La Cámara de Comercio de Lima (CCL) saluda lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, que declara fundada la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo N.° 001-2022-TR, confirmando su ilegalidad y dejándolo sin efecto con alcance general.
La CCL fue uno de los gremios que impulsó activamente este proceso. Desde la publicación del decreto, en febrero de 2022, advirtió que la norma excedía las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, afectaba la libertad de empresa y generaba una incertidumbre injustificada que frenaba inversiones y ponía en riesgo miles de empleos formales en sectores estratégicos como la minería, la industria y los servicios.
Lo resuelto establece un precedente claro: el Poder Ejecutivo no puede restringir la tercerización laboral mediante disposiciones reglamentarias que contravengan el marco legal vigente. En ese sentido, las empresas y sus contratistas podrán continuar operando bajo esta modalidad, en cumplimiento de los requisitos legales que evitan su desnaturalización.
La eliminación de esta restricción fortalece la seguridad jurídica y la predictibilidad normativa, condiciones indispensables para promover la inversión, el crecimiento económico y el empleo formal.
La CCL reafirma su compromiso de seguir defendiendo estos principios con firmeza, en beneficio de sus más de 10 000 asociados y del empresariado nacional.
