Plantón de trabajadores contra privatización de Essalud

Trabajadores de Essalud realizaron un plantón esta mañana contra la privatización soterrada de la institución. La protesta tuvo lugar en la puerta de Radio San Borja, donde se viene denunciando este problema en el programa “La hora de las empresas nacionales”.

Los trabajadores manifiestan que el modelo APP (asociaciones público-privadas), avalado por los decretos legislativos 1012 y 1016, fue promulgado por el presidente Alan García, abusando de las atribuciones que le fueron conferidas para legislar en materia del TLC con Estados Unidos.

Estos decretos y maniobras legalizan la privatización contemplan la construcción de 15 hospitales y la remodelación de otros cinco con inversión privada (presuntamente asociados a mafias como la de Fortunato Canaán y tal vez Garrido Lecca, hechos que son materia de investigación), según explicaron.

Con la creación de la sociedad operadora de servicios, los trabajadores de Essalud se pondrían bajo órdenes de empresas que buscan su propio lucro, advirtieron.

Explicaron que existe contradicción entre las cláusulas de estas empresas lucrativas, que se regirán estrictamente por las leyes de la empresa privada, y las circulares enviadas a los trabajadores de Essalud, donde dicen que “se respetarán sus derechos laborales”. Sin embargo, se habla de “destaques” y otras modalidades que en el estado se sabe que facilitan el camino al despido.

Las circulares, pese a estar ya maquilladas en sus nuevas versiones, establecen ahora con claridad que se contempla la renuncia de los trabajadores a Essalud para someterse a las disposiciones de la empresa que quiere hacerse del control de las farmacias, alertaron mostrando las increíbles circulares que emite Essalud, institución al mando del aprista Fernando Barrios.

Respecto de la atención de los asegurados, indicaron que maliciosamente la gestión aprista de Essalud está disminuyendo la calidad del servicio para después (pese a que son ellos mismos los que provocan esta situación) alegar que se necesita privatizar para mejorar la atención.

Expresaron que el móvil de la empresa privada es el lucro, por lo que no se puede realizar negocio con la salud de los asegurados, porque ellos son los dueños de la institución, a la cual sostienen con sus aportes.

Señalaron que en la sección farmacia la situación es muy grave porque el consorcio Salog (ligado a Esque Group —empresa del escándalo de las vacunas triples— relacionada con Hugo Díaz Lozano, ex decano aprista del Colegio Médico) que presuntamente estaría asociado con las farmacias chilenas Fasa e Inkafarma, pretende hacerse cargo de la distribución y dispensación de medicamentos.

Manifestaron que estas pretensiones serían muy onerosas para la institución porque, entre otros, cobrarían en exceso por cada receta dispensada y se pondría en riesgo la responsabilidad sobre la atención del paciente, que no tendría facilidad para reclamar y consultar sobre cualquier duda una vez emitida la receta.

Los trabajadores rechazaron estos intentos de privatización, para lo cual ya llegaron a Lima empresarios chilenos, colombianos y españoles a realizar sus lobbies en una conferencia auspiciada por Fernando Barrios y cuentan con el apoyo de lobbistas como El Comercio, la ONG Foro Salud (auspiciada por USAID), y ahora se ha visto que en CADE (Conferencia Anual de Empresarios) de esta semana, presidido por Alan García, los lobbies alabaron las asociaciones público-privadas.

Los trabajadores recordaron existe un extraño afán privatizador de las empresas nacionales (puertos, energía, agua, etc.) y que ya existen nefastas experiencias de asociaciones público-privadas, como la mafiosa concesión del aeropuerto Jorge Chávez a LAP, donde esta empresa obtuvo la concesión con un solo postor.

Alertaron que el proceso privatizador que está en marcha pretende poner la infraestructura en manos de empresas privadas y la estocada final recaerá en el paciente, cuando sea considerado de capa compleja (alto costo, por ejemplo, diálisis, cáncer, prótesis, etc.) porque los nuevos “dueños” de la institución no pueden trabajar a pérdida con enfermedades crónicas y costosas.

Finalmente, manifestaron que esperan pronunciamientos y acciones claras de parte del AMSSOP, de los gremios de salud, del Colegio Médico del Perú, de la Federación Médica Peruana y de la Asociación Médica Peruana, así como de parte de los políticos consecuentes.