Boicot a la Ley de Dependencia
Por Ana Muñoz (*)
En Madrid, nadie ha recibido aún ningún servicio o prestación de la Ley Dependencia, aprobada en 2006 por el Parlamento español. Esta es la denuncia del Partido Socialista (PSOE), impulsor de que se aprobara esa norma. En la capital de España, más de 23.000 personas estarían en situación de dependencia grave y, por lo tanto, tendrían que ser los primeros en recibir apoyos a través de la Ley. Sin embargo, según denuncia el partido político, sólo un 3% de expedientes se han iniciado. En el resto de España, ya son más de 130.000 personas las que reciben ayudas y servicios adecuados a su situación de dependencia.
La Ley de Dependencia se presentó como el reconocimiento de un derecho humano: acceder a los cuidados necesarios para tener una vida digna. Miles de personas aplaudimos esta norma que se convertía en el “Cuarto Pilar del Estado de bienestar”, junto a la educación, a la sanidad y a las pensiones. Sin embargo, los intereses políticos de los partidos, de las Comunidades Autónomas, etc. han triunfado por encima de los derechos de aquellos que más lo necesitan. Una vez más, las diferencias entre la clase política hace que los ciudadanos sean quienes “paguen los platos rotos”. Esta situación hace que los ciudadanos españoles no sean iguales y que sus derechos no sean los mismos según en el territorio en el que estén. Así, un andaluz o extremeño dependiente no es igual a otro madrileño. La diferencia: los primeros ya reciben ayudas y servicios por su situación y el madrileño, aún no.
Las prestaciones que la Ley contempla incluyen ayudas a domicilio, teleasistencia, construcción de nuevos centros de día, más plazas en residencias y ayudas a las familias que se dedican por completo a cuidar de sus enfermos, mayores o discapacitados.
En España, más de un millón de personas no pueden valerse por si mismas y menos del 7% de las familias que cuidaban a personas dependientes recibían algún tipo de apoyo de la Administración Pública antes de que la Ley de Dependencia entrase en vigor. Para desarrollar al completo la Ley, el Gobierno español tendrá que dedicar más de 26.000 millones hasta 2015 en el sector de la asistencia social para personas mayores y/o discapacitadas.
Para la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esta nueva situación abre nuevas posibilidades de negocio. En Madrid, hay más de 170.000 personas mayores de 65 años y que, probablemente, necesitarán de ayudas en el futuro. Así, desde la Administración madrileña se habla de las nuevas oportunidades que existen para la “iniciativa privada”. Los mayores, los enfermos y las personas con discapacidades severas se convierten, de este modo, en un “gran negocio”. No sólo para empresas que se dedican a la atención y a los servicios sociales, también se abren posibilidades para aseguradoras, bancos, constructoras. Y todos ellos quieren un trozo del pastel.
Sin embargo, un sistema público de servicios sociales es fundamental para que los principios de solidaridad, de justicia social y de universalidad no queden por detrás del beneficio económico, que buscan las empresas. Ni tampoco es justo que el cuidado de las personas mayores o dependientes recaiga en las familias, en un 83% en la mujer. Hoy las mujeres trabajan fuera de sus casas y no tienen que dejar a un lado su carrera profesional para cuidar a sus padres o a un hijo discapacitado. Gracias a leyes como la española la asistencia y el cuidado ha dejado de ser un privilegio y ha pasado a ser un derecho: todas aquellas personas dependientes tiene derecho a una atención profesional para llevar una vida lo más digna posible. Y por ello, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, como obliga el que la Ley de Dependencia no se de por igual en todo el territorio español.
(*) Periodista
ccs@solidarios.org.es
