Por Humberto Campodónico
Los mensajes del 28 generan expectativas y este no es una excepción. Está siempre latente el hecho de que el gobierno pueda producir algún cambio de timón importante (como la nacionalización de la banca de 1987, a los dos años de iniciado el primer gobierno de García) o se anuncie alguna reforma de proporciones. Nada de eso está presente ahora, pues el gobierno tiene sus prioridades bien definidas.
Es por eso que el pedido de la Confiep de "nuevas reformas" –cuando han sido sus asociados los que redactaron la mayoría de decretos legislativos– es una cortina de humo que pretende ocultar su alianza con el gobierno y presentar a la Confiep como un gremio que le pide cosas "porque no colabora con él". Táctica que puede servirle, en caso fuera necesario más adelante, para quitarle el hombro al gobierno aprista.
Entre los pedidos de la Confiep está la "racionalización de las exoneraciones y los beneficios tributarios". Este pedido debería comenzar con la eliminación de las exoneraciones a las ganancias de capital al sector financiero (bolsa de valores, depósitos mayores de S/. 700,000, ganancia de intereses de los bonos) y a otros sectores (como el no pago de IGV en los seguros de vida para sectores altos, lo que equivale a S/.237 millones, según el Marco Macroeconómico 2009-2011).
Pero no. Sí se propone que se eliminen, por "antitécnicos" al ITF y el ITAN (que afectan sobre todo a las grandes empresas), como si los arriba mencionados no lo fueran. Por tanto, la presión tributaria seguirá siendo 15.4% del PBI, una de las más bajas de la región. Y cuando acaben las vacas gordas (precios de los minerales), bajará a niveles inferiores al 15% del PBI. Además, la estructura tributaria privilegia los impuestos indirectos (el IGV representa el 48% del total recaudado), lo que golpea más a los sectores pobres.
En la propuesta de la Confiep se encuentra ausente una de las reformas pro-equidad más importantes: el establecimiento de una pensión mínima universal para todos los peruanos mayores de 65 años de edad. Esta pensión existe en Argentina, Brasil, Bolivia y ha sido recientemente promulgada en Chile (es una de las promesas cumplidas por Michelle Bachelet).
Actualmente en el Perú hay 1’764,000 personas mayores de 65 años, de las cuales solo 623,000 tienen pensión (546,0000 por la 19990 y la 20530; y 76,000 por las AFP). Una propuesta para que el millón cien mil peruanos tengan una pensión mínima sería una excelente señal de solidaridad interna y diría claramente que "este no es un gobierno de los ricos", como señalan las encuestas. Pero nada.
Tampoco hay un planteamiento para institucionalizar el aumento del salario mínimo, de acuerdo con la inflación y el aumento de la productividad, como sí sucede en Colombia y Chile. Según el Marco Macroeconómico del MEF, la productividad ha aumentado de 100 a 128 del 2001 al 2007 y el Costo Laboral Unitario ha bajado de 100 a 78 en el mismo periodo. Esto quiere decir que el aumento del salario mínimo, que significa mayor equidad, no es inflacionario.
En todo caso, la recuperación legítima del poder adquisitivo de los trabajadores es un derecho, sobre todo si consideramos que el peso de los alimentos en los ingresos de los sectores D y E supera el 60%, lo que nos pone en niveles africanos pues en Colombia, Chile y Argentina este mismo peso no llega al 28%.
Hay muchas cosas que se quedan en el tintero: la homologación de la carrera pública, la profundización del proceso de descentralización (lo que incluye una mejor distribución del canon), el impulso al agro (hoy ausente), mayores facultades al Ministerio del Ambiente (que tenga poder de decisión sobre los Estudios de Impacto Ambiental en el sector minero y petrolero), entre otros.
También está la lucha contra la inflación, lo que para la ortodoxia neoliberal pasa por el recorte del gasto y la inversión pública (que solo representa el 12% de la demanda interna) y no por medidas que restrinjan el crecimiento del sector privado (el 87% de la demanda interna), lo que incluye la derogatoria de las rebajas arancelarias, que amenazan con el deterioro del sector externo y de la industria nacional, así como con detener el desmesurado aumento del crédito.
Finalmente y, quizá, lo más importante, no existe una visión de largo plazo. El gobierno prácticamente ha liquidado al Acuerdo Nacional y sus 20 políticas consensuadas con todos los partidos. También demora al Centro de Planeamiento Estratégico, que debiera establecer las políticas que apunten a un crecimiento con empleos y redistribuidor del ingreso, con políticas de reordenamiento territorial y priorización de inversiones. Este es el fondo de la cuestión pero no se toma en cuenta. Ante las presiones, se opta por quitarle todo contenido y ahora se dice que "supervisará la lucha contra la pobreza" (sic).
Así las cosas, los 100 decretos legislativos constituyeron la segunda ola de reformas neoliberales. Si algo faltó, la Confiep se está encargando de recordárselo para que se incluya en el mensaje de hoy. De todas maneras, feliz 28.
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