Cómico Carlos Álvarez busca la presidencia pero solo estudió hasta secundaria

El hampa congresal es la responsable de permitir que cualquier aventurero, corrupto o incapaz pueda postular a la Presidencia, el Congreso, así como a alcaldías y gobiernos regionales debido a que legislan en función a sus intereses, es decir, quieren que resulten elegidos gente como ellos.

Los esperpentos congresales son los que tienen que legislar y cambiaron muchos puntos de la Constitución de 1993, que no cambió los requisitos de la Constitución de 1920, por lo cual basta ser peruano de nacimiento y tener al menos 35 años de edad. Es decir, tenemos atraso de más de un siglo, donde había altos niveles de analfabetismo, muchos no terminaban la primaria ni la secundaria.

Pero estamos en el siglo XXI, donde la educación escolar llegó incluso a las alejadas comunidades selváticas donde los ciudadanos que se esfuerzan si desean también envían a sus hijos a la universidad peruana o extranjera. Es un anacronismo permitir que alguien que conducirá nuestros destinos no tenga al menos estudios universitarios terminados y eso ha permitido que un cómico con solo estudios secundarios, como Carlos Álvarez (como advirtió su hermano), quien toda su vida solo se ha dedicado a los chistes, pretenda gobernarnos.

¿Qué criterio puede tener para gobernar alguien con esa escasa formación? Lo más probable es que se entregue en las manos sucias del fujimorismo, a quien sirvió hasta en sus momentos más criminales bailando al ritmo de la telebasura.

Peor, la mugre congresal permite que postulen sujetos con investigaciones fiscales por toda clase de delitos, incluso graves, lo que expone a nuestro país a que se puedan instalar en el poder corruptos, violadores, terroristas, asesinos, rateros. Para ello establecieron que para impedir postular a una persona tiene que existir una sentencia firme, lo cual es celebrado por los delincuentes, porque para que un juez emita una sentencia firme pueden pasar años y hasta décadas, tiempo en el cual los delincuentes se enquistan y hacen metástasis enfermando gravemente al aparato estatal.

El derecho a ser elegido no debe ser tratado como el derecho a la vida en un mundo moderno. Todos tienen derecho a la vida, pero tratandose de gobierno el bien principal es la seguridad y bienestar de los ciudadanos y el país y para ocupar el cargo más alto debe haber restricciones básicas.

Por ello, la ciudadanía debe exigir que para ocupar cargos de elección el candidato no solo debe tener estudios universitarios terminados (salvo en elecciones rurales) y un pasado limpio de delitos, no solo con sentencia sino en proceso, es decir, en investigación fiscal.

Además, deben ser prohibidos de postular todos aquellos que perpetren actos de incivilidad que no son delitos, como deber a la Sunat, deber alquileres, ensuciar las vías o el