Por Alfredo Palacios Dongo
El pasado día 19 el representante comercial de EE UU, Robert Lighthizer, (quien asumió el cargo el 15 de mayo pasado) sancionó a la empresa peruana La Oroza que opera en Loreto, Maynas, disponiendo, en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE UU (capítulo 18-medio ambiente, anexo 18.3.4-manejo del sector forestal) que la Aduana y Protección Fronteriza de su país bloquee las importaciones de madera de dicha empresa. En este caso, el Comité de Madera de EE UU solicitó al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales del Perú (Osinfor) que verifique si la empresa La Oroza había cumplido las leyes y normas que rigen en nuestro país sobre extracción y comercio de madera exportada a EE UU, determinando que gran parte del envío incumplía los requisitos legales.
Anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques
Tenemos una nueva Ley Forestal 29763 y sus 4 reglamentos promulgados en setiembre 2015, además comisión multisectorial, estrategia nacional de lucha contra la tala y comercialización ilegal de madera, Osinfor, Sinafor, y hasta altos comisionados contra la tala ilegal, sin embargo, anualmente perdemos 160,000 hectáreas de bosques y estamos muy lejos de combatir eficazmente la tala y comercio ilegal. La tala ilegal continúa imparable, taladores ilegales operan con impunidad por falta de presencia del Estado, según Osinfor, de 4,420 inspecciones realizadas entre 2009-2016 sobre extracción de madera de zonas autorizadas, el 80% presentó irregularidades. Respecto al comercio ilegal, existen empresas con madera ilegal en su cadena de suministro, asimismo, denuncias sobre exportaciones ilegales utilizando documentos oficiales otorgados por autoridades forestales; en noviembre 2015 se inmovilizaron en el puerto de Iquitos 1,312 m3 de madera de origen ilegal valorizado en S/1.6 millones. Según el Banco Mundial, 80% de madera exportada desde nuestro país proviene de tala ilegal.
Bajo este panorama, el comercio relacionado con la tala ilegal, incluido su tráfico, socavan el comercio de productos legales, reducen el valor económico de los recursos naturales y debilitan su conservación y manejo sostenible. Debemos mejorar el sistema de prevención de tala ilegal con permanentes y eficientes inspecciones y supervisiones especialmente en la selva central; controlar adecuadamente las concesiones, constancias de posesión, titulaciones y uso de cambio de suelo; investigar y fiscalizar con mayor énfasis el mercado negro de madera; incentivar la reforestación de árboles maderables aclarando los procesos para registrarlos; y aplicar con mayor rigurosidad medidas anticorrupción para funcionarios que atenten contra la administración y control de recursos forestales.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario Expreso, 28-10-2017
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