Gerente general de la empresa concesionaria, Carlos Merino, sostuvo una reunión en Piura con el Comité de Productos Pesqueros de la Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Piura, funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional y representantes de empresas prestadoras de servicios del puerto.
Durante una hora el representante de TPE dialogó con los empresarios que en todo momento expresaron su malestar frente al referido incremento tarifario, ya que dicha situación implica un sobrecosto innecesario para sus operaciones. “Queremos saber si la intervención de la concesionaria significará una reducción de costos para el sector exportador e importador, o si se continuará con el reajuste de tarifas afectando a las embarcadores y usuarios de este puerto”, expresaron los empresarios.
A su turno, Merino ofreció analizar estas situaciones, y en su caso, realizar los descuentos a que hubiera lugar comprometiéndose a aplicar una nueva tabla de tarifas a partir de la fecha. Sin embargo, los ofrecimientos no convencieron a los asistentes a la reunión quienes mantienen una sensación de inseguridad.
Carlos Milanovich, presidente del Comité de Productos Pesqueros de la Sociedad Nacional de Industrias expresó que ante esa situación los empresarios acordaron con el representante de TPE esperar una semana para que se haga efectiva la reducción de los costos ofrecidos por el operador del puerto. “En caso contrario solicitaremos una nueva reunión a fin de aclarar esta situación con medidas concretas. Hay que tener en cuenta que no solo se perjudican las empresas que operamos en el terminal de Paita sino también la imagen de la propia concesionaria”, agregó.

2 comentarios
NO ERA DE ESPERARSE
HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA, SOLO CON UN GOBIERNO NACIONALISTA SE REVERTIRAN LAS PODREDUMBRES Y LOS FAENONES.
No hay cambio real
El alumento de las tarifas portuarias en Paita no se resuelve negociando con una empresa que ha ganado la concesión de manera corrupta. Negociar o conversar con ellos para exigirle rebaja es complicidad. Lo único correcto es declarar la nulidad de un proceso lleno de cambios realizados para favorecer a la empresa de capitales chilenos.