Conflictos sociales en Puno

Conflictos sociales en Puno

Canon sí, minería no: la extracción en cuestión

Por Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM y Consultor)

Las crónicas de los españoles sobre la región altiplánica eran de asombro, les parecía increíble la cantidad de ganado auquénido existente en la meseta del Collao, se trataba de la existencia de millones de cabezas de llamas, alpacas, del llamado “ganado de Castilla” en la denominación de los primeros años de la Conquista. Por ello, el peruanista Jhon Murra en sus diversos trabajos sobre los pisos ecológicos, tejidos, de la papa, estudió también el ganado, y las particularidades de lo que hoy es el departamento de Puno.

De allí que la asociación de la riqueza y/o pobreza estuviese en relación a la propiedad sobre la cantidad de auquénidos, por ello fuera usual que los kurakas o los miembros de la nobleza lupaka tuviesen cientos de miles de llamas y alpacas con sus pastores respectivos. Esto nos demostraría que Puno ha sido un departamento ganadero por excelencia más que agrario, en razón de la dureza climática y el frío inclemente.

Con el Virreinato empieza también la explotación minera básicamente de la plata rivalizando en algún momento con la producción de Potosí, de allí la explicación de monumentales iglesias en Puno sobre todo en Juli, que representaban una gran economía de recursos y de mano de obra. Es más, con las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII, Puno fue adscrito al Virreinato de La Plata y regresó al reino del Perú recién en 1810, es decir en plena efervescencia libertaria.

Esto explicaría, no solo las aspiraciones separatistas y las particularidades de Puno en el siglo XIX frente al naciente estado republicano, y la formación de las elites regionales mirando más cerca el Atlántico que Lima, educando a sus hijos en las universidades de Buenos Aires y Europa.

En ese contexto, la República criolla, por el contrario, ha significado un secular empobrecimiento de la población campesina con una concentración de tierras y haciendas a costa de las comunidades, que explican en última instancia los reiterados movimientos contra la opresión y explotación gamonal. Tal vez sea las luchas campesinas de Rumi Maqui en los primeros años del siglo XX la expresión de fuerza de estos movimientos que cuestionaron en la base la organización de la llamada República Aristocrática.

Este problema no ha sido resuelto en el siglo XX, a pesar de las reformas sociales del velasquismo en 1968-1975 en especial la reforma agraria que afectó las grandes haciendas ganaderas ni las llamadas reformas estructurales del fujimorismo en el período 1992-2000. Por el contrario el problema de representación y liderazgo se agravó como la endémica pobreza regional.

En tal sentido, estas protestas sociales tienen una explicación histórica que se alimentan de las llamadas “utopías andinas”, del restablecimiento de un nuevo orden, de un neoindigenismo aymara del siglo XXI, que se retroalimentan de la experiencia boliviana, que tienen el liderazgo de un Evo Morales, donde la actividad minera se desarrolla sobre todo a través de cooperativas de trabajadores, y un control interno del excedente económico, con altos grados de contaminación.

En tal sentido me permito recordar la presencia del embajador boliviano en un evento campesino llevado a cabo en Huamanga-Ayacucho en el 2007, donde hacía referencia a la unidad étnica de los indígenas aymaras y quechuas del Perú y Bolivia, destacando la necesidad de una nueva república que reivindique a las poblaciones nativas contra la opresión del capitalismo internacional.

Esta entrada de largo aliento resulta necesaria para tener una explicación sobre lo que está sucediendo en el sur y norte de Puno, donde se movilizan miles de pobladores tomando como bandera de lucha, una oposición radical a toda actividad extractiva, sea minera, petrolera e incluso a la construcción de centrales hidráulicas que constituyen dicho sea de paso la forma más sana de generar energía.

Es más, esta oposición se fortalece con las decisiones de gobiernos locales y autoridades regionales en defensa del medio ambiente, y contra la contaminación de ríos, lagunas y cuencas que desde los años cincuenta se desenvuelven en el departamento con externalidades negativas, por ejemplo la contaminación de la Cuenca del rio Ramis y la presencia de alta dosis de mercurio. Ello es posible gracias a la minería informal e ilegal como es el caso de la Rinconada y en las provincias del norte como Sandia, San Román, Azángaro, Melgar con graves pasivos mineros.

En verdad, es legítima la preocupación ambiental, por los graves pasivos mineros existentes que poco o nada tendrían que ver con el proyecto minero de Santa Ana de la trasnacional Bear Creek Mining Company, proyecto que se ubica a cientos de kilómetros de la explotación aurífera del norte del departamento.

Sin embargo, lo que está detrás de las justas protestas de la población campesina es algo más complejo que las protestas antimineras al estilo Conacami y de las diversas organizaciones representativas de los intereses populares como el “Movimiento Regional Raíces”, pues existe un sustrato más profundo en estas protestas, que cuestionan las bases de la República criolla, que poco ha hecho por el desarrollo regional.

Minas de Potosí en el virreinato
 

CANON SÍ, MINERÍA NO

El sentido pragmático aymara reflejado en el espíritu comercial de los “tiawanacus” por llamarlo de alguna manera ha sido una constante, de allí que desde los años cincuenta del siglo pasado la expansión puneña hacia Arequipa, Tacna, Moquegua Lima, e incluso el norte de Chile, ha sido reconocida en múltiples investigaciones.

