por Herbert Mujica Rojas
¿Cómo así el vicecanciller, secretario general de Torre Tagle, el chilenófilo Gonzalo Gutiérrez Reinel y el embajador Jorge Castañeda, dan la buena pro por US$ 818,251.66 a Domiruth Travel Service, siendo que la comisión por pasaje aéreo es de US$ 142.80 contra US$ 55 de Cóndor Travel, la más cercana competidora, en obvio y flagrante daño contra el dinero del pueblo, y ningún medio de comunicación, escrito, hablado o impreso, se da por enterado de un hecho que tiene el número de Contrato 0004-2007-RE/CP de fecha 4-10-2007? ¡Aquí hay peculado y hasta de vulgar oficio el Poder Judicial debió haber actuado, pero no oyen, no ven, no hablan!
El reparto de coimas, en especie o palurdo dinero físico es una tradición connatural —por aberrante— de la burocracia peruana. Muchas veces, no hay billetes sino pasajes y sinecuras múltiples que son las correas que salen del mismo cuero. En otros casos, el premio es administrativo: la embajada en Canadá por ejemplo que ha asumido, en rara coincidencia y casi como si fuera un premio Jorge Castañeda, firmante del contrato que tampoco pareciera llamar la atención de ¡nadie en este país!
No sólo eso. Semanas atrás, denuncié de muy buena fuente: «Torre Tagle, con la fineza a que tiene acostumbrado al país y para no levantar mucho comentario habría, de repente con licitación probable, comisionado a la Cámara de Comercio de Lima y por la hermosa suma de US$ U$S 397,820.16 anuales, para legalizar las firmas de los funcionarios diplomáticos en documentos de rendición de cuentas en embajadas y consulados urbi et orbi. Hasta ahora, la rúbrica de cónsules y embajadores, era el requisito normal, valía per se porque el pueblo paga a estos empleados para ese cometido. Como Cancillería, signo de la modernización, desconfía de sus propios subordinados, incurre en el jugoso obsequio de cuyo detalle, in extenso, está obligado Relaciones Exteriores a dar cuenta ante la opinión pública del país. Lo antes posible.» Como es obvio, tampoco nadie dijo nada.
¿Puede el silencio oficial, oficioso y el mediático, cuanto que judicial, desaparecer el facto delictuoso o la comisión del crimen? ¡Cuando se mal usa o se emplea suciamente el dinero del pueblo, que es el único que posee el Estado, se perpetra una barbaridad que debiera ser castigada con el fusilamiento de sus fautores, así sean embajadores o empleados administrativos o privados!
El esquema de robar, con la cobertura de segundas o terceras personas, es un hecho impresionante. En los próximos días habremos de abundar en informaciones muy interesantes de cómo el vendedor de calaminas que funge de «ingeniero» y que es presidente de Devida, agencia del imperialismo yanqui con fachada nativa, Rómulo Pizarro Tomassio, tiene multitud de juicios que afrontar y en la que están acusadas penalmente personas de su entorno inequívoco y que aparecen en cada recodo de su discutible trayectoria. ¿Quién llevó a Esteban Silva, el ciudadano chileno, el espía de ayer y de hoy, al entorno palaciego que rodeó al presidente Alejandro Toledo? ¿Es cierto que, en sociedad comercial con Pizarro, Silva impulsa negocios múltiples de servicios al Estado en la actualidad? De ocurrir, ¿no hay conflicto evidente de intereses por la posición del calaminero Pizarro? Pero, por cierto, ningún medio de comunicación toca el caso porque la pandilla mediática del susodicho compra conciencias a granel y al gramo.
Casi el 95% de los miedos de comunicación no vierte sino lo que considera que la gente debe leer, oír o ver. La verdad, ese valor fundamental, es de primorosa obliteración porque si para algo sirve, según el esquema perverso actual, es para botarla al tacho de basura. ¡Aquí sólo hay maromas en que ciertos monos divierten y distraen la atención ciudadana de los temas esenciales del drama nacional!
El canciller chileno Alejandro Foxley reclama airado por la publicación de la demanda peruana ante la CIJ en textos escolares, y aquello se toma a la ligera, olvidando al fautor del adefesio, hace más de 20 años, al portapliegos de La Haya, Allan Wagner Tizón, cuya firma está en un acta claudicante con su par de 1985, Jaime del Valle Alliende para la escritura de historia comunes y semejante hecho no es más que una cobranza de facturas por compromisos públicos y que fueron censurados duramente desde entonces. Pero nadie pareciera darse cuenta.
Entre otras, estas interrogantes sin respuesta, bien valen la pena, un pensamiento o una reflexión.
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