Miguel Ángel Rodríguez Mackay*
La pretensión histórica del pueblo boliviano es alcanzar su legítima salida al mar. No hay gobierno ni presidente en La Paz que no exponga donde se encuentre este asunto. Evo Morales, otorgándole toda la connotación de asunto de Estado, acaba de presentar personalmente ante la Corte Internacional de Justicia la memoria de su país en la cual desarrollan in extenso los argumentos que fundamentan su demanda contra Chile. Recordemos que La Paz había perdido de facto frente a Chile por la Guerra del Pacífico la región de Atacama en una ancha franja costera de cuatrocientos kilómetros y con un extenso territorio litoral de algo más de 150,000 km2. Así, pues, había quedado encerrada en los Andes, y luego de la firma con Chile del Tratado de Paz, Amistad y Comercio en 1904, Bolivia se convirtió de iure en un Estado enteramente mediterráneo.
Pero ¿qué es lo que realmente ha requerido Bolivia de la Corte en su demanda y que ahora ha desarrollado en su memoria?, pues que la Corte emita un fallo obligando a Chile a sentarse en una mesa a negociar una salida al mar. No le ha pedido a la Corte, entonces, que decida una salida al mar para Bolivia, que no es lo mismo.
El argumento boliviano es interesante porque lejos de pedirle a la Corte —como esperaba Santiago— que declare nulo el tratado de 1904 —lo que hubiera sido complicado y complejo para La Paz sustentar jurídicamente dada la existencia de un clarísimo pacta sunt servanda, es decir, de un reconocimiento recíproco por ambos países de que lo firmado debe ser cumplido—, lo que Bolivia le ha dicho a la Corte es que Chile no ha cumplido su promesa de negociar una salida soberana al océano Pacífico y que según La Paz dicha promesa está expresada en diversos documentos jurídicos y declaraciones políticas de los presidentes y cancilleres chilenos a lo largo de más de cien años.
Bolivia, entonces, le ha dado la vuelta a la torta sorprendiendo a Chile porque ha construido una argumentación jurídicamente lógica pues le está diciendo a la Corte que La Moneda, al no querer tener la más mínima real intención de abordar seria y decididamente el problema de su mediterraneidad, ha conseguido que el referido tratado de 1904 se haya desnaturalizado en su esencia, pues fue firmado en la promesa de la ansiada negociación que nunca se llegó a realizar. Bolivia ha desarrollado en su memoria el injusto histórico-jurídico a partir de que sus actos estuvieron fundados en la buena fe que está ausente en Chile que lo ha ilusionado sistemáticamente (la nota chilena de 1950, el pacto de Charaña de 1975, la agenda de los 13 puntos de 2010) y entonces le ha desnudado a los jueces de La Haya la inconducta chilena por generar en el otro firmante la falsa expectativa de cederle, como lo prometió, una salida al mar.
La convicción de La Paz es que la estrategia chilena de encantar para luego desencantar ha consumado la referida inconducta y configurado el referido injusto, algo que es lo primero que la Corte siempre quiere identificar en los casos que le presentan los Estados, como sucedió con la causa peruana —aunque totalmente distinta en su forma y en su fondo— contra Chile en La Haya.
Será difícil para Chile sostener la incompetencia de la Corte porque el argumento boliviano se sustancia jurídicamente después de 1948 en que se firma el Pacto de Bogotá y, entonces, tendrá que preparar su contramemoria. Este será un nuevo reto para Chile, que ha sido impactado por el derecho internacional con dos litigios en menos de una década.
* Internacionalista.
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