Organizaciones de derechos humanos y discapacidad lanzan campaña “Mis derechos también importan”, a fin de que los candidatos presidenciales (Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski) se comprometan públicamente a firmar un compromiso con el millón 575 mil peruanos que tiene algún tipo de discapacidad en el país. Así desde la Mesa de Discapacidad y Derechos de la CNDDHH -conformado por 15 organizaciones*- se viene impulsando que se incluyan seis ejes temáticos (salud, educación, empleo, accesibilidad, protección social y capacidad jurídica) para revertir las brechas de este sector poblacional.
Hace una década empezó el decenio de las personas con discapacidad, sin embargo los avances para reducir las desigualdades no son nada alentadores: 78% de niños y adolescentes con discapacidad que están fuera del sistema educativo, pues se estima que menos del 1% de las escuelas (inicial, primaria y secundaria) tienen condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad (INEI) y el 92.1% de las instituciones educativas supervisadas por la Defensoría del Pueblo señaló no haber recibido ningún tipo de material adecuado para la inclusión de estudiantes con discapacidad. El 38,2% de este sector poblacional no tiene ningún seguro de salud, y el 76.8% se encuentran económicamente inactivas.
Durante este decenio, el logro que más se resalta es la promulgación y reglamentación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, N° 29973, la cual se ha visto empañada por su incumplimiento. “Estamos terminando este decenio con muchas falencias, se ha avanzado, pero todavía hay mucho por hacer, principalmente en educación, salud, trabajo y accesibilidad”, señala Hugo León, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (Confenadip) organización miembro de la Mesa.
“Existe un reto en el nuevo gobierno en evidenciar una real voluntad política. Existe un círculo vicioso entre discapacidad y pobreza. En una familia en la que alguien nace o adquiere una deficiencia se convierte en un factor de empobrecimiento porque todavía no contamos con una serie de políticas que puedan atenuar este tipo de situaciones”, señala Madezha Cepeda, integrante de la Mesa de Discapacidad de la CNDDHH.
Esperanza Villafuerte, consultora en políticas de inclusión, equidad de género y personas con discapacidad, remarca que es fundamental que la aplicación de políticas públicas deben ser consultados a las personas con discapacidad, organizaciones y colectivos. “Si no se nos incluye, es muy difícil que tengan algún impacto significativo en la calidad de vida de las personas con discapacidad”, enfatiza.
