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Lourdes Gómez
Irlanda del Norte es un polvorín de rencillas políticas, comunitarias, militares e internacionales que corre peligro de estallar con el impacto del Brexit. La revisión de la actuación de las Fuerzas Armadas británicas azuza de nuevo el conflicto.
Siobhan Keegan
Una investigación forense-judicial concluyó esta semana que diez ciudadanos norirlandeses que murieron en una operación del Ejército del Reino Unido, en agosto de 1971, eran «completamente inocentes». La juez Siobhan Keegan, que presidió el caso, confirmó que ninguna de las víctimas portaba armas y que el «uso de la fuerza fue claramente desproporcionado» e «injustificado» en las tres jornadas, del 9 a 11, que duró el despliegue militar en un barrio de Belfast.
DESPLIEGUE MILITAR
El Regimiento de Paracaidistas, cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas, se desplegó en las provincias británicas del Ulster inmediatamente después de la introducción de la «operación de internamiento» (detención sin juicio). Fue una estrategia controvertida y contraproducente. Pretendió retirar de las calles a individuos radicales de ambas comunidades, nacionalista irlandesa y unionista pro-británica. Pero apuntó masivamente contra jóvenes católicos y se convirtió en el principal foco de reclutamiento del IRA.
«No hay duda de que lo que sucedió en Ballymurphy provocó más violencia y una mayor escalada», reconoció el ministro de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, en su respuesta oficial al informe. La encuesta forense fue finalmente autorizada en 2011 con el propósito de esclarecer cómo, cuándo y donde perdieron la vida los diez civiles. Defensa aún se reserva la identidad de soldados involucrados en la acción.
VERDAD Y JUSTICIA
La resolución de la jueza es la primera victoria de las víctimas de la ‘Masacre de Bullymurphy’, como se conoce la matanza que tuvo lugar en el barrio del mismo nombre de Belfast. Francotiradores militares abatieron al sacerdote Hugh Mullan mientras corría, ondeando un pañuelo blanco en su mano, a socorrer a otros caídos a balazos. Joan Connolly, madre de ocho hijos, quedó fatalmente herida y desatendida en una explanada del barrio. Los operativos demostraron «básica inhumanidad», de acuerdo con el detallado informe de cada caso.
Los familiares respiraron aliviados tras escuchar a Keegan. Lograron establecer la verdad tras cincuenta años de lucha. Pero el brote de satisfacción fue breve. Se sienten defraudados y humillados por la respuesta del primer ministro, Boris Johnson. El abogado del colectivo, Pádraig Ó Muirigh, compartió en Twitter la «torpe disculpa» que el mandatario conservador le envió por correo electrónico. «Su inepta gestión es otro ejemplo del tratamiento despectivo de las familias de Ballymurphy. No menciona al Regimiento involucrado, ni su derecho a la Justicia, únicamente se refiere a los «eventos de Ballymurphy», reprochó el letrado.
PROTESTAN LAS VÍCTIMAS
En la carta, Johnson se disculpa personalmente del «terrible daño» causado y por la «angustia» provocada durante tantos años de campaña «buscando la verdad». Pero ni reconoce el término «masacre», ni respalda su demanda de justicia. «No fue un evento, fue asesinato en masa», denunció en la conferencia de prensa Carmel Quinn, quien perdió a su hermano, John Laverty, el día 11 del sangriento agosto.
El Ejecutivo conservador quiere dar carpetazo a las investigaciones judiciales sobre los crímenes no esclarecidos en treinta años de violencia sectaria en Irlanda del Norte. Es un ejercicio de reparación y recuperación de la memoria que se acordó en los tratados de paz alcanzados después de 1998. Pero sentar en el banquillo de los acusados a veteranos de las Fuerzas Armadas desplazadas al Ulster, provoca ira en las bases y cargos electos del partido, además de tensión en la región.
AMNISTÍA GENERAL
Así, el programa legislativo del Ejecutivo de Johnson, anunciado esta semana, propone establecer un mecanismo de «recuperación de información y de reconciliación» para abordar el llamado «legado del pasado». El proyecto de ley aun no se ha publicado, pero documentos filtrados a la prensa días atrás hablan de conceder amnistía judicial tanto a exsoldados británicos, como a combatientes del IRA y paramilitares lealistas.
Políticos unionistas y republicanos, además del Gobierno de Dublín y grupos de víctimas, se oponen a la medida de gracia, que Johnson contempla aplicar a incidentes anteriores al Acuerdo de Belfast del Viernes Santo de 1998. El controvertido plan formó parte de la conversación que Johnson mantuvo con su homólogo irlandés, Micheál Martin, en la finca oficial de Chequers, en Inglaterra.
«El primer ministro reafirmó el compromiso del Gobierno del Reino Unido de encontrar la forma de avanzar en Irlanda del Norte que aprueben las víctimas, contribuya a recuperar la verdad y ayude a las comunidades en el futuro», señaló su portavoz en Downing Street.
Ambos jefes de gobierno se reunieron en la campiña inglesa en una fase de grave tensión en la comunidad unionista y alarma en el sector lealista norirlandés ante las consecuencias de los acuerdos del Brexit, que han creado una frontera económica entre el Ulster y el resto del Reino Unido.
Con información de Sputnik
