El juez Baltasar Garzón fue condenado hoy a 11 años de inhabilitación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que lo halló culpable de autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.
El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se desplazó este jueves a la sede del Tribunal Supremo.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Tras conocer la sentencia, Garzón abandonó el alto tribunal con semblante serio y sin realizar declaraciones, informó Europa Press, según recoge Télam.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Este miércoles quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir «todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad».
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.
Asimismo alegaron que «en casos ajenos al terrorismo», como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos también otra acusación de prevaricato contra él por supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Andina.
