Ya es tiempo de frenar los abusos de las ONG
El Presidente de la República manifestó su desacuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional algunos artículos de la Ley sobre las ONGs, propuesta por el Congreso. A criterio de García, el Tribunal debió esperar a que se incorporasen sus nuevos miembros para pronunciarse.
Debemos tener en cuenta que las ONG canalizan fondos de la cooperación internacional presentándose ellas mismas como representantes civiles de la defensa de derechos humanos, ecología, la mujer, los pobres, la educación, entre otros fines, que se realizan en el Perú o a nombre de diversos sectores de la población del Perú. Es decir, utilizan la representación de la peruanidad en sus diversos aspectos. Esto es, utilizan condiciones especiales de representatividad en el Perú. Sin el Perú no podrían representar a nadie.
Desfile de miles y millones de dólares, no se sabe a dónde ni para quiénes
Por este hecho, estas organizaciones deberían estar sujetas a la transparencia, inclusive, a la competencia. Son conocidos los casos de ONGs que reciben fondos de cooperación internacional, por ejemplo, a nombre de los pobres o los derechos humanos, en las cuales sus funcionarios comienzan siendo gente de modestos recursos, pero pasan de pronto a poseer auto del año, casa y lucen otros signos exteriores de riqueza, mientras que no se sabe cuánto entregan a los pobres o a las causas que defienden. O los casos de ONGs como aquella cuyo directivo principal —según denunció un diario local— era un ex ministro que alquilaba su casa a su ONG por 25 mil dólares mensuales.
Control de la SUNAT
Una de las razones que alegan quienes rechazan la propuesta legal es que la SUNAT fiscalizará a las ONGs y que con eso es suficiente, porque serán controladas igual que cualquier otra empresa privada.
En primer lugar, no se trata de cualquier empresa privada que arriesga su capital, se trata de personas que pretenden representar a sectores del Perú y que además se acogen a beneficios tributarios especiales, por lo tanto, no contribuyen con el fisco como lo hacen las empresas privadas.
Por otro lado, cuando la SUNAT fiscaliza una empresa, se limita a determinar el correcto importe que corresponde pagar por tributos y su cumplimiento. En ningún caso es función de la SUNAT analizar cuestiones como conflicto de intereses (funcionarios que realizan pagos a las empresas o personas allegadas), nepotismo, sobrevaloración, gastos innecesarios o superfluos, entre otros usos inapropiados de dinero de entidades sin fines de lucro.
Por esta razón, la fiscalización de la SUNAT no es ninguna garantía del honesto uso de los fondos, aunque las ONGs cumplan con pagar todos sus impuestos.
Transparencia
Sería necesario que las ONGs, así como reclaman transparencia en las instituciones públicas, cumplan con exhibir transparencia ante la ciudadanía, para lo cual deberían estar obligadas a publicar en internet detalle de planillas y gastos de bienes y servicios, para que cualquier ciudadano pueda opinar.
Injerencia del gobierno
Las pretensiones que no deberían ser aceptables de parte del gobierno serían la priorización de actividades internas de las ONGs, lo cual sería un acto que violaría su libertad de acción, teniendo en cuenta que estas ONGs están limitadas por suficientes disposiciones legales, como muchas instituciones privadas.
Tampoco sería aceptable la cancelación de funcionamiento, a menos que los fondos se utilicen para fines distintos de aquellos para los cuales fueron creadas. Para todas las otras causales de cierre existen disposiciones legales que se aplican a las empresas privadas, por ejemplo, las causales de cierre que considera la SUNAT.
Alan García hace muy bien exigiendo transparencia en el manejo de las ONGs. Esperemos que pronto esta justa intención se cristalice en la correspondiente norma legal, sin que los ya conocidos lobbies de estas ONGs influyan en la futura decisión de congresistas ni del Tribunal Constitucional.
