La salud, de derecho de todos a beneficio de algunos
Por Xavier Caño (*)
Desde ciertos gobiernos abundan los esfuerzos continuados para desmantelar los sistemas públicos de salud. El totalitarismo neoliberal destapa impúdicamente su voluntad de privatizarlos. Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, tiene prevista una “reforma” del sistema hospitalario, que consistirá en recortar servicios y prestaciones. Y en España, en las regiones gobernadas por el Partido Popular, se han producido los ataques más feroces contra la Sanidad Pública con premeditación y alevosía. La táctica es sencilla: desprestigiar el sistema público de salud (por sus evidentes fallos hoy), aunque los principales responsables del deterioro son los mismos neoliberales que han impuesto formas de “gestión empresarial”, que buscan ahorrar como principal objetivo y recortan servicios y medios. Resultado: disminución de la calidad de la atención sanitaria.
Las Urgencias de ocho nuevos hospitales de la región de Madrid están en estado crítico, denuncia la Coordinadora contra la privatización de la Sanidad Pública, y aportan la prueba de que faltan pediatras, ginecólogos y traumatólogos. Tales especialistas no estarán en el servicio de Urgencias, pero sí localizables por teléfono. Una irresponsable novedad. Algún hospital carece incluso de traumatólogos de Urgencias, lo que da idea de la mala fe de los gestores del centro, pues la mayor parte de urgencias suelen ser de traumatología. Más aún, la obsesión del Gobierno neoliberal regional del Partido Popular por incrementar el papel del sector privado en la sanidad ha aumentado de forma considerable los conciertos con centros privados. Si en 2006 se gastaron 174 millones de euros en ese capítulo, en 2008 ya son 274 millones; dinero sustraído de las asignaciones a hospitales públicos. Así matan dos pájaros de un tiro: benefician a empresas privadas y desprestigian la sanidad pública, que se deteriora por no disponer de medios suficientes.
Y aún más. En dicha región de Madrid, se han construido esos ocho hospitales citados con financiación privada. Enorme encarecimiento en la construcción y posterior gestión. Los hospitales se han inaugurado oficialmente con profusión de cámaras de televisión, pero hoy están prácticamente sin actividad y carecen de microbiólogos, analistas clínicos, bioquímicos, inmunólogos y genetistas. Como los centros públicos carecen de laboratorios, elementales para hacer analíticas complejas, hay que recurrir a centros privados para hacer analíticas complejas
La maniobra se completa con la masificación evidente, largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, y también para consultas de especialistas y pruebas diagnósticas. Pero nada es inocente ni gratuito, porque se busca el descrédito de la Sanidad Pública, primer paso para conseguir apoyo ciudadano a su privatización. Pero no sólo es un problema de la región de Madrid. Privatizar centros hospitalarios públicos, entregándolos a gestión privada, pero financiando con dinero público, ya se ha ensayado en Reino Unido. Desastrosamente. Los británicos han conseguido encarecer cuatro o cinco veces la construcción y puesta en marcha de nuevos hospitales.
Tal presunta fórmula mixta ‘gestión privada-dinero público’ ha incrementado la burocracia y ha causado deficiencias importantes en la atención a los pacientes, más un encarecimiento de costes. Lo ha denunciado la Organización Mundial de la Salud, que debe saber de qué habla y tener algo que decir al respecto.
Quienes perderán con la privatización de la sanidad pública, si por desgracia prospera, serán los ciudadanos, porque la atención sanitaria empeorará ostensiblemente. Es sencillo, una simple cuestión aritmética. Los modelos privatizados tienen costes muy superiores, porque a los costes del cuidado de la salud, ya elevados de por sí, hay que añadir los beneficios de quienes quieren sacar tajada, que están tras toda la estrategia privatizadora de la atención a la salud. En EEUU, por ejemplo, 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria, pero es el país del mundo con mayor gasto sanitario.
Si no se remedia, los ciudadanos se verán obligados a pagar para ser atendidos, y los más pobres y enfermos se verán excluidos de los sistemas sanitarios. No por capricho del destino sino por una estrategia en marcha, neoliberal por supuesto, para conseguir que la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos (como señalan los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) y pase a ser negocio muy rentable de unos pocos. El resto, a la beneficencia.Retrocedemos hacia el siglo XIX, hacia la barbarie.
(*) Escritor y periodista
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