ONPE debe asegurar la accesibilidad para el ingreso y desplazamiento de las personas con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades electorales, a los miembros de mesa y a los ciudadanos en general a adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad en la próxima elección presidencial 2016.
Malena Pineda, Jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltó que las personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o mental tienen los mismos derechos políticos, incluido el derecho al sufragio en condiciones de igualdad. “Las autoridades electorales deben garantizar su desplazamiento, brindándoles condiciones de accesibilidad y trato preferente de acuerdo con la norma”, agregó Pineda.
Si se presentara algún impedimento para que una persona con discapacidad sufrague, cualquier ciudadano podrá comunicar inmediatamente este hecho a los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial para que dispongan las medidas correctivas inmediatas. Asimismo, la funcionaria recordó que los/as ciudadanos/as con discapacidad intelectual o mental pueden ser acompañados por una persona de su confianza hasta la misma cámara secreta.
Por su parte, la ONPE debe darles atención preferente para votar, evitando formar colas para ingresar al aula y proporcionales sillas de ruedas u otro apoyo biométrico para que puedan acceder a su mesa de votación. En caso el elector con discapacidad lo requiera, en los locales con voto convencional, los miembros de la mesa deben bajar al primer piso del centro de votación, para que dicha persona pueda votar en el módulo instalado.
Por otro lado, para los electores con discapacidad visual -que lo requieran- deberán tener plantillas en Braille, de no haberlas o no ser solicitadas, las personas podrán ser acompañadas por otra de su confianza hasta la misma cámara secreta. Por su parte, las personas sordas podrán contar con el apoyo de un intérprete de lengua de señas o comunicarse por escrito.
La Defensoría del Pueblo realizará el seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas por la ONPE, para que se garantice el derecho al voto de las personas con discapacidad, de manera adecuada y contando con los apoyos necesarios.
