Contralor Shack hizo anuncio ante Comisión de Fiscalización del Congreso. Al año, el Estado gasta más de S/ 16 mil millones en consultorías, de los cuales S/ 3200 millones son del Ejecutivo, informó.

La Contraloría General de la República inició la semana pasada un servicio de recopilación y evaluación de la información consignada en las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas presentados por la Presidenta de la República en el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2024, anunció el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

 

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La Fiscalía de la Nación repuso al fiscal Rafael Vela Barba en los cargos de coordinador del Equipo Especial Lava Jato y de las Fiscalías de Lavado de Activos, en atención a la medida cautelar que le fue concedida por la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) contra la suspensión que lo separó de sus cargos en el Ministerio Público desde octubre de 2023. Entonces Vela culpó a la hoy suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides por dicha sanción.

 

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La Comisión Permanente del Congreso de la República, aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 290 en contra del expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, que recomienda su inhabilitación por 10 años del ejercicio de la función pública, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política.

 

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) notificó a Inés Tello y Aldo Vásquez su cumplimiento del mandato judicial que ordena que ambos sean repuestos en sus cargos, de los cuales habían sido destituidos por el Congreso de la República, que los inhabilitó.

 

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Dicho organismo resolvió suspender sus resoluciones previas que declaraban la vacancia de los cargos de Inés Tello y Aldo Vásquez, esto, debido a la orden judicial que ordenó la reposición inmediata de dichos magistrados.

La resolución de la JNJ indica que se informa de este documento a la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima y al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en su calidad de presidente de la Comisión Especial a cargo del nombramiento de los integrantes de la JNJ. Así como también a Abraham Siles, quien iba a jurar hoy en el cargo de miembro.

Asegura El Comercio

Depósitos de más de un millón de soles figuran en las cuentas bancarias de la presidente Dina Boluarte durante seis años, de 2016 a 2022, periodo en el cual la ahora mandataria fue funcionaria de Reniec (2016), candidata a la alcaldía de Surquillo (2018), a la vicepresidencia de la República (2021) y ministra de Inclusión en el gabinete de Pedro Castillo, según publica El Comercio a partir de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

 

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Esta semana han emergido noticias más claras del problema surgido entre los comuneros de Lucanas con la empresa italiana Loro Piana, que adquiere lana de vicuña que le venden los comuneros, que habitan extensas punas en que está la reserva de Pampa Galeras, establecida para proteger a la vicuña de cazadores furtivos que la habían llevado casi al borde de la extinción.

 

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La Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) del Poder Judicial (PJ), a través de la Primera Sala Superior Constitucional de Lima, Lima declaró fundada la solicitud de medida cautelar presentada por Aldo Alejandro Vásquez Ríos y Luz Inés Tello de Ñecco, y dispusieron la suspensión provisional de la sanción de inhabilitación en el cargo público por 10 años en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que les había impuesto el Congreso de la República el 8 de este mes de marzo.

 

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El Perú es declarado “responsable” de violar derechos ambientales, a la vida y a la salud de habitantes de La Oroya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó hoy la sentencia sobre el caso de afectación a la población de La Oroya por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya, donde determina que el Estado peruano es responsable de vulnerar los derechos “al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida digna, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y la protección judicial” de 80 habitantes de La Oroya, en la provincia de Yauli, región Junín.

 

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