El Poder Judicial incluyó al partido político Renovación Popular como sujeto activo imputado en la investigación que realiza el Ministerio Público contra varias personas por el presunto delito de asociación para delinquir agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht, por hechos ocurridos cuando dicha agrupación era denominada Solidaridad Nacional.
José Luna Gálvez, uno de los investigados
A cargo del caso se encuentra la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que declaró infundada la apelación del partido Renovación Popular contra una resolución dictada en primera instancia por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Dicha sala indica que en la resolución previa no se advierte alguna vulneración a los derechos procesales del partido político ni una incorrecta aplicación de las normas que regulan la incorporación de personas jurídicas al proceso penal.
Para el Ministerio Público (MP), el partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) habría utilizado la estructura de su organización para facilitar y favorecer delitos de lavado de activos, dinero, canalizado para hacerlo parecer legal mediante su ingreso como aportes de campaña en 2011 y 2014.
El documento precisa que para la campaña presidencial de 2011, el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, habría entregado 200,000 dólares a Luis Castañeda Lossio y Jorge Luis Zegarra, dinero que ingresó al partido como si fuese aporte.
En la campaña municipal de 2014, Luis Castañeda Lossio y Martín Bustamante castro habrían recibido de Odebrecht 200,000 dólares, mientras que de parte de OAS un total de 480,000 dólares, que fueron procesados con la misma modalidad, supuestos aportes.
Como se sabe, estos aportes exorbitantes a partidos políticos funcionan como precoimas, es decir, si salen electos congresistas o un Presidente, entonces la empresa que sobornó por adelantado cobra por su “ayuda” obteniendo contratos con cláusulas de saqueo en perjuicio del Perú. Otra modalidad es permitirles ganar una licitación con menor costo frente a los competidores, para después permitirles el saqueo posterior mediante adendas delincuenciales.
La resolución señala que cuando un delito se comete usando una persona jurídica, esta es pasible de medidas de carácter penal y su incorporación no afecta su derecho de defensa y puede ejercer plenamente sus derechos procesales mientras dure la investigación.
Entre los investigados por el MP se señala al congresista José Luna Gálvez, Martín Bustamante Castro, Jorge Zegarra Lévano, Julo Torres Romero y otros, por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales de su primer partido político, Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular) en 2011 y 2014.
Luna afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actúa partido político Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
