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El irresponsable y los “comechados”
Por Prof. Olger Melgarejo Rodríguez
Esta ha sido una semana de sentimientos encontrados: de total asco por la forma que Chile nos trata mediante su poder judicial “independiente”, de dimes, diretes y roces constantes entre los gremios en conflicto, principalmente los profesores contra el gobierno; es decir, una semana para el olvido, tras otra en la que también el evaluador inefable e inepto Aurelio Pastor descalificaba a los candidatos que obtuvieron los puntajes más altos para el TC y declaraba ganadores a abogados ligados al APRA; ¿evaluación para ello?, ¿ocurrirá lo mismo en el magisterio?
Enojado por la extensión e intensidad de las protestas que se dan en todo el territorio nacional, el presidente Alan García Pérez, quien ya llamó “comechados” a los maestros, acusa a la dirigencia del Sutep y a los demás representantes populares que participan en las movilizaciones de protesta en todo el país de actuar motivados por una ideología (el marxismo) que “ha sido sepultada por la historia”; pero su imputación nada convincente y subjetiva sólo refleja sus temores y temblores por cuanto la ideología que en verdad ya se encuentra sepultada y lapidada por la corrupción es el aprismo, cuyo líder en su primera gestión añadió a nuestro vocabulario nuevos términos como el GRAN CAIMÁN, BCCI, etc.
En este fúnebre escenario montado por un personaje aún perseguido por los espectros de los trescientos presos asesinados hace 21 años durante su primer gobierno, los sucesos acaecidos en esta semana merecen especial observación y análisis concienzudo por cada uno de nosotros, para evitar quedarnos en la anécdota del tumulto y la represión policial y militar. Los reclamos y reivindicaciones que sustentan la lucha magisterial no son sólo de carácter económico o de oposición a la evaluación; comprenden un conjunto de problemas y situaciones no resueltos a los que el gobierno quiere dar —o da—, a través de adictos y serviles medios de comunicación, una respuesta que es represiva y denigradora. Decimos “quiere dar”, porque realmente nadie puede dar lo que no tiene; el gobierno del Apra, entidad intrínsecamente mediocre, carece de hombres capaces, cualidad que se necesita ahora, para dar un tratamiento adecuado a la problemática de la educación en el Perú; y esto requiere de la participación de políticos que, lejos de repetir a voz en cuello los insultos que salen de la boca del presidente, indaguen y entiendan la raíz del problema; también se necesita el concurso de profesionales con autoridad moral y académica, que tengan la mente despercudida de prejuicios contra el SUTEP o contra el gobierno. Pero esto es pedir lo imposible, si sabemos que ahora es ministro de Educación un personaje cuyo principal mérito ha sido desempeñar la rectoría de una universidad privada en la que ocasionalmente Alan García Pérez fue profesor.
Entendida la evaluación como proceso de medición académica, podemos decir que siempre ha generado temores; y el resultado de su aplicación motiva —aquí y en cualquier parte— la existencia de un grupo de no exitosos o reprobados, lo que no debe causar ansiedad siempre y cuando la evaluación se prepare y aplique con calidad académica, honradez y limpieza. Al emprender una medición de los méritos y rendimiento académico de los profesores, es un imperativo que se haya tomado en cuenta la idoneidad de la entidad o grupo humano que aplicará la prueba o instrumento de evaluación; esto significa que hoy por hoy el evaluador no debe pertenecer al Apra, ni encontrarse al servicio de este grupo político que durante la primera gestión de Alan García colocó en el sector Educación a miles de apristas sin título profesional; tampoco deben participar entidades ajenas a la formación de maestros, como fue el caso de la ONG que evaluó a los profesores, sin ser experta en Educación pero sí en plantas y animales.
La nueva ley del profesorado, que fue aprobada de manera irregular por el Congreso, debe pasar por un proceso gradual de análisis y estudio que tome en cuenta los planteamientos del Ministerio de Educación, del Sutep, de los padres de familia y de las universidades, para finalmente llegar a una propuesta bien consensuada que pueda debatirse públicamente —en especial en lo que atañe a la evaluación de profesores— en un canal de televisión, entre los representantes del Ministerio de Educación, el Sutep y las universidades a fin de que respondan y esclarezcan las preguntas que les conciernen. Esta actitud constituiría un serio gesto de reconciliación que sirva de modelo a los sectores en conflicto, y quien gane con ello sería el pueblo.
