Como se sabe, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional (TC) es un conocido militante aprista, hecho que lo ha reconocido inclusive ahora, en ejercicio de sus nuevas funciones, lo que constituye una circunstancia que no tiene precedentes.
Hace mal García en comparar las defectuosas democracias sudamericanas con la sólida democracia de Estados Unidos, país donde no sólo los dos partidos que dominan el panorama político son estables y añejos, sino que las instituciones son entidades fuertes, que están por encima de cualquier personalismo.
No hay punto de comparación con el Perú, país con partidos políticos que tienen poca representatividad y se deslegitiman siempre a poco de llegar al poder. El partido más antiguo, el Apra, que está cercano al siglo de existencia y en pleno siglo XXI se ha alejado de la democracia para convertirse en estropajo de los caprichos personales de su jefe Alan García.
Lo grave es la incapacidad de reacción de sus militantes, que siguen a pie juntillas los mandatos alanistas, aunque colisionen con principios básicos del derecho y de la ética. En el Congreso la bancada aprista vota por consigna, obedeciendo al Presidente de la República. Para muestra tenemos el escandaloso caso de Tula Benites; la consigna inicial fue defender a la parlamentaria pese a lo evidente de las pruebas, pero más adelante, sólo ante el escándalo que el hecho produjo en la opinión pública, Alan García ordenó un retroceso para guardar las apariencias y al fin sancionarla. Vemos una disciplina dictatorial, donde los militantes son nada o son sujetos sin capacidad de cuestionamiento. En el mejor de los casos, los pocos que se atreven a plantear puntos de vista distintos del mandato del jefe partidario son ignorados; se desconoce su capacidad pensante.
Mesía y el TC
Así las cosas, el sabio conocimiento de nuestra realidad considera como cargo apolítico, entre otros, el importante puesto que ahora ostenta Carlos Mesía en el TC. Si ha reconocido públicamente su militancia aprista, el único camino decente que tiene Mesía es renunciar, de lo contrario, las instituciones ciudadanas deberían obligarlo a retirarse.
Además hay algo muy grave: entre los casos que tendrá que analizar el TC se encuentra la matanza del Frontón, en la que están comprendidos el presidente Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri. ¡Pero precisamente es García quien defiende a Mesía!
Definitivamente se están rompiendo todos los límites del derecho, de la ética y de los escrúpulos naturales que deberían conducir a los ciudadanos en su labor pública. Mesía es aprista, pero podría haber sido del Partido Nacionalista, de Unidad Nacional o de cualquier otro, lo que importa es la indepedencia.
¿Renunciar al partido y aceptar el cargo público?
En este tipo de casos la ley adolece de un serio defecto, pues estipula que para ejercer un cargo apolítico el funcionario debe renunciar a su partido en forma previa. De esta manera, un magistrado puede hoy renunciar a su partido y mañana aceptar un cargo apolítico.
En el caso del Apra, muchos de sus militantes no son nuevos, sino que incluso desde su niñez son apristas. En ese partido se practica una suerte de persuasión coercitiva, todos obedecen consignas. En el mejor de los casos utilizan la táctica de la conocida "escopeta de dos cañones" para tranquilizar a la opinión pública; es decir, en estudiado teatro, un militante da la contra a la propuesta oficial, sabiendo que al final su opinión no contará.
¿Acaso una ideología aceptada por una persona durante varios años (en muchos casos desde la niñez) puede ser abandonada con la sola renuncia para ejercer un cargo público? Nadie que tenga un mínimo de inteligencia aceptará que porque ese funcionario renuncia a su militancia va a dejar de ser de hecho un verdadero aprista. Está claro que seguirá siendo aprista. Por ser aprista, la consecuencia lógica es que seguirá obedeciendo consignas.
En Europa se manejan ya los conceptos de impedimento para ostentar cargos judiciales a miembros de organizaciones que practiquen la persuasión coercitiva o que se manejen bajo consignas que anulen la individualidad y el libre albedrío de la persona.
La independencia de los cargos en la administración de justicia o relacionados con ella, debe ser defendida y vigilada por la ciudadanía, con mayor razón si se trata de puestos importantes. En este contexto se necesita mofificar la legislación y se debe exigir como requisito previo para ejercer un cargo apolítico la renuncia al partido político (sea el Apra, Unidad Nacional o cualquier otro partido) como mínimo con diez años de anticipación.
A propósito de militancia, no vemos que ninguna institución, pública o privada, se ocupe del continuo ocultamiento del Apra del padrón de sus militantes. La lista completa de militantes de todos los partidos debe ser accesible por lo menos en internet. La omisión de esta obligación debería ser sancionada con multas crecientes y en caso de burla reiterada a las normas debería proscribirse al partido violador de la ley.
Mientras tanto, en ejercicio de sus funciones, Mesía daría un signo de independencia demostrando que no se parcializará con García y a Giampietri en el caso del Frontón, la ciudadanía espera una conducta imparcial.
