Modificaciones a Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados atenta contra leyes constitucionales y Código Penal
Empresarios afectados solicitan el archivamiento del proyecto de ley que afecta la libertad de hacer empresa en el país.
El Comité de Importadores y Comercializadores de Productos Químicos (CICOPQ) de la Cámara de Comercio de Lima advierte que el Proyecto de Ley que modifica el Art. 7.º de la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (Ley N.º 28305) es excesivo y afectaría la entrega del Certificado Usuario (CU), que es otorgado por las Unidades Antidrogas Especializadas de la PNP.
Cabe señalar que el Proyecto de Ley N.º 3507/2009-PE, cuyo dictamen se encuentra en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso, considera como parientes a los familiares hasta el cuatro grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, con lo que se estaría contraviniendo la libertad de hacer empresa en el país.
“Limitar el uso de insumos químicos fiscalizados a las empresas por actos cometidos por terceras personas, tal como plantea el Proyecto de Ley, es excesivo y atenta contra los derechos constitucionales de libertad de empresa y de trabajo previstos en el artículo 2º de la Constitución Política del Estado, configurándose una causal de inconstitucionalidad”, indicó.
Por ese motivo, solicitó proceder con el archivamiento definitivo del Proyecto de Ley en discusión, el mismo que resulta excesivo y contraviene lo señalado por la Ley General de Sociedades (Art. 177º, 183º, 191º y 197º) y el Código Penal, en cuyo Art. 27º se ejerce control sobre directores y representantes de las empresas.
El CICOPQ de la CCL sostuvo que establecer y/o condicionar el otorgamiento del CU a los actos y antecedentes penales de terceros no vinculados legalmente a las empresas que importan insumos químicos resulta “irracional e ilógico”.
Para el Comité la perspectiva desde la que ha sido enfocada la propuesta que se discute en el Legislativo no es la adecuada, sobre todo porque en un Estado Constitucional no se obvian los principios y derechos básicos del Estado de Derecho como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley.
