Pese a la intervención de entidades públicas como Osinergmin, ministerio de Salud o hasta la Defensoría del Pueblo, las emanaciones tóxicas de la minera Doe Run no sólo que no han cesado, sino que se han alcanzado niveles máximos históricos esta semana.
Según la Dirección General de Salud (Digesa), se superó los 27 mil microgramos por metro cúbico (mg/m3) de dióxido de azufre en varias estaciones. Las emanaciones fueron tan altas que los equipos de monitoreo no pudieron medirlas porque alcanzaron su límite.
Ante el nivel de contaminación, Digesa declaró el estado de emergencia de 09.15 a 12.45 horas y notificó al presidente del Comité Provincial de Defensa Civil de La Oroya y al jefe del INDECI Junín para que inicien las acciones previstas en el Plan de Contingencia. Desde agosto se están declarando los estados de emergencia.
Una medición antojadiza
Para beneplácito de las empresas contaminadoras, los estándares de contaminación se están considerando midiendo promedios mensuales, no el número de eventos pico (como el ocurrido este 13), por lo que estos valores se promedian con los demás días, que han tenido menores niveles de contaminación; de la sumatoria se obtiene un promedio que siempre estará por debajo de los valores pico, de modo que un mes puede considerarse dentro de los estándares aceptables, pese a que pueden haber ocurrido días con altos niveles de contaminación.
Este procedimiento perjudica a las poblaciones y favorece a las empresas que no respetan a los seres humanos ni al ambiente, las cuales se refugian en estos promedios para continuar con su acción contaminadora.
Si a los funcionarios encargados de establecer los valores permisibles les parece normal que existan horas con niveles altísimos, porque se promediarán con días de baja emisión, sería interesante invitarlos a una cámara donde pasen una hora de emanación alta y sientan lo que la población padece. Veremos si les va a seguir pareciendo normal que ocurran esos picos con un aire tan envenenado.
Para evitar estos abusos, un gobierno soberano que respete a su población debería imponer multas, pero ante la reiterada insistencia en contaminar no debería quedar otra salida que el cierre definitivo, opción que el gobierno no quiere considerar, pues los lobbies hacen su trabajo de convencimiento —pago por medio o no— entre los funcionarios.
