La Comisión de Justicia aprobó, el dictamen que modifica el Decreto Legislativo 1326, norma que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado.
El dictamen, aprobado con 13 votos a favor y 2 abstenciones, corresponde a los proyectos de ley 1724/2021-CR, 2561/2021-PE, 2855/2022-CR, entre otros.
La iniciativa modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1326 e incorpora nuevas reglas para la actuación de los procuradores públicos. Entre los cambios principales, la propuesta establece que los procuradores ejercerán funciones por un periodo de cinco años, con posibilidad de ratificación por única vez, previa evaluación de desempeño.
El dictamen crea la figura de los procuradores públicos provisionales, quienes podrán ser designados por el procurador general del Estado, a propuesta del titular de la entidad, cuando una institución regional o municipal no cuente con procurador titular. La designación provisional tendrá un plazo máximo de dos años improrrogables o culminará cuando se cubra la plaza con un titular.
Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (bancada RP) observó la primera disposición complementaria transitoria, referida a la designación de un nuevo Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. El parlamentario sostuvo que esa medida podría afectar la estabilidad institucional de la entidad.
Muñante señaló que la propuesta interrumpiría un mandato vigente de cinco años y advirtió que ello podría contradecir criterios del Tribunal Constitucional sobre la remoción de funcionarios con plazo fijo. Además, afirmó que la medida vulneraría el artículo 103 de la Constitución, al aplicar efectos sobre situaciones jurídicas ya consolidadas.
En esa línea, pidió retirar dicho extremo del dictamen por considerar que afectaría la autonomía del Ejecutivo, la seguridad jurídica y el debido proceso.
Por su parte, el congresista Alex Paredes (bancada SP) cuestionó la situación económica de los procuradores públicos provisionales. Sostuvo que muchos de ellos asumen una alta carga laboral sin una remuneración adecuada.
Además, el parlamentario invocó el principio de “igual trabajo, igual remuneración” y respaldó la revisión de la disposición vinculada al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. El presidente de la comisión, Flavio Cruz, se sumó al pedido de revisión planteado durante el debate.
