 hectareas, aumentando la cosecha en un 50% hasta alcanzar las 5.500 toneladas. Esa enorme cosecha generó alrededor de 3.000 millones de dólares de ingresos ilícitos, de los cuales la parte recaudada por los talibanes rondaba los 320 millones, más de la mitad de sus ingresos. La embajada estadounidense corroboró esta sombría evaluación, tildando los ilícitos ingresos de “golpe de suerte para la insurgencia, que se beneficia del narcotráfico a casi todos los niveles”.
Cuando se recogió la cosecha de opio de 2014, cifras recientes de la ONU sugerían que la tendencia sombría no hizo sino continuar, con las zonas en cultivo aumentando hasta un record de 224.000 hectareas y una producción de 6.400 toneladas que alcanzaba casi máximos históricos”. En mayo de 2015, al observar cómo todo este flujo de drogas entraba en el mercado mundial mientras el gasto estadounidense en contra del narcotráfico se elevaba hasta los 8.400 millones de dólares, Sopko intentó traducir lo que estaba sucediendo en una única imagen muy estadounidense: “Afganistán”, dijo, “tiene aproximadamente 500.000 acres [2.023.428 metros cuadrados] dedicados al cultivo de la adormidera. Esto equivale a más de 400.000 campos de futbol de EEUU, incluidas las zonas de anotación”.
En la temporada de lucha de 2015, los talibán tomaron con decisión la iniciativa de combate y el opio parecía estar cada vez más arraigado en sus operaciones. El New York Times informaba que el nuevo líder del movimiento, el Mulá Akhtar Mansour, figuraba “entre los primeros dirigentes talibanes en vincularse con el narcotráfico… y más tarde se convirtió en el principal recaudador del narcotráfico de los talibán, consiguiendo enormes beneficios”. Tras meses de incesantes presiones sobre las fuerzas del gobierno en tres provincias norteñas, la primera operación importante del grupo bajo su mando fue la toma, durante dos semanas, de la estratégica ciudad de Kunduz, situada en “las rutas más lucrativas de la droga del país… que mueven el opio de las prolíficas provincias de adormidera en el sur hasta Tayikistán… y desde ahí hacia Rusia y Europa”. Washington se sintió forzado a dejar de golpe los planes de nuevas retiradas de sus tropas de combate.
La ONU, en medio de la apresurada evacuación de sus oficinas regionales en las amenazadas provincias del norte, publicó en octubre un mapa que mostraba que los talibán tenían un control “alto” o “extremo” en más de la mitad de los distritos rurales del país, incluyendo otros muchos donde antes no tenían una presencia significativa. Un mes después, los talibanes desataban una serie de ofensivas por todo lo ancho del país con el objetivo de tomar y mantener el territorio, amenazando las bases militares situadas en el norte de la provincia de Faryab y cercando distritos enteros en el oeste de Herat.
No resulta sorprendente que los ataques más fuertes procedieran del corazón de la adormidera en la provincia de Helmand, donde la cosecha de opio del país iba ya crecida y, según el New York Times, “el lucrativo comercio del opio la convertía en vital para los diseños económicos de los insurgentes”. A mediados de diciembre, después de superar los puntos de control, recuperar gran parte de la provincia y obligar a las fuerzas de seguridad del gobierno a volver sobre sus talones, las guerrillas estuvieron a punto de capturar ese corazón del comercio de la heroína, Marja, el mismo lugar elegido por el presidente Obama para desplegar ante los medios el incremento de 2010. Si las fuerzas de operaciones especiales y las aéreas de EEUU no hubieran intervenido para tranquilizar a las “desmoralizadas” fuerzas afganas, la ciudad y la provincia habrían caído sin duda. A principios de 2016, catorce años después de que Afganistán fuera “liberado” por una invasión estadounidense, y en un significativo revés de las políticas de repliegue de tropas de la administración Obama, EEUU estaba, según consta, enviando a “cientos” de nuevos soldados estadounidenses hacia la provincia de Helmand en un mini-incremento que apuntalara a las fuerzas del gobierno y negara a los insurgentes el “premio económico” de los campos de adormidera más productivos del mundo.
Tras una desastrosa temporada de combates en 2015 que causó lo que las autoridades estadounidenses calificaron como bajas “insostenibles” en el ejército afgano y lo que la ONU llamó el “verdadero horror” del record de víctimas civiles, el largo y crudo invierno que se ha instalado por todo el país no está ofreciendo un respiro. Como el frío y la nieve han reducido los combates en el país, los talibán han trasladado sus operaciones a las ciudades, con cinco atentados masivos en Kabul y otras importantes zonas urbanas durante la primera semana de enero, seguidos de un ataque-suicida contra un complejo de la policía en la capital que mató a 20 agentes.
Mientras tanto, al terminar de recogerse la cosecha de 2015, tras seis años de crecimiento sostenido, el cultivo de opio del país se redujo en un 18% hasta las 183.000 hectareas y el rendimiento de los cultivos cayó abruptamente a 3.300 toneladas. Aunque los funcionarios de la ONU atribuyeron gran parte del descenso a la sequía y a la propagación de un hongo de la adormidera, son unas condiciones que podrían no mantenerse en 2016, ya que las tendencias a largo plazo siguen siendo una mezcla poco clara de noticias positivas y negativas. Enterrado en la masa de datos publicados en los informes sobre las drogas de la ONU hay una estadística significativa: aunque la economía de Afganistán creció durante los años que contó con ayuda internacional, la porción del opio en el PIB disminuyó de forma constante desde un desalentador 63% en 2003, a un mucho más manejable 13% en 2014. Incluso así, la ONU dice que “en muchas comunidades rurales, la dependencia de los agricultores de la economía de los opiáceos sigue siendo alta”.
