Por Rocío Ferrel
Es necesario que se inicie un proceso a los exmandatarios y excancilleres y a los actuales por no haber cumplido con la Constitución que los obliga a defender nuestro territorio, ante la declaración del latrocinio del triángulo terrestre de Tacna por parte de Chile y la amenaza de su ministro de Defensa contra nuestras Fuerzas Armadas.
Desde antes de 1879 sabemos que Chile es un país bárbaro, ladrón y violador del derecho internacional, pues invadió nuestro territorio dos veces décadas antes de ese año y tras la guerra de rapiña de entonces no dejó su criminal comportamiento, derramando sangre de tacneños en 50 años de cautiverio y maniobras delincuenciales con el fin de impedir la reincorporación de Tacna.
En el año 2001 ya Chile mostró su intención de robo al instalar una caseta cerca del Punto Concordia, que se les obligó a retirar. Ese era el momento de colocar una caseta militar peruana y una bandera.
Lejos de ello, el traidor Javier Pérez de Cuéllar, no contento con las notas reversales de 1968 y 1969 que nos hicieron perder el mar tacneño en La Haya, entre gallos y medianoche, previamente había promulgado la ley 27415, desconociendo el Punto Concordia, ley que posteriormente fue derogada. Ese traidor no puede morir y ser enterrado con honores, debería negársele la tierra peruana para evitar que depositen sus restos infectos. La Historia también debe condenarlo.
Aunque la sanción legal no los alcance necesariamente, debería alcanzarlos la sanción moral de la ciudadanía, por haber sido responsables del abandono de ese triángulo y dejarlo a merced de los apetitos chilenos.
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