Jore Manco Zaconetti
En el siglo XVI un sacerdote español de la Universidad de Salamanca, don Luis de Molina escribía “No es oro y plata lo que llega de Indias, sino sangre y sudor de indios”. Poco de esta realidad ha cambiado en el siglo XXI, en especial con la explotación de la fuerza de trabajo en la pequeña minería, minería artesanal e informal de oro, donde los precios del metal amarillo están volando; ello también se reproduce en la gran minería de cobre donde los salarios no guardan correspondencia con la productividad del trabajo, y los dirigentes de los trabajadores sindicalizados han firmado convenios colectivos con vigencia de cuatro o cinco años, con los precios del cobre con tendencia al incremento.
En verdad, es tal poder de las grandes empresas y grupos económicos, que están articulados a poderosos intereses mineros, que se expresan corporativamente en la “Sociedad de Minería, Petróleo y Energía” y el “Instituto de Ingenieros de Minas”, con fuerte presencia en los medios de comunicación y poder político. Es más, la mayor cantidad de ministros del sector han sido abogados o ingenieros vinculados a las empresas mineras que luego ser responsables del sector, volvían al sector privado en lo que el investigador Paco Durand denominaba las “puertas corredizas”. El actual ministro Jorge Montero Cornejo no es la excepción pues está vinculado al “cogollo minero”.
La importancia de la pequeña minería, minería artesanal, informal e ilegal es tal que explica una producción superior a los 3 millones de onzas de oro de los 6.5 millones de onzas que se exportaron en el 2024 a Suiza, USA, Canadá, Emiratos Árabes, China etc. según informes del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a pesar de los rendimientos decrecientes y agotamiento (depletion) de los yacimientos mineros de Mra. Yanacocha (Newmont) en Cajamarca, y Lagunas Norte de Barrick Gold en la sierra de La Libertad.
Ante precios del oro que superan los US $ 3,360 dólares la onza troy se experimenta una “fiebre enfermiza” en la búsqueda del metal amarillo, donde la sed insaciable por mayores beneficios del capital minero se aprovecha del creciente subempleo y pobreza de los trabajadores que provienen básicamente de la población rural.
Es más, es cada vez más evidente la difusión de la explotación informal e ilegal que compromete a más de 400 mil trabajadores mineros a lo largo del país, desde Cajamarca a Madre de Dios.
También se debe reconocer que las empresas mineras formales de la gran y mediana minería organizan “contratas” donde se deprecia la fuerza de trabajo con salarios miserables, pobre o nula participación en las utilidades para los trabajadores, y que evidentemente no guardan correspondencia con la riqueza creada y el riesgo de la actividad minera. Por ello, investigaciones objetivas e imparciales señalan que aproximadamente el 70 % de la mano de obra minera se desenvuelve mediante contratistas, es decir se terceriza la fuerza de trabajo, y el resto un 30 % corresponden a los llamados contratos indeterminados, con estabilidad laboral, con sindicatos reconocidos, y los beneficios de ley.
Por ello, es cada vez más relevante la presencia de las pequeñas mineras, de la minería artesanal, informal e ilegal que venden su producción a medianas y grandes empresas mediante un mecanismo llamado de “acopio”. Allí se producen unas relaciones asimétricas, desiguales entre los trabajadores productores y las empresas que compran el oro con contenido de plata y que resultan siendo exportadoras sin tener concesiones y producción propia reconocida.
Así, las pequeñas empresas, la minería artesanal e informal proliferan en Puno, Madre de Dios, Ayacucho, La Libertad, Piura, Arequipa donde es nula la fiscalización y supervisión de parte del Estado central y regional gracias al marco legal existente.
En verdad, en el marco de la descentralización regional durante el gobierno cuestionado de Alejandro Toledo, la promoción de las inversiones mineras, la fiscalización y supervisión de la pequeña minería y minería artesanal corresponde a los gobiernos regionales, que tienen una dirección regional sectorial, con una gerencia de Energía y Minas, sin recursos ni personal suficiente a pesar de los importantes montos que se transfieren por canon, regalías y derechos de vigencia mineros.
Por ello, el gobierno central por medio del Ministerio de Energía y Minas, con la Dirección General de Minería (DGM) es solamente responsable de la promoción de las inversiones mineras, la supervisión legal, y fiscalización ambiental que se relacionan con la gran y mediana minería, y con ello se diluye la responsabilidad del Estado central en la crítica situación del sector que está jaqueado por los intereses de las grandes empresas mineras de cobre y oro en especial que retienen concesiones sin explotar, existe una concentración de concesiones declaradas de las grandes empresas y de sus operadores; así grandes empresas diluyen las mismas con empresas de fachada que aparecen como pequeñas mineras, con ello abonan menores pagos correspondientes a los derechos de vigencia y pasan piola en las provincias para superar la oposición de las comunidades campesinas.
De otro lado los miles de trabajadores informales e ilegales que invaden y explotan concesiones de terceros, sin llegar a un acuerdo con los titulares, y si a ello se suma los intereses de las empresas de procesamiento y tratamiento que exportan sobre todo el “metal dorado”, se tiene el menú completo de los intereses cruzados en la llamada minería “informal e ilegal” aurífera, que va más allá del registro temporal minero (REINFO) que seguramente será ampliado hasta diciembre del 2026, para que lo resuelva el próximo gobierno que tendrá una débil representatividad.
