Raúl Allain

Cada vez que escucho a alguien defender el socialismo con pasión, me viene a la cabeza una mezcla de admiración y cautela. Admiración, porque es difícil no simpatizar con una propuesta que busca reducir desigualdades, garantizar derechos básicos y dar voz a quienes históricamente han sido marginados. Cautela, porque sé —por datos y por experiencia en el análisis de fenómenos sociales— que entre lo que se promete y lo que se logra suele haber un abismo más ancho de lo que se admite en el discurso.

En teoría, el socialismo plantea que el Estado debe ser el gran garante del bienestar común. Es un enfoque que apela a la solidaridad, a la idea de que nadie debe quedar atrás. Sin embargo, en la práctica, esa concentración de poder y responsabilidades termina chocando con algo muy humano: la burocracia, la corrupción, la falta de incentivos para innovar y, a veces, la tendencia a confundir igualdad con uniformidad.

Lo he visto en comunidades donde las ayudas estatales, aunque bien intencionadas, terminan generando dependencia y apagando la iniciativa personal. La lógica es comprensible: si el Estado me asegura lo básico, ¿para qué arriesgarme a emprender o innovar? El problema es que, con el tiempo, esa mentalidad erosiona el tejido productivo y deja a la población más vulnerable a cualquier crisis económica o cambio político.

Recuerdo un barrio popular que conocí durante una investigación sobre políticas sociales. El gobierno había implementado un programa para distribuir alimentos a todas las familias por igual, sin considerar diferencias de ingresos o necesidades específicas. Al principio, la medida fue celebrada: todos recibían su paquete de productos, lo que aliviaba la presión del día a día. Pero un año después, varios pequeños negocios locales habían cerrado porque sus ventas se desplomaron. “¿Para qué voy a comprar si me lo dan?”, me comentó un comerciante, resignado. Lo paradójico es que la medida, pensada para fortalecer a la comunidad, terminó debilitando su economía interna.

Otra tensión central del socialismo está en su relación con la libertad individual. Regular la economía para evitar abusos es razonable; pretender controlarla por completo, no tanto. Cuando el Estado decide qué producir, cuánto y para quién, corre el riesgo de convertirse en árbitro absoluto de la vida económica… y política. En más de un país, la justificación de “proteger al pueblo” ha servido para silenciar a quienes piensan distinto. Y cuando se limita el debate, se empobrece no solo la política, sino también la capacidad de encontrar soluciones reales.

Como sociólogo, me llama la atención cómo el socialismo, pese a sus fracasos documentados, mantiene una fuerza simbólica enorme. Tal vez sea porque encarna una promesa moral: la de una sociedad más justa y solidaria. En contextos de desigualdad extrema, esa promesa tiene un atractivo irresistible. El problema es que la moralidad de una causa no garantiza la eficacia de sus métodos. Y ahí es donde la calle —con su economía informal, su diversidad cultural y su complejidad social— pone a prueba cualquier modelo.

Hay, además, un factor cultural que a menudo se pasa por alto. En sociedades donde el mérito personal y la autonomía son valores muy arraigados, imponer un sistema que premie igual al que se esfuerza y al que no lo hace puede generar frustración. Esa frustración no siempre se expresa en protestas o votos en contra; a veces se traduce en apatía, en “trabajar al mínimo” o en buscar salidas informales que el Estado no puede controlar.

También es cierto que muchas críticas al socialismo vienen de un lugar ideológico opuesto y no siempre son objetivas. El capitalismo, con su capacidad de generar desigualdades brutales, tampoco es una panacea. Pero mientras el capitalismo suele ser criticado por su exceso de libertad económica, el socialismo lo es por lo contrario: por su tendencia a restringirla demasiado. En ambos casos, los extremos son problemáticos.

En varias encuestas recientes en América Latina, la población expresa un deseo contradictorio: quiere un Estado fuerte que garantice derechos, pero al mismo tiempo quiere más libertad para decidir cómo y dónde trabajar, emprender o invertir. Esa tensión muestra que la gente no busca un dogma, sino un equilibrio. El problema es que el socialismo, como se ha aplicado en muchos casos, no ha sabido ofrecer ese balance.

El socialismo ha dejado legados valiosos en derechos laborales, acceso a educación y salud. Son logros que no deberían perderse. Sin embargo, también ha demostrado que la justicia social no se construye solo desde arriba, con decretos y planes centralizados. Necesita la participación activa de la sociedad, la creatividad de la gente y un margen de libertad que incentive a aportar más de lo que se recibe.

Quizá el gran error de quienes defienden el socialismo sin matices es olvidar que las personas no somos engranajes idénticos de una máquina colectiva. Somos individuos con motivaciones, talentos y aspiraciones distintas. Y si un sistema no sabe canalizar esa diversidad, termina asfixiándola. La utopía se mantiene en los discursos; las grietas, en la vida diaria. Y la calle, con su crudeza, siempre se encarga de recordarlo.

