Manuel Dammert Ego Aguirre
Escribo desde Piura. Es un día de grandes contrastes nacionales. El Perú se encuentra entre la oportunidad y desafío de desarrollo nacional equitativo y descentralizado, y las amenazas de regímenes de semiesclavitud laboral para los jóvenes que pretende imponer en la nación la precariedad laboral y social general.
El lunes 15 participé en la Audiencia Pública sobre Desarrollo Regional. En ese día histórico, los Alcaldes electos de las provincias de Talara, José Bolo Bancayán; de Sechura, Armando Arévalo; y el Teniente Alcalde de Paita, José Rumiche, acordaron formar la Mancomunidad Municipal Litoral Marino Costera de Piura. Este es un paso histórico en la descentralización nacional y en el desarrollo de Piura y el Norte. Pero este mismo día el Poder Ejecutivo, pese a las protestas nacionales, promulga la inconstitucional ley de régimen laboral contra los jóvenes y el empleo digno.
En los debates en el Congreso sobre el régimen laboral juvenil, he señalado tres aspectos cruciales de esta política nefasta a la nación y a los derechos sociales. El régimen juvenil impuesto, es uno de semiesclavitud laboral para los jóvenes, que anula y recorta derechos básicos. Sin pago de compensación de tiempo de servicios, sin gratificaciones de julio y diciembre, no tienen asignación familiar, sin seguro por riesgo y sin pago de utilidades. Se les recorta a la mitad las vacaciones. Y se rompe la sindicalización y el régimen tripartito que reconoce la OIT, para dejar al mercado salvaje la relación trabajador/empleador.
En segundo lugar, es una crucial política laboral impuesta para acrecentar la política del cholo barato y vida social precaria, como fuente principal de acumulación de un capitalismo lobista (ver ampliación en mi libro “Perú Integral Bicentenario”, 2014).
Imponen la extrema precariedad del trabajo, ¡hasta PPK ha saltado a plantear se amplíe hasta los de 30 años! En todas las empresas, el 25 % de jóvenes bajo semiesclavitud, complementará los autorizados ceses colectivos, la precarización existente y las generalizaciones de los regímenes de Mypes y subcontratación en todas las empresas del país. Destruye el régimen laboral tripartito y el rol tuitivo del Estado, anulando el trabajo como fuente de vida social y dignidad humana, para reducirlo a una mercancía descartable.
En tercer lugar, afecta el principal recurso que ahora tiene el Perú: una población de mayoría juvenil en edad de trabajar, cuyo apoyo y promoción es decisivo para elevar rápidamente la productividad, la diversificación nacional y la mejora de la vida de la propia sociedad. No hacerlo ahora, es bloquear el desarrollo de las próximas décadas del Perú.
Esta oportunidad histórica, con los jóvenes, requiere programas del Estado de crédito preferencial a las Mypes y emprendimientos juveniles; asistencia técnica para diversificación productiva; bonos y préstamos para innovaciones productivas y trabajo juvenil en las escuelas técnicas, universidades y dependencias públicas; elevación del Sueldo Mínimo Vital afirmándolo como principal mecanismo de redistribución social; plena vigencia de los derechos sociales y empleo digno.
Diario Uno, 16.12.2014
