Por Carlos Miguélez Monroy*
Casi un billón de dólares se han desviado a los paraísos fiscales desde de los países “en desarrollo”, una cifra que multiplica por diez la Ayuda Oficial al Desarrollo. El Parlamento Europeo calcula en 13,5 billones (trillions) de dólares el total de capital “invertido” en esos territorios.
En España, la indignación por la que ya se considera la mayor trama de corrupción en la historia de la democracia se focaliza en el aprovechamiento de cargos públicos para comprar palacetes, relojes, yates, bolsos y viajes. Obtienen estos lujos con las comisiones que reciben a cambio de conceder contratos públicos a empresas privadas de “amigos” y “conocidos”. Como en otros casos de corrupción política, los cargos públicos han desviado esos fondos a paraísos fiscales y han lavado ese dinero con la compra de bienes inmobiliarios.
Los paraísos fiscales también permiten que grupos terroristas muevan las cantidades de dinero que necesitan para financiar sus actividades. George W. Bush demostró la facilidad y la rapidez con la que se pueden cortar los fondos del terrorismo internacional. Pocos días después de los atentados de las Torres Gemelas, hizo que instituciones financieras ejecutaran su orden de congelar los fondos de más de 60 personas y organizaciones sospechosas de financiar actividades terroristas. La prioridad retórica de los Estados alineados con la política de Estados Unidos de hacerle la guerra al terrorismo no coincide con su consentimiento de los paraísos fiscales, menos aún cuando han contribuido a la crisis actual.
La crisis económica no sólo se refiere a los puntos que gana o pierde la bolsa, sino más bien al precio del arroz, del maíz, del trigo, del azúcar y de la leche del que depende la supervivencia de miles de millones de personas. Al ir de la mano con la especulación y la manipulación de precios de productos básicos en el mercado internacional, los paraísos fiscales atentan contra el derecho a la vida, a la comida y al agua. La Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce esos derechos universales.
Pero la función principal de los paraísos fiscales consiste en evadir impuestos. La recaudación fiscal de los ciudadanos sostiene servicios públicos que garantizan el derecho a la educación libre, gratuita y universal, la sanidad, las pensiones para los jubilados y el acceso a ayudas para la vivienda. Si algunas personas desvían parte de su patrimonio a paraísos fiscales, el resto de los ciudadanos soportan el coste de la red de protección social de la que se beneficia el conjunto de la sociedad.
Algunos ciudadanos optan por enviar su dinero a paraísos fiscales que pagar unos impuestos susceptibles de robo por parte de políticos sin escrúpulos. Sin embargo, esta práctica fortalece la existencia de los mismos paraísos fiscales que utilizan “servidores públicos” como los de la trama Gürtel, empresarios corruptos y delincuentes del crimen organizado para enriquecerse y para esconder sus crímenes.
Algunos medios “informativos” se aprovechan de la demagogia de partidos políticos que hablan de “endurecer penas” contra menores que delinquen, cuando tienen al alcance de su voluntad actuar contra una de las principales herramientas que utilizan organizaciones del crimen organizado y políticos. En lugar de cumplir con su vocación pública y servir a la sociedad, aprovechan sus cargos para perpetuar un sistema que altera el orden financiero internacional y atenta contra derechos fundamentales. El rescate del dinero que se desvía a los paraísos fiscales serviría para poner en marcha programas educativos y de reinserción para padres que no han sabido poner límites a sus hijos y los han educado en la falacia de “cuanto más, mejor”.
*Periodista y Coordinador del CCS
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