Por su danza en los correteos de los ladrones de Odebrecht, la Procuraduría ad hoc denunció a Graña y Montero, que debería llamars “Graña y Coimero”, y otras empresas que estaban muy contentas con el hedor de esos podridos “negocios”.
Se acusa a estas empresas del presunto delito de colusión en agravio del Estado, actos ilícitos en los que habrían participado José Alejandro Graña Miró Quesada (de Graña y Montero); Fernando Camet Piccone (de JJC Contratistas Generales); y Fernando Castillo Dibós (de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales), según un comunicado oficial.
En esta denuncia se señala el pago de coimas de Odebrecht a funcionarios públicos para que el consorcio Concesionaria Interoceánica Sur – Tramo 2 S.A. y Tramo 3 S.A. sea beneficiado irregularmente con la obra.
En este consorcio participan la Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles Contratistas Generales.
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