El desastre de Massey Energy no fue sólo una tragedia, también fue un crimen

Por Amy Goodman

La compañía minera Massey Energy opera la mina de carbón Upper Big Branch (UBB, por sus siglas en inglés) de Virginia Occidental en la que veintinueve mineros murieron la semana pasada. Perder la vida es trágico, pero la explosión en UBB es más que una tragedia, es un crimen. Sin embargo, cuando una corporación es culpable de algún crimen no va a la cárcel, ni pierde su libertad, solamente paga una multa —lo que con frecuencia equivale a un tirón de orejas, el precio a pagar por hacer negocios.— Nadie ha demostrado esto con tanta claridad como el Director General de Massey Energy, Don Blankenship. Durante años, Blankenship ha sido el dolor de cabeza de los activistas contra el cambio climático y los defensores de la seguridad en las minas. Este último desastre minero, como mínimo, debería servir para atraer la atención sobre el tema de las grandes inversiones destructivas que pisotean a las comunidades y los derechos del medio ambiente y los trabajadores.

Según las especulaciones iniciales, la causa de la explosión habría sido la presencia de gas metano en la mina. La mina UBB de Massey ha recibido cientos de citaciones por violaciones a la seguridad, entre ellas, algunas por no evacuar el metano por medio de ventilación. Otra causa pudo haber sido la proximidad de esta mina a las operaciones de extracción en superficie que lleva adelante Massey en minas cercanas. La extracción en superficie implica la voladura de las cumbres de las montañas mediante explosiones, lo que proporciona acceso a las vetas de carbón pero causa una extensa destrucción del medio ambiente. El periódico Wall Street Journal informó el lunes que el Estado de Virginia Occidental llevará a cabo una investigación sobre la explosión que incluirá el posible impacto de las operaciones cercanas de minería a cielo abierto. El 1º de abril, pocos días antes de la explosión de Massey, la Administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Lisa Jackson, había presentado una nueva reglamentación que restringe las operaciones de extracción en superficie. Massey es el blanco principal de una creciente campaña de los movimientos de base contra la minería a cielo abierto. Entre quienes han sido arrestados durante las manifestaciones de protesta se encuentran el conocido climatólogo James Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, y la actriz Daryl Hannah.

Dieciséis mineros murieron en minas de Massey entre los años 2000 y 2007. Elvis Hatfield de 46 años y Don Bragg, de 33, murieron en enero de 2006 en el incendio de la mina Aracoma. Sus viudas demandaron a Massey Energy y a Blankenship. Durante el juicio, sus abogados presentaron un memo escrito por Blankenship meses antes del fatal incendio. En ese memo, Blankenship daba instrucciones a los encargados de minería profunda de concentrarse en extraer carbón antes que en los proyectos de seguridad. Blankenship escribió: “Si a alguno de ustedes los superiores de su grupo, supervisores, ingenieros o cualquier otra persona le ha pedido que haga otra cosa que no sea extraer carbón (por ejemplo: construir canales de ventilación, hacer trabajos de construcción o cosas así) es necesario que los ignoren y se dediquen a extraer carbón. Este memo es necesario únicamente porque parece que no estamos entendiendo que es el carbón el que paga las facturas.”

El carbón paga las facturas y paga además el salario de Blankenship, que según estima la agencia de noticias Associated Press asciende a 19.7 millones de dólares y sería el más alto de la industria minera del carbón. Blankenship es miembro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, es feroz opositor de la sindicalización de los trabajadores, implacable negador del cambio climático y firme opositor de la regulación. El pasado Día de los Trabajadores, Blankenship se refirió a los reguladores del gobierno durante una manifestación anti sindicalista y dijo: “El gobierno y los políticos estatales no saben cómo mejorar la seguridad en la minería. La sola idea de que ellos se preocupan más que nosotros por la seguridad en las minas de carbón es tan ridícula como el calentamiento global.”

El Director General de Massey, Don Blankenship, aportó tres millones de dólares a la campaña de un candidato a la Suprema Corte de Virginia Occidental. Su objetivo era reemplazar a un juez actuante de quien Blankenship temía pudiera expedirse contra Massey en la apelación del fallo de un tribunal por 50 millones de dólares. El candidato al que apoyó, Brent Benjamin, obtuvo el cargo y votó para dejar sin efecto el fallo. La Suprema Corte de Estados Unidos dejó luego sin efecto esta decisión haciendo referencia al hecho de que Blankenship había financiado la elección del nuevo juez y, finalmente, el caso sirvió de base a la novela legal de suspenso que publicara John Grisham en 2008: “La Apelación”.

Los fondos de pensiones y otros grandes inversores institucionales están exigiendo a Massey el despido de Blankenship. El último de los 29 cuerpos de los mineros que perdieron su vida en la mina de Massey la semana pasada ha sido recuperado. Sus muertes no deberían ser computadas por Don Blankenship como parte del precio a pagar por hacer negocios, sino que deberían encabezar la lista de delitos por los que debe ser procesado.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 emisoras de radio en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.