(*) Escritor, sociólogo y analista político. Consultor Internacional en Derechos Humanos para la Asociación de Víctimas de Acoso Organizado y Tortura Electrónica (VIACTEC).

Herbert Mujica Rojas

No preocupa el ruido del mal; sino el grito del silencio del bien.”
Edmundo Burke

El capitán de Ingeniería EP, José Robles Montoya, expresa vibrantes conceptos de protesta ante el vilipendio de la ley de “amnistía” para muchos réprobos y violadores de los derechos humanos. Leamos su arenga a la conciencia.

“Se promulgó, en menos de 25 años, una segunda ley de amnistía para aquellas personas que cometieron acciones contra los DDHH donde siempre los beneficiarios son los menos pero producen su efecto en los más que sí actuaron correctamente.

Esta ley y sobre todo, sus promotores y firmantes, busca el olvido de denigrantes actos que cometieron contra propios ciudadanos, so pretexto, igual que en el 95, de buscar la unidad nacional.

En el 95, para buscar la reelección; ahora, para fines misteriosos e inconfesables.

Pero en ambos, casos lo claro es que fue una errónea decisión política y fácil de predecir el futuro para los responsables directos de esta infamia; los mandones que siempre piensan que el Poder lo puede todo y los conversos que, por algunas razones creen que el juicio de la historia no los alcanzará.

Esta ley deshonra a aquellos miles de soldados que sí combatieron al enemigo terrorista (peor aún, a aquellos que ofrendaron su vida) de la manera cómo se nos enseña en las escuelas de formación militar, con valores y con honor para defender a nuestros compatriotas y jamás comportándonos como los delincuentes, a los cuales se combatió.

Esta ley (y sus promotores) quiere que nos olvidemos que incluso para una guerra con enemigos externos, existen códigos y normas en virtud que el uniforme representa honor y valentía, como nos lo enseñó el insigne Miguel Grau Seminario, gran Almirante del Perú, peruano del milenio y precursor de la defensa de los DDHH y de la vida incluso de nuestros enemigos, por encima de los intereses operacionales, como ocurrió aquel 21-5-1879 durante el hundimiento de la Esmeralda en el Combate naval de Iquique.

Esta ley quiere que nos olvidemos que representamos la reserva moral de la Nación; que el uniforme representa el compendio de los valores y principios. Y quien lo viste, tiene el deber de honrarlo y de defender a los más necesitados.

Quiere, el malhadado instrumento jurídico, que nos olvidemos que, como decía Calderón de la Barca, representamos «una religión de hombres honrados».

Quiere que nos olvidemos de nuestra gloriosa historia, porque siempre se nos enseñó a proteger y defender a nuestros compatriotas; no a asesinarlos.Quiere, por sus intereses, nos mezclemos con la aberración de sus conciencias sucias

Toda culpa individual no sancionada adecuadamente, se corporativiza y afecta señaladamente a la institución, porque nos mezcla, nos confunde, nos embarra del lodo del deshonor.

La gran mayoría de militares que venció a la delincuencia terrorista, actuó con honor y no merecen ser revueltos con el lodo de la babarie que significa la violación de los derechos humanos de nuestros compatriotas; más aún cuando existen víctimas militares de esa tragedia y que en esa época no fueron reconocidos y aún no lo son. Craso e imperdonable error de la Comisión de la Verdad.

Lo peor de las leyes de amnistía, en un mundo civilizado y humano, es que confunde en una sola bolsa, la paja con el trigo; hace del honor y el deshonor de una actuación lo mismo; hace que las enseñanzas recibidas (valores y principios) se conviertan en un verdadero cambalache y nos hace ver, injustamente, a la gran mayoría de soldados que combatieron y vencieron con honor al delincuente terrorista, como iguales a quienes decidimos combatir; es decir, igual a los procedimientos de los delincuentes terroristas.

Para los terroristas el repudio eterno; a los militares que combatieron con honor, la gloria eterna y el reconocimiento eterno de nuestra sociedad.

A los delincuentes terroristas les tocó y toca la cárcel (ojalá la cadena perpetua) pero eso no implica combatir el mal con el mal.

Eso sí, debemos tener presente que justicia que tarda en llegar, no es justicia sino venganza y es algo que debimos ver en su momento (no podemos permitir tampoco que existan juicios eternos), y debemos ver ahora, para evitar llegar a la división social que esta ley está provocando.

Finalmente decir a nuestros compatriotas que el glorioso Ejército del Perú es el Ejército de Bolognesi, Cáceres, Rojas García y muchos héroes anónimos que ofrendaron sus vidas por nosotros; y nunca jamás, el ejército del criminal Grupo Colina, sicarios asesinos, ni de Montesinos, traidor declarado de la Patria, que junto a adláteres políticos e institucionales, corrompieron (y corrompen) a nuestra institución militar y las gloriosas y honorables fuerzas armadas, jamás rendidas

18.08.2025

hcmujica@gmail.com