César Barrera Bazán, dirigente de Patria Roja.

El Perú vuelve a enlutarse con la muerte absurda de cinco compatriotas de las provincias de Celendín y Hualgayoc, a consecuencia de la irresponsable forma de encarar y resolver las demandas sociales que asume el actual gobierno y que no guarda ninguna diferencia con el autoritarismo e indolencia de sus antecesores.

Ante esta nueva tragedia, manifiesto lo siguiente:

PRIMERO. Nuestras más sinceras condolencias a las familias que hoy lloran la muerte de sus seres  queridos y nuestra solidaridad con su pueblo, con cuyas legítimas demandas ellos se identificaron plenamente.

SEGUNDO. Poner en claro que la lucha del pueblo de Cajamarca ha sido, es, y seguirá siendo justa y legítima. Es la demanda por que se respete  su derecho humano al agua y a vivir en un medio ambiente saludable, articulado a un proyecto de desarrollo integral sustentable y sostenible, sin el  extractivismo minero depredador contaminante y corruptor.

TERCERO. Recordar que las demandas del pueblo cajamarquino se fundan plenamente en su experiencia vivida, en la que por siempre la depredación minera ha arrasado con los campos, cuencas, lagunas y ríos, de los cuales hoy solo queda el recuerdo. Es que la riqueza y el “crecimiento” se fueron siempre al extranjero y a los bolsillos de sus socios criollos y gobiernos corruptos de turno, dejando la desolación y la exclusión, la pobreza y el atraso para los cajamarquinos.

CUARTO. Es bueno recordar lo anterior y su experiencia actual inocultablemente negativa con Yancocha, así como  tener en cuenta el diagnóstico y las propuestas del ayer candidato  O. Humala que coincidían exactamente con lo que hoy demanda el pueblo de Cajamarca; inconsecuencia y capitulación que ahora la derecha apátrida, corrupta e intolerante aplaude y que los grandes poderes mediáticos, como en los tiempos del fujimontesinismo, distorsionan y manipulan  como  “información”.

QUINTO. Es menester dejar constancia de que tanto el pueblo cajamarquino como el Gobierno Regional han insistido en la necesidad de ser escuchados por el  Presidente Humala. Lamentablemente, el gobierno solo escucha a la empresa minera, de la que se ha convertido en su vocero y se niega a dialogar con el pueblo, sus organizaciones y el gobierno  regional. Solo se ha dedicado a montar “diálogos” mediáticos, a pretender aislar al gobierno regional, como en su última reunión con alcaldes en la que nunca se trató el tema Conga, pero que se le manipuló como de “Apoyo” a tal proyecto, exponiéndolos irresponsablemente a la condena de sus pueblos.

SEXTO. Hasta ahora el Comando Unitario que ha convocado y está conduciendo la resistencia del pueblo cajamarquino, como también su gobierno regional, han insistido en que su lucha es firme pero a la vez pacífica. Han reiterado siempre en su deslinde con cualquier PROVOCACIÓN VIOLENTISTA, venga de donde venga, en cuanto ella siempre termina favoreciendo a quienes, como el gobierno y sus ahora aliados, buscan “resolver” los conflictos sociales no a través del diálogo y los argumentos, sino mediante el autoritarismo, la represión, la venganza y la intolerancia de siempre.

SETIMO. Señalar con claridad que la responsabilidad política principal la tienen el gobierno, su Presidente y el gabinete Valdés, por negarse a dialogar con los actores sociales auténticos, pretendiendo reemplazarlos por felipillos modernos y  haberse alineado, desde un principio, con los intereses minero-extractivistas de la nefasta Yanacocha.

OCTAVO. A la luz de los hechos, está demostrado que el gobierno actuó desproporcionadamente al ordenar provocadoramente y en primera intención el uso de armas de fuego letales, cayendo abatidos mortalmente cinco paisanos. Lamentable y condenable, porque ya se había advertido que la irracionalidad del gobierno, por su compromiso con Yanacocha, podía estar planeando imponer a sangre y fuego su Proyecto. Ya lo está haciendo con los mismos repudiables “argumentos” del “Perro del Hortelano” del entreguista y corrupto Alan García y mintiendo como lo hace en un Comunicado el Ministerio del Interior y el poder mediático culpando  a los manifestantes de haber disparado a sus propios compañeros, tan igual como el fujimorismo hablaba de “autosecuestros” y fue capaz de incendiar el Banco de la Nación para culpar a los manifestantes de la Marcha de los Cuatro Suyos.

NOVENO. Exigir el inmediato levantamiento del estado de emergencia y la militarización de Cajamarca, el cese de la represión contra el  pueblo y sus dirigentes, la libertad inmediata de los detenidos. Que se investigue imparcialmente y se sancione política y penalmente  a los verdaderos responsables de estos nuevos asesinatos: el gobierno y su gabinete.

DÉCIMO. Llamar a la más amplia solidaridad con el pueblo cajamarquino, sus dirigentes y gobierno regional, al apoyo a su ejemplar resistencia cívica permanente, a su demanda de ser escuchados y respetados en su legítimo derecho de vivir en un ambiente saludable, al agua y al desarrollo integral, libre del extractivismo minero depredador y corrupto. Impulsar a lo largo y ancho del país la Jornada Nacional del 12 de julio, articulando las demandas de los pueblos hoy en lucha con la necesidad de una Nueva Constitución.

Perú, julio de 2012

 

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