Considero que no se trata de ubicarse junto a uno de los contrincantes sino al medio, como quien busca la verdad sinceramente porque la Educación se da en nuestro país en un contexto sumamente peligroso y antiacadémico. Mi corta experiencia en los centros educativos CN Pablo Patrón de Chosica y el CE 1121 María Parado de Bellido de Santa Anita me enseñó que el docente debe tener mucha vocación porque sólo el requisito del conocimiento es insuficiente para formar a los alumnos que provienen de hogares, donde los padres insultan y agraden físicamente a los hijos y que en la mayoría de las veces son matriculados en el colegio sólo para mantenerlos lejos del hogar. Esto se agrava por la influencia del ambiente, por ejemplo: los titulares de la prensa amarilla, los programas de la televisión basura, las revistas pornográficas, la venta en las calles de drogas y estupefacientes, la tan tolerada prostitución callejera, el pandillaje, el licor y otros vicios al alcance de los escolares en algunas tiendas que funcionan clandestinamente con la mirada cómplice de la autoridad local y la Policía Nacional, etc.
En tal contexto, ¿será posible transformar a los alumnos desaprobados en académicos de algún valor manteniendo incólume la fetidez moral? En primer lugar, ¿no sería preferible limpiar siquiera parcialmente nuestro medio de la mugre espiritual? A través del tiempo, he conocido profesores competentes académicamente, pero algunos de ellos, faltos de autoridad e ineptos para llegar al alumnado. Para evaluar proponemos considerar los siguientes puntos:
1) Ante el hecho real de que un elevado porcentaje de maestros tiene bajo nivel académico, el Apra plantea la capacitación, un proceso que será de nunca acabar, puesto que en ningún momento nuestro insultador presidente de la república se ha hecho la pregunta “¿De dónde salen estos profesores tan deficientes?”, que le permitiría descubrir una de las raíces del problema. La respuesta es “Esos deficientes profesores egresan de las universidades e institutos pedagógicos con el título bajo el brazo”. Este enfoque realista y sincero del problema debería llevar a una necesaria coordinación entre el Ministerio de Educación y las universidades; no es posible que estas instituciones sigan formando maestros a tientas sin tomar en cuenta lo que exigen y necesitan el Ministerio de Educación (empleador principal de profesores) y la sociedad.
2) La profesión de educador debe ser dignificada, de manera que en las universidades postular a Educación tenga el mismo peso o prestigio que postular a Ingeniería, Ciencias Económicas o Derecho. Esto supone dos cosas: a) seleccionar cuidadosamente a los postulantes, planteando niveles altos de exigencia; b) asegurar en el presupuesto de la república el dinero necesario para ofrecer salarios atractivos a los maestros (que al salir bien formados de las universidades ya no necesitarían someterse a permanentes capacitaciones).
3) Para interpretar como verdaderas las ideas que exponemos en los puntos 1) y 2), y para transformar ese convencimiento en acciones positivas, conducentes a la resolución de problemas, es necesario que los gobernantes asuman y acepten la realidad de que la formación dada a los futuros profesores en las universidades es una farsa, que ocasiona un daño enorme a la sociedad. Si la clave para un futuro de modernidad es la educación, así como están las cosas, el Perú no tiene futuro, ni con mil de las “capacitaciones” que realice el Apra.
4) En lo que respecta al personal que labora en el Ministerio de Educación, ¿quiénes son los responsables en este ente rector de contratar o nombrar a un profesor que no rinde académicamente? No es el Sutep quien contrata o nombra. Aquí hay que deslindar responsabilidades: los inadecuados criterios de selección y los mediocres funcionarios del Ministerio de Educación constituyen una buena explicación del origen del nombramiento de maestros académicamente deficientes. ¡Y después los del ministerio, cuando termina el mandato de un presidente, hacen como que acaban de descubrir que entraron de contrabando miles de maestros incapaces! ¡Si son ellos mismos quienes por cuestiones políticas o por su incapacidad de seleccionar bien han nombrado a ese personal deficiente! ¡Qué tal farsa!
5) Ahora que ya se inició el proceso de la mal llamada “capacitación”, ¿existe la garantía de que los seleccionadores del grupo capacitador son profesionales confiables?; ¿seleccionador y capacitador podrían dar una clase modelo en el aula de un centro educativo de cualquier zona marginal y responder a las preguntas de los profesores que van en busca de capacitación?
