por Herbert Mujica Rojas
Torre Tagle, con la fineza a que tiene acostumbrado al país y para no levantar mucho comentario habría, de repente con licitación probable, comisionado a la Cámara de Comercio de Lima y por la hermosa suma de US$ U$S 397,820.16 anuales, para legalizar las firmas de los funcionarios diplomáticos en documentos de rendición de cuentas en embajadas y consulados urbi et orbi. Hasta ahora, la rúbrica de cónsules y embajadores, era el requisito normal, valía per se porque el pueblo paga a estos empleados para ese cometido. Como Cancillería, signo de la modernización, desconfía de sus propios subordinados, incurre en el jugoso obsequio de cuyo detalle, in extenso, está obligado Relaciones Exteriores a dar cuenta ante la opinión pública del país. Lo antes posible.
Aparentemente, los vientos renovadores en Torre Tagle, implican que un tercero, ajeno a la naturaleza misma del quehacer diplomático, la Cámara de Comercio de Lima (¿qué sabe el burro de alfajores?), ahora tendrá la responsabilidad de legalizar toda la documentación y la firma de sus responsables. En buen romance, los cónsules y embajadores, han sufrido una devaluación de imagen y de sus funciones contempladas en sus mismas leyes y reglamentos orgánicos.
Lo grave del asunto es que por cada embajada o consulado el ministerio de Relaciones Exteriores deberá pagar a la Cámara de Comercio de Lima, sumas mensuales que, en 16 casos en que sólo se registra una firma, la cantidad de U$S 147.56, mientras que, en 123 casos (en que se registran dos firmas), asciende a U$S 295 mensuales. La suma total es de U$S 33,151.68. Es decir, un dispendio anual de U$S 397,820.16 de los fondos del Estado que provee el pueblo vía sus impuestos, para que unos terceros hagan lo que antes los diplomáticos hacían y por los que ¡también se les pagaba! En castellano mondo y lirondo, el dinosaurio encerrado tiene que ser denunciado sotto voce.
Es cierto que el espíritu de cuerpo reinante desde hace decenios en Cancillería ha tapado escándalos y robos graves en múltiples consulados. Hay "enfermedades graves" que cohonestaron exacciones del dinero del pueblo y nunca se ha engrilletado, degradado y azotado públicamente a sus fautores sólo por el hecho de ser miembros del intocable Servicio Diplomático. Esta aberración necesita corregirse. Sin embargo, ahora, merced a los nuevos tiempos, la firma diplomática no vale si carece de la legalización por la cual cobra muy bien la Cámara de Comercio de Lima. Cancillería dice al país que sus funcionarios necesitan una chaperona, la CCL, a la que se paga muy bien en doble e injustificado gasto. ¡Aberración ostensible y falta de respeto por los funcionarios, gran parte de ellos honestos y sacrificados!
Lo acontecido es incongruente con la política inicial de ahorro del actual gobierno, que cerró varias embajadas (ahora ha reabierto, sin explicacción alguna, la del Perú ante UNESCO) y constituye un despilfarro, de repente, con nombres y apellidos.
Se presentan además temas de especulación harto espinosos: ¿bastará la legalización de profanos, ignorantes muy mucho del quehacer consular, expertos más bien en comercio, para dar visto bueno a las rendiciones de cuentas de consulados y embajadas? ¿qué tal si se convierte aquello en un campo de Agramante de rencillas personales por quítame estas pajas? Además, empezamos a darnos cuenta que la Contraloría General de la República, también pasa a ser un adorno que ¡también le cuesta al pueblo peruano!
¿Es esa la nueva austeridad que los novísimos tiempos del canciller Joselo García Belaunde, traen para la institución y beneficio de sus funcionarios? Verdad, aunque usted no lo crea.
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