Comercio sí, dominación no.
Existe ya un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) con Chile y también uno de Protección de Inversiones. No es conveniente por ahora avanzar más.
Primeramente porque hay temas pendientes con Chile que son muy importantes, forman parte del conjunto de la relación bilateral y no deben ir por "cuerda separada". En efecto, la negativa de Chile a reconocer los verdaderos límites marítimos con el Perú, su visible carrera armamentista, su permanente vulneración de nuestros derechos de propiedad intelectual son cuestiones que al afectar nuestra soberanía nos perjudica desgajarlos de la problemática general; derivarlos a un carril distinto debilita la posición de negociación peruana en contenciosos no resueltos.
Primeramente porque hay temas pendientes con Chile que son muy importantes, forman parte del conjunto de la relación bilateral y no deben ir por "cuerda separada". En efecto, la negativa de Chile a reconocer los verdaderos límites marítimos con el Perú, su visible carrera armamentista, su permanente vulneración de nuestros derechos de propiedad intelectual son cuestiones que al afectar nuestra soberanía nos perjudica desgajarlos de la problemática general; derivarlos a un carril distinto debilita la posición de negociación peruana en contenciosos no resueltos.
En segundo lugar, porque el denominado Acuerdo de Libre Comercio es desventajoso para el Perú, dado que impulsará y fortalecerá privilegiadamente la inversión chilena al darle nuevas concesiones en los temas que a Chile le interesan (inversiones, servicios, solución de controversias) otorgándole un blindaje protector y un estatus especial que no permitirá a la Autoridad del Estado aplicar regularmente nuestras leyes generales, impidiendo que podamos decidir libremente políticas económicas internas en función de lo que es más conveniente para el país.
Considerando que hoy en día la inversión chilena en el Perú es doscientas veces mayor que la peruana en Chile (5,000 millones contra 25 millones), el Acuerdo va a ocasionar que esta diferencia se acreciente con las consiguientes implicancias de sobreinfluencia de una nación vecina respecto de la economía peruana. Téngase en cuenta además, que si bien últimamente la balanza comercial nos favorece, ello se debe a las exportaciones peruanas de molibdeno, debiendo recordar que nosotros exportamos a Chile materias primas o bienes sin valor agregado, mientras que Chile nos vende mayoritariamente bienes con valor agregado.
En consecuencia, aun cuando el acuerdo mencione teóricamente las posibilidades de reciprocidad, éstas no son reales ni efectivas, porque los peruanos no tenemos capacidad económica para eliminar, o atenuar siquiera, la inconveniente y abismal desventaja existente.
La inversión chilena en el Perú abarca transporte aéreo, transporte marítimo interior y exterior, un banco y otro en curso, farmacias, conglomerados comerciales, distribución de hidrocarburos y han ingresado en la compra de tierras agrícolas. El acuerdo transfronterizo que el Acuerdo también promueve sólo favorecerá la proliferación de profesionales chilenos que ya laboran en contrataciones de obras nacionales.
La historia del Perú demuestra que nuestra relación con Chile ha tenido períodos de extrema gravedad, cuyo recuerdo nos obliga a actuar con cautela, como quedó nuevamente demostrado hace solamente poco más de un año, con el episodio difundido desde Ecuador sobre la venta de armas de Chile a ese país durante la guerra del Cenepa.
De otro lado y no por ello menos importante, debemos lamentar que el Acuerdo se haya suscrito sin que el país lo conozca primero, para poder debatirlo, pues se publicó recién al día siguiente de ser firmado.
Más aún, el Acuerdo no es un tratado internacional ejecutivo, por cuanto para su ejecución requerirá modificación o derogación de leyes y/o medidas legislativas (art.º 56 de la Constitución). Por tanto, el Congreso debe recomendar que el Acuerdo quede sin efecto, tal como obliga el art.º 92 del Reglamento del Congreso.
Inclusive resulta inaceptable que el Gobierno no se haya percatado que al exceder los alcances de los ACE de ALADI, debió el texto pasar previamente por el Congreso, pues es automáticamente un Tratado de Libre Comercio, al igual que aquel suscrito con Estados Unidos, que sí pasó por el Congreso. Los chilenos también lo someterán a la aprobación de su Congreso previamente y no después de ser firmado.
