ONP: el “muerto” que Carranza escondía
Pagos millonarios a estudios jurídicos y tercerizadoras. Solución no es la tercerización propuesta por Defensoría
Luis Carranza recibió toda clase de lisonjas y aplausos por su gestión en el ministerio de Economía y Finanzas, donde acaba de dejar el cargo de ministro, pero tras su salida, la Defensoría del Pueblo ha sacado a la luz el horrible y pestífero “muerto” que tenía escondido: la ONP, entidad que depende de dicho ministerio.
La Defensoría informó que la ONP es la institución más ineficiente del país, contra la cual se han presentado más de 31 mil quejas desde 1999, que es el mayor número por institución en todo el Perú.
Las quejas se refieren al retraso en el trámite, el cual incluso hasta pasa de un año sin tener alguna respuesta (uno de cada 3 expedientes tiene más de un año sin respuesta), son 96 mil expedientes que todavía no tienen calificación, mientras durante ese tiempo los solicitantes de pensión, que vienen de dejar su empleo, esperando descansar en su vejez, tienen que ingeniárselas para sobrevivir a como dé lugar.
Del estudio realizado por la Defensoría, se estableció que 46 de cada 100 quejas corresponden a demoras en el trámite de los expedientes, y 24 de cada 100 se refieren al desconocimiento de los aportes realizados durante los años de trabajo de los afectados. Otra perla es el total de casi 105 mil demandas judiciales contra la ONP.
Como si fuese poco, no existe un registro actualizado de aportes pensionarios, además, la carga de la prueba de los aportes recae sobre el afiliado, con lo cual el gobierno, con poca vergüenza, ignora su responsabilidad, siendo él el culpable de la inexistencia del registro con datos completos.
Mientras los afiliados esperan su pensión en la miseria, la ONP mantiene con pago puntual a estudios de abogados a los cuales paga 14 millones de soles anuales para atender parte de los 104,088 procesos judiciales contra la ONP y a empresas tercerizadoras de servicios, a las que paga 95 millones.
El informe defensorial concluye en la necesidad de tercerizar el servicio para agilizar los trámites. ¿Es esa la solución? A decir verdad, ni la tercerización de los servicios traerá como resultado el pago pronto de un jubilado. La meta debería ser que como máximo el trámite dure un mes, pues el afiliado necesita su pensión para sobrevivir, porque es un derecho ganado. En los años que ahora tienen que esperar, hasta hemos visto morir de infarto a un jubilado en plena audiencia judicial.
¿Cuál es la solución?
El primer paso sería que el gobierno reconozca que es su culpa —compartida con todos los gobiernos anteriores— la inexistencia de una base de datos confiable, que es la causa principal de la desatención. Además, el gobierno debe cambiar su mentalidad de tramposo, pues hay muchas deudas impagas de pensiones que no se atienden, pese a contar con todos los sustentos, inclusive hasta judiciales.
Tercerizar o mejorar la gestión interna de la ONP, como propone la Defensoría, serían sólo soluciones superficiales.
Creemos que la solución sería una legislación especial que disponga el pago de TODAS las solicitudes de pensión, en el estado en que estén, según las solicitudes lo indiquen, excepto unos pocos casos de intento de cobro doloso y probado a la fecha.
Esta medida traería su riesgo, pues habría algunos casos de jubilados que pretendan acceder al pago de una pensión correspondiente a más años de los que en realidad trabajaron. Después del pago se podría realizar controles posteriores para suspender algunas pensiones indebidas. Pagar todas las pensiones pendientes sería costoso, pero es obligación del estado atender esta necesidad y es un derecho del trabajador.
El riesgo de pagar a parte de los jubilados más de lo que les toca se reduciría año a año, porque a partir de abril de 1993 existe una base de datos completa que maneja la ONP, que es la fecha en que se obligó a los empleadores a declarar uno por uno a sus empleados al momento de pagar los beneficios sociales cada mes.
Así, si tenemos un promedio de 30 años de trabajo para acceder a una pensión (hay jubilados que superan los 30 años de labores y otros deciden cesar con 20 años), ya van 15 años de datos saneados y confiables y aún más, porque en otros casos, sobre todo si se trata de empresas grandes o ubicadas en ciudades importantes, los datos registrados y confiables de que dispone la ONP van varios años más atrás.
Si el gobierno se decide por este pago de las pensiones, debería también, como medida excepcional, dejar sin efecto las casi 105 mil demandas judiciales, lo que significaría al estado un inmenso ahorro en gastos de personal judicial y en pagos a estudios jurídicos que ahora se encargan de las demandas contra la ONP.
El riesgo de abonar a algunos jubilados más de lo que les corresponde implicaría eliminar no sólo los gastos en estudios jurídicos, sino en tercerizadoras de servicios en que incurre la ONP y significaría un ahorro para el Estado en personal del poder judicial para atender la demandas, porque el presupuesto del poder judicial también es estatal.
El análisis costo-beneficio de esta medida, que tendría que darse con una norma especial, resultaría en ahorro monetario para el Estado, pero el mayor beneficio sería la gran descarga de trabajo de la ONP y del poder judicial, que podrían actuar de manera más eficiente, inclusive Defensoría vería aliviado su trabajo, pues ahora tiene sobrecarga debido a las quejas de los afiliados que acuden a este organismo para denunciar la burla a sus derechos.
Los estudios jurídicos y tercerizadoras, promovidos por García, que ahora gozan con este caos, sus lobbies se opondrán a esta medida y mandarán a sus emisarios a la prensa y a las más altas esferas del gobierno. Es más, el caos actual les conviene que sea mantenido, lo que sucede ahora podría ser consecuencia de un contubernio entre malos funcionarios con nivel de decisión en la ONP, para el lucro de los estudios jurídicos y tercerizadoras, sin importarles el perjuicio contra los afiliados. Al fin y al cabo la ONP no se ha creado para mantener a funcionarios y empresas jurídicas ni tercerizadoras, sino para pagar lo que por derecho corresponde a los afiliados.
¿Quién podrá poner el cascabel al gato? ¿El Congreso dará el paso o se dejará envolver? ¿Qué dirán esos congresistas que dicen defender a “los viejitos”?
Si algo se debe reclamar es una medida como la que proponemos. Cualquier otra cosa, incluyendo las propuestas de Defensoría, serán sólo calmantes cuando el este enfermo grave, la ONP, requiere de una cirugía mayor de urgencia.
