• Cinco años después de la promesa de Ollanta Humala de ordenar el territorio, no se han elaborado planes de ordenamiento territorial, ni se cuenta con una Ley; aunque hubieron algunos avances en cuanto a ZEE.
• La aprobación de la Ley 30230 ha supuesto un duro golpe al ordenamiento territorial, pese a que el ministro de Medio Ambiente niegue su impacto.
La herencia que deja el actual gobierno en ordenamiento territorial se ha convertido en objeto de debate. Para el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, los avances son “tan significativos que no hay forma que se dé marcha atrás”, y califica todos los cuestionamientos al proceso de OT como “mitos”. Por otro lado, diversas voces desde la sociedad civil, aun cuando reconocen avances señalados por el ministro, alertan que son insuficientes para que estos avances logren generar políticas públicas territoriales y mucho menos luego del duro golpe que ha supuesto la Ley 30230 para la gestión del territorio.
Esta normativa, aprobada en junio de 2014, y sobre la que pesa una demanda de inconstitucionalidad, niega el carácter vinculante de estos procesos y traslada esta competencia del MINAM a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas tienen gran influencia. “A partir de esta norma, por más que mediante un Plan de Ordenamiento Territorial se defina usos determinados para los territorios, al no ser vinculante, el Estado tiene la posibilidad de omitir lo establecido”, precisa Rafael Salgado, coordinador del proyecto ACPic.
El ministro Pulgar-Vidal sin embargo, reafirma el liderazgo de su cartera en esta materia y defiende que el ordenamiento territorial no define usos, entrando en clara contradicción con la misma definición que el ministerio propone: “Es un proceso técnico, administrativo y político de toma de decisiones concertadas con los actores sociales, económicos, políticos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sostenible del territorio”.
Ana Leyva, de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, defiende la necesidad de que este instrumento sea vinculante, como así lo han regulado diversos países del mundo y sostiene que Perú se encuentra “de espaldas al mundo al seguir debatiendo acerca de si el OT es vinculante”. Salgado agrega que aun cuando el MINAM define al OT como un proceso técnico político que orienta la toma de decisiones, este sector deja el proceso solo en un plano técnico, a pesar que “orientar, planificar y decidir van de la mano”. El especialista añade que si bien el MINAM lidera el proceso, esta cartera no es la que toma la decisión final que recae ahora en la PCM.
Para lograr estos resultados, no se puede negar el rol que han cumplido los distintos niveles de gobierno (regional, provincial y local), quienes a pesar de las limitaciones han mostrado voluntad política para llevar a cabo procesos de OT. Sumado a ello, diversas comunidades de Áncash, Apurímac, Cusco y Huánuco, en articulación con sus municipalidades distritales, han promovido procesos de gestión territorial comunal que buscan armonizar diferentes usos y ocupación del territorio a nivel local, potenciando los conocimientos, la tecnología y la cultura local en manejo del territorio, logrando mejorar la calidad de vida de la población, conservando el territorio; con el apoyo y asistencia técnica del consorcio ACPIc, integrado por organizaciones belgas y peruanas.
Alejandro Chirinos, sociólogo de CooperAcción, alerta sobre la falta de voluntad política del gobierno y la necesidad de aprobar una Ley de OT. “Una ley permitiría articular mejor todos los instrumentos de gestión. Sin ella, se corre el riesgo que las decisiones tomadas en los diferentes procesos se invaliden”.
Hay que recordar que desde el 2013 además de la ZEE se introdujeron dos etapas más previas a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial, los estudios especializados y el diagnóstico integral del territorio. En esta senda, Cajamarca lleva nueve largos años. “Es irracional subordinar la organización del territorio, a contar con toda la información que, en teoría, se requiere. A este paso, cuando se termine de elaborar el último estudio, el primero puede que ya este desactualizado. Esto puede llevarnos a un círculo vicioso como resultado de la falta de voluntad política”, declara Eduardo Ballón, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana.