La integración económica entre los países y el proceso mundial de la globalización no son fenómenos que tienen que aceptarse tal como se presentan los desarrollos externos, renunciando los Estados a cualquier capacidad de orientación o control. Los intereses de las naciones, aun entre vecinas, muchas veces no coinciden y es obligación de sus dirigencias políticas proteger los propios para evitar que se extinga la capacidad decisoria del Estado, su autonomía vital y, con ello, la Nación misma.
Otto Bottger
Jorge Brousset
Alan Fairlie
Javier Diez Canseco
Carlos "Chino" Domínguez
Carlos Ferrero
Pedro Francke
Eduardo Gómez de la Torre
César Hildebrandt
Baldo Kresalja
Daniel Mora Zevallos
Julio Abel Raygada
Juan Sheput
Fernando Yovera, siguen firmas
Para adherirse a este pronunciamiento escribir a:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Considerando que hoy en día la inversión chilena en el Perú es doscientas veces mayor que la peruana en Chile (5,000 millones contra 25 millones), el Acuerdo va a ocasionar que esta diferencia se acreciente con las consiguientes implicancias de sobreinfluencia de una nación vecina respecto de la economía peruana. Téngase en cuenta además, que si bien últimamente la balanza comercial nos favorece, ello se debe a las exportaciones peruanas de molibdeno, debiendo recordar que nosotros exportamos a Chile materias primas o bienes sin valor agregado, mientras que Chile nos vende mayoritariamente bienes con valor agregado.
En consecuencia, aun cuando el acuerdo mencione teóricamente las posibilidades de reciprocidad, éstas no son reales ni efectivas, porque los peruanos no tenemos capacidad económica para eliminar, o atenuar siquiera, la inconveniente y abismal desventaja existente.
La inversión chilena en el Perú abarca transporte aéreo, transporte marítimo interior y exterior, un banco y otro en curso, farmacias, conglomerados comerciales, distribución de hidrocarburos y han ingresado en la compra de tierras agrícolas. El acuerdo transfronterizo que el Acuerdo también promueve sólo favorecerá la proliferación de profesionales chilenos que ya laboran en contrataciones de obras nacionales.
La historia del Perú demuestra que nuestra relación con Chile ha tenido períodos de extrema gravedad, cuyo recuerdo nos obliga a actuar con cautela, como quedó nuevamente demostrado hace solamente poco más de un año, con el episodio difundido desde Ecuador sobre la venta de armas de Chile a ese país durante la guerra del Cenepa.
De otro lado y no por ello menos importante, debemos lamentar que el Acuerdo se haya suscrito sin que el país lo conozca primero, para poder debatirlo, pues se publicó recién al día siguiente de ser firmado.
Más aún, el Acuerdo no es un tratado internacional ejecutivo, por cuanto para su ejecución requerirá modificación o derogación de leyes y/o medidas legislativas (art.º 56 de la Constitución). Por tanto, el Congreso debe recomendar que el Acuerdo quede sin efecto, tal como obliga el art.º 92 del Reglamento del Congreso.
Inclusive resulta inaceptable que el Gobierno no se haya percatado que al exceder los alcances de los ACE de ALADI, debió el texto pasar previamente por el Congreso, pues es automáticamente un Tratado de Libre Comercio, al igual que aquel suscrito con Estados Unidos, que sí pasó por el Congreso. Los chilenos también lo someterán a la aprobación de su Congreso previamente y no después de ser firmado.
La integración económica entre los países y el proceso mundial de la globalización no son fenómenos que tienen que aceptarse tal como se presentan los desarrollos externos, renunciando los Estados a cualquier capacidad de orientación o control. Los intereses de las naciones, aun entre vecinas, muchas veces no coinciden y es obligación de sus dirigencias políticas proteger los propios para evitar que se extinga la capacidad decisoria del Estado, su autonomía vital y, con ello, la Nación misma.
Otto Bottger
Jorge Brousset
Alan Fairlie
Javier Diez Canseco
Carlos "Chino" Domínguez
Carlos Ferrero
Pedro Francke
Eduardo Gómez de la Torre
César Hildebrandt
Baldo Kresalja
Daniel Mora Zevallos
Julio Abel Raygada
Juan Sheput
Fernando Yovera, siguen firmas
Para adherirse a este pronunciamiento escribir a:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