CRECIENTES EXPORTACIONES
Si se comparan los ingresos de las exportaciones mineras del I Semestre del 2025 en relación a los ingresos de exportación del I Semestre del 2024, se verifica un notable incremento pasando de los US $ 22,255 millones a US $ 26,062 millones de dólares lo que significa un incremento del 17 %; donde el valor de las exportaciones del oro aumentaron fuertemente pasando de los US$ 6,795 millones en el primer semestre del 2024 a un nivel de US $ 9,600 millones de dólares para el período similar del 2025, lo que representa una variación del 41 % por efecto combinado del aumento de los precios del metal amarillo y de los volúmenes exportados.
En cambio, en el sector cuprífero el incremento de los ingresos de exportación fue más modesto a pesar del aumento de los precios del metal rojo. Así los ingresos transitaron de los US$ 11, 142 millones en el I Semestre del 2024 para ubicarse en los US $ 12,283 millones para el período similar del 2025, explicados por una menor producción cuprífera pese a que los precios del cobre subieron en el período de US $ 3.80 la libra a US $ 4.39 en el I semestre del 2025.
En verdad, si se tiene presente que en la explotación aurífera donde los precios se han disparado, donde en las primeras semanas de agosto están arañando los US $ 3,400 dólares la onza troy, y las empresas productoras y exportadoras están obteniendo ganancias extraordinarias, pues con precios de US $ 900 dólares la onza cubren sus costos; por ello las grandes, medianas y pequeñas empresas cargan a costos conceptos como depreciaciones, amortizaciones de intangibles, deterioro de activos y una serie de costos cuestionables, para inflar los costos reales, con las consecuencias de abonar menores impuestos al fisco y burlar la participación de los trabajadores en las utilidades por distribuir.
Un caso particular de las distorsiones en el sector minero lo constituye el exitoso “Grupo Samaniego Alcántara” que aparece en la formalidad como pequeño minero, y que en el 2024 ha producido casi 97 mil onzas de oro por medio de sus pequeñas mineras Órex y Yanaquihua, operando en la provincia de Condesuyos en Arequipa, donde tiene una serie de unidades mineras en la zona y que utiliza intensivamente la principal fuerza productiva que tiene la región, la fuerza de trabajo de obreros y empleados más la mano de obra de contrata, con una sobrexplotación que se expresa en los bajos salarios y mínima participación en la distribución de utilidades, pues casi siempre se declaran menores utilidades o pérdidas a pesar de los extraordinarios precios del oro.
Por ello, gracias a los altos precios del oro y la plata la rentabilidad de las empresas Mra. Yanacocha, Mra. Poderosa, Mra. Ares, Mra. Horizonte, Mra. Buenaventura entre las principales resulta extraordinaria como también resultan ganadoras los productores informales e ilegales, en una “bonanza mortal” en la explotación aurífera que demanda una política de Estado y multisectorial para enfrentar la creciente “minería ilegal e informal”, que tiene expresiones políticas en los gobiernos regionales, en el financiamiento de los partidos y claro está en el Congreso de la República.
En el caso de la rentabilidad cuprífera sirva de ejemplo la explotación de la Southern Perú Corporation Suc. Perú bajo responsabilidad del Grupo México que opera las unidades de Cuajone (Moquegua), Toquepala (Tacna) cuyos concentrados se refinan en Ilo, obteniendo un producto refinado en la forma de cátodos de cobre y alambrón con un 99.9% de pureza listos para su uso industrial.
Recuerdo por mis investigaciones que con los subproductos obtenidos por el proceso de fundición y refino, se obtenía oro, plata, molibdeno y ácido sulfúrico, y con los ingresos por la venta de estos subproductos se pagaba la planilla de obreros, empleados, funcionarios, gerentes y directorio, incluyendo los US$ 1.5 millones para el presidente del directorio.
Debiera ser evidente que con los precios del cobre por encima de los US $ 4.39 dólares la libra con tendencia al incremento por una serie de razones que hemos expuesto en artículos anteriores, que van desde la transición energética, las energías limpias, la electromovilidad, la creciente demanda de cobre para la industria de armas, todo ello hace prever que los precios del metal rojo estarán en los próximos años al alza, y el Perú no está aprovechando la bonanza de precios pues salvo el proyecto de Mra. Quellaveco (Moquegua) que comprometió inversiones superiores a los US $ 5,500 millones de dólares, entrando en operaciones a fines del 2023, no se verifican proyectos de dicha envergadura.
En resumen, debemos apostar por las mayores inversiones en el sector con la debida responsabilidad social, ambiental, con mejores salarios, y una mayor transparencia en materia fiscal. En tal sentido la minería aurífera “informal e ilegal” debe resolverse con una acción creativa del Estado, como fue el “Plan Reactiva Perú” en el 2020.
Se tiene que formalizar a los productores de oro pero debe haber incentivos, pues más de 2 millones de onzas anuales fugan a los países vecinos descapitalizando, empobreciendo y contaminando al país.
Diario Uno, 23.08.2025