En la provincia de Helmand, “los funcionarios del gobierno afgano también están directamente implicados en el tráfico del opio” a nivel local, informaba recientemente el New York Times. De este modo extendían “su competencia con los talibán… a la lucha por el control del narcotráfico”, a la vez que imponían “un impuesto a los agricultores prácticamente idéntico al extraído por los talibán”, dedicando una porción de sus ilícitos beneficios “a seguir la cadena hasta llegar a los funcionarios en Kabul… para asegurar que las autoridades locales siguieran contando con el apoyo de los mandamases y que estos protejieran el cultivo del opio”.
De forma simultánea, una investigación reciente del Consejo de Seguridad de la ONU halló que los talibán se habían aprovechado sistemáticamente de “la cadena de suministro en cada fase del narcotráfico”, recaudando una tasa del 10% sobre el cultivo del opio en Helmand, luchando por el control de los laboratorios de heroína y actuando como “los principales garantes del tráfico de opio y heroína puros enviados fuera de Afganistán”. Los talibán no sólo se dedican a gravar el tráfico, están ya tan profunda y directamente implicados que, añade el Times, “es ahora difícil distinguir al grupo de un cartel dedicado a la droga”. Cualesquiera que puedan ser las tendencias a largo plazo, en un futuro previsible, el opio seguirá profundamente enredado con la economía rural, la insurgencia talibán y la corrupción del gobierno, y la suma de todo ello constituye el dilema afgano.
Con los amplios ingresos procedentes de las excelentes cosechas del pasado, los talibán estarán sin duda preparados para la nueva temporada de combates que llegará con el inicio de la primavera. A medida que la nieve se derrita en las laderas de las montañas y los brotes de la adormidera surjan de la tierra, aparecerá, como en los últimos cuarenta años, una nueva cosecha de reclutas adolescentes dispuestos a combatir por las fuerzas rebeldes.
Cortando el nudo gordiano de Afganistán
Para la mayor parte de las personas del planeta, la actividad económica, la producción e intercambio de bienes, es el principal punto de contacto con el gobierno, que se pone de manifiesto en las monedas y billetes sellados por el Estado que todo el mundo lleva en sus bolsillos. Pero cuando el producto básico más importante de un país es ilegal, entonces las lealtades políticas se desplazan naturalmente a las redes clandestinas que trasladan de forma segura ese producto desde los campos de producción hasta los mercados extranjeros, proporcionando financiación, préstamos y empleo a cada paso del camino. “El narcotráfico emponzoña el sector financiero afgano y promueve una creciente economía ilícita”, explica John Sopko. “Esta, a su vez, socava la legitimidad del Estado afgano al atizar la corrupción, alimentar las redes criminales y proporcionar importante apoyo financiero a los talibán y otros grupos insurgentes”.
Después de quince años de guerra continua en Afganistán, Washington se enfrenta con la misma opción de hace cinco años cuando los generales de Obama trasladaron a los marines en helicóptero hasta Marja para que iniciaran su escalada. Después de década y media, EEUU puede permanecer atrapado en el mismo ciclo sin fin, combatiendo a las nuevas cosechas de guerreros armados hasta los dientes que parecen brotar anualmente de los campos de adormidera de ese país. A estas alturas, la historia nos dice algo: en esta tierra, quien siembra vientos recoge tempestades, y este año, el próximo y el siguiente habrá nuevas generaciones de guerrilleros.
Sin embargo, a pesar de todo lo conflictivo que pueda resular Afganistán, hay alternativas cuya suma podría potencialmente cortar este nudo gordiano de problemas políticos. Como paso primero y principal, quizá fuera hora ya de dejar de hablar de los próximos conjuntos de botas sobre el terreno y que el presidente Obama complete su planeada retirada de tropas.
Y, a continuación, invertir en el Afganistán rural aunque sólo sea una pequeña porción de toda esa financiación militar malgastada, porque así los millones de campesinos que dependen de las cosechas del opio para conseguir un trabajo podrían vislumbrar otras alternativas económicas. Ese dinero podría ayudar a reconstruir los huertos arrasados de esta tierra, los rebaños diezmados, las reservas de semillas desperdiciadas y los sistemas de riego desaprovechados de la nieve derretida que, antes de estas décadas de guerra, sostenían una agricultura diversificada. Si la comunidad internacional se esfuerza en rebajar la dependencia del opio ilícito del país desde el actual 13% del PIB mediante ese desarrollo rural sostenido, quizá entonces Afganistán deje de ser el principal narcoestado del planeta y que ese ciclo anual consiga a la larga romperse.
Alfred W. McCoy, colaborador habitual de TomDispatch, es profesor de Historia de la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de un libro ya convertido en un clásico: “The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade”, en el que sondeaba la relación entre las drogas ilícitas y las operaciones encubiertas durante cincuenta años. Entre sus libros más recientes figuran “Torture and Impunity: The U.S. Doctrine of Coercive Interrogation” y “Policing America’s Empire: The United States, the Philippines, and the Rise of the Surveillance State”.
Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/176106/
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