Por ello, el espíritu del progreso, de la superación propios de los aymaras y quechuas de Puno, les permite aceptar la presencia del canon y la regalía minera que ha tenido un crecimiento importante como se puede observar en el cuadro “Recursos Generados y Transferidos Gracias a la Actividad Minera en Puno 2004-2010”. Si bien existe una importante producción de oro que estadísticamente se registra sobre las 100 mil onzas anuales, lo cual hace evidente la subvaloración de la producción aurífera; en lo fundamental la categoría del canon y regalía minera se explica por la presencia de la empresa Minsur del grupo Brescia cuya producción de estaño si bien ha desplazado a Bolivia del liderazgo mundial, la riqueza obtenida no resulta lo suficientemente compartida con la población regional.

De allí por concepto de canon el departamento de Puno en el 2004 percibía 69.7 millones de nuevos soles, hacia el 2006 recibía 117 millones por canon, incrementándose a los 172.6 millones en el 2008, para subir en el 2009 gracias a los altos precios del estaño y al incremento de la producción, representando el canon distribuido los 256 millones para disminuir a los 187 millones de nuevos soles en el 2010.

Si se asume que la base del canon minero es el impuesto a la renta, del cual el 50% se transfiere como canon, este constituye una redistribución que realiza el Estado más no la empresa. Por el contrario, las regalías que se definen como una contraprestación, son aplicada sobre el valor de venta de los concentrados o su equivalente.

Así, las regalías mineras de representar los 27 millones en el 2005, significaron los 65 millones de nuevos soles en el 2008 para seguir aumentando a los 71 millones de nuevos soles en el 2010. Si a ello se agregan los abonos por concepto de derechos mineros, el departamento de Puno gracias a la actividad minera está percibiendo en el 2009 más de 303 millones de nuevos soles y más de 272 millones en el 2010.

En su conjunto la actividad minero energética ha generado recursos para el gobierno regional de Puno y gobiernos locales del departamento 69.5 millones de nuevos soles en el 2004, que subieron a los 246 millones en el 2008, incrementándose a los 310 millones en el 2009 y sumar los 279 millones en el 2010.

Esta contribución minera de Minsur, Arasi, de Cemento del Sur a través del canon, regalías, derechos de vigencia, y de otras empresas como San Gabán empresa de generación eléctrica por medio del canon hidroeléctrico representados en la suma total de la fila (A) del cuadro en referencia no guarda correspondencia con la riqueza creada, con los ingresos y utilidades obtenidas, de allí el malestar de la población contra toda actividad extractiva.

En tal contexto son pobres las inversiones bajo el concepto de responsabilidad social de las empresas mineras. Ello se expresa en los limitados recursos transferidos a través del llamado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo más conocido como óbolo minero. Sirva el caso de los montos depositados por Minsur entre el 2007 y el 2010 que no superan los 30.5 millones de nuevos soles, es decir un poco más de 10.2 millones de dólares.

En contraposición, durante el “boom de precios” la minera Minsur entre el 2005 al 2010 ha obtenido por concepto de utilidades netas, es decir utilidades residuales por más de 1,502 millones de dólares, llegando al pico en el 2010 con 372 millones de dólares, en el 2009 obtuvo más de 237 millones, en el 2008 sobre los 315 millones de dólares, para sumar los 265 millones en el 2007.

Es decir, en los últimos cuatro años las utilidades netas declaradas, fuera de” muertos y heridos”, ha sido de 1,190 millones de dólares frente a un aporte voluntario raquítico de un poco más de 10.2 millones de dólares. Por tanto, no existe correlación entre las ganancias privadas y la contribución minera, pues siempre se debe recordar que el llamado canon minero está constituido por el 50% del impuesto a la renta percibido por fisco y transferido como canon a los gobiernos locales y gobierno regional.

 EPILOGO

En las circunstancias actuales, 26 de mayo, resulta de necesidad restaurar el diálogo entre los interlocutores válidos para evitar la represión indiscriminada a una población rural que se moviliza por causas justas afectando los bienes públicos y los derechos de otros ciudadanos. Frente a los pasivos mineros, y grave contaminación de las actividades informales resulta razonable la protesta de las comunidades campesinas a los nuevos proyectos mineros así cumplan con las normas ambientales. De allí la necesidad de una mayor difusión sobre las ventajas y los problemas de la inversión minera.

En ese sentido haría bien el gobierno y sus diversas instancias en demostrar los importantes montos no ejecutados por concepto de canon y regalías de parte de los gobiernos locales, y en particular del gobierno regional que en la gestión anterior encubrió su incapacidad e ineficiencia con un radicalismo primario preñado de alta dosis de corrupción.

De allí, la necesidad de replantear el modelo extractivo de oro y estaño en Puno y en el país, demandando que las nuevas inversiones mineras asuman plenamente el concepto de responsabilidad social, convirtiendo a la actividad minera en el motor del desarrollo local y regional que se puede y debe articular con el turismo, la industria local, la ganadería con el mejoramiento de pastos y de ganado, pues resulta inverosímil que los Estados Unidos de Norteamérica tenga una población mayor de alpacas que nuestro país.
 

Sin embargo ello no bastaría pues el Estado no tendría suficientes recursos para atender las graves urgencias y demandas sociales de un departamento empobrecido como el de Puno. De allí la racionalidad del llamado impuesto a las sobreganancias mineras pues la experiencia fallida del óbolo voluntario así lo demuestra.