Por Humberto Campodónico
A cuatro meses de las elecciones, súbitamente la bancada aprista presenta un proyecto de ley para elevar las regalías mineras, argumentando que las empresas mineras han tenido ganancias extraordinarias debido a los altos precios internacionales de los minerales, las mismas que “no han sido compartidas por el Estado y la sociedad”.
¡Qué tal cuajo! Los mismos que renegaron de su promesa electoral del 2006 de un impuesto a las sobreganancias y aceptaron sumisamente la propuesta del “óbolo minero” miserable que las propias empresas mineras administran —abdicando así de la potestad del Estado de recaudar impuestos— dicen ahora que se equivocaron. ¿No les parece una maniobra para quitarle la bandera a los partidos de izquierda y al PNP?
Dicho esto, es absolutamente imperativo que el Estado y la sociedad participen de las sobreganancias mineras. Para ello, es clave modernizar la obsoleta Ley de Minería (como lo están haciendo Israel, Chile y Australia) para elevar la recaudación tributaria proveniente de la explotación de nuestros recursos naturales.
Veamos el ejemplo de Antamina. En mayo del 2000, de acuerdo a información de la propia empresa, se preveía una tasa interna de retorno (1) de la inversión de 15% para los 24 años de vida útil de la mina. Esto podía lograrse, estimaba la empresa, con precios del cobre promedio de US$ 0.95/libra de cobre en esos 24 años.
Como la producción comenzó a fines del 2001, Antamina seguirá hasta el 2025. Pero sucede que, debido a los altos precios del cobre del 2005 al 2009 (en promedio han estado en US$ 3 / libra, tres veces más que lo estimado en el 2000), en el 2009 la empresa ya logró una TIR de nada menos que el 22%, de acuerdo a cálculos realizados por nosotros. Y todavía le faltan 15 años más de vida útil, lo que llevará la TIR a niveles jamás soñados. Y el Perú, que es el dueño del recurso, ¿por qué no participa de esta bonanza? Ya saben por qué.
En términos de suma simple, Antamina invirtió US$ 2,461 millones de 1997 al 2009. Comenzó a depreciar en el 2003 —de acuerdo a nuestros cálculos— por un total de US$ 2,248 millones y tuvo utilidades netas desde el 2005 por US$ 6,320 millones, lo que arroja un flujo neto positivo de US$ 6,106 millones.
Por lo expuesto, la necesaria modernización de la ley minera debe incorporar un criterio de retorno de la inversión de la empresa minera. Una vez alcanzado, el Estado y la sociedad deben participar necesariamente de las sobreganancias. De nuevo y a acomodarse.
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1 comentario
todo aprista es mentiroso.
A fuerza de hablar los ciudadanos han ido entendiendo la ingente magnitud de las perdidas del Peru por no cobrar el impuesto a las sobre ganancias,
Esto ya es inocultable al igual que ya nadie se «asusta» de alguien que hace esa justa propuesta.
Entonces, el Apra que sabe que ya nadie les cree en el cuento de que se van «ahuyentar las inversiones» , astutamente salen ya al final del partido con que hay que elevar las regalias.
Esto a todas luces es un engaño, porque no van tocar para nada la constitucion, la cual impide modificacion de contratos. Pese a ser una promesa electoral de su segundo gobierno no cambiaron NI UNA COMA a la Constitucion en lo referente a contratos.
Los peruanos estamos cambiando y para bien, porque ya sabemos que estando en sus manos hacer bien las cosas no les da la gana de hacerlo, Uds señores apristas, nunca van a cambiar, vayanse cuanto antes con su andanada de corruptos y estafadores, incluyendo al despreciable «señor» Barrios.
!No vuelvan nunca mas ¡¡