por Herbert Mujica Rojas
¿Sabe alguien que siquiera de oficio, lea bien amigo, de oficio, se haya iniciado la investigación del porqué Cancillería sufraga pasajes aéreos que le cuestan al pueblo peruano el triple en comisión por boleto que lo que ofertó la más cercana competidora en la «licitación» que se llevó a cabo en el 2007? ¿por causa de qué, si hay contrato firmado entre Domiruth Travel Services y Torre Tagle, por casi 1 millón de dólares, con objetivísimo mayor gasto para el Estado, no se investiga esta olla que promete destilar toda clase de olores? ¿han vuelto a ser, los de Relaciones Exteriores, vacas sagradas de cuello y corbata —y algunos con cencerros coquetos— intocables?
Si ni siquiera de oficio algún procurador ha tomado acciones o las compañías desfavorecidas en la licitación, Costamar y Cóndor Travel, creen que deben actuar, entonces, hay que llegar a la conclusión aberrante que en Perú las leyes que cautelan el erario, simplemente, no sirven porque nadie las hace cumplir. ¿Cómo así que todos no ven, no oyen, no hablan? O, lo que es más probable, los veleidosos ujieres de Ucayali, ¿empezaron a moverse para persuadir que todos guarden prudente silencio? Más que en trabajar documentación o procesar importantes legajos, hay decenas de paniaguados que sólo echan a andar dinámicas de control de daños, es decir, tapando los huecos que sus topos cavan por doquier.
Un viceministro y secretario general de Cancillería, el inefable Gonzalo Gutiérrez Reinel, fautor clarísimo de una resolución inconstitucional que hizo firmar al presidente Alan García y que tuvo que luego ser anulada, a posteriori de haber dejado en ridículo la majestad de la figura del primer mandatario de la patria, autorizó el contrato que el embajador Jorge Castañeda, firmante del contrato de marras, empujó contra viento y marea aún a pesar de las correctas observaciones del ministro Jorge Nicholson. ¿Alquien ha investigado cuánta razón, poca o ninguna ostentó en su proclama, el aludido ministro? ¿o es que fue pura fórmula para cumplir los «procedimientos»? Lo cierto es que Gutiérrez Reinel, chilenófilo de mediocre estampa, autodenominado delfín del portapliego de 2 metros que está en La Haya, se pasea como Pedro por su casa y como si nada hubiera pasado.
¿Qué derecho me asiste? El que tienen 26 millones de habitantes: el de ser contribuyente y el de mantener con mis impuestos a pandillas de estafadores y monreros en la cosa pública. No sólo hay agio y lucro, también hay robo de la esperanza y del proyecto de vida del pueblo peruano. Que otros no reclamen ni digan nada u omitan poner en blanco y negro sus protestas, es un asunto de cada quien. Debo recordar, solamente, con alborozo, que hace dos años preparé un informé sobre las trapacerías cometidas por un grupo enquistado en Devida y jueces probos ya encontraron mérito penal para investigar a muchos de los que nombré con multitud de circunstancias y descripciones en esos artículos. ¿Creen los de Cancillería, en su sano juicio, que hay motivos para yugular esta investigación, habida cuenta de la desverguenza y descaro del robo patentado en un contrato que ya está en múltiples oficinas? A las vacas sagradas hay que quitarles el saco y la corbata. Y, si es posible, arrancarles, el coqueto cencerro. También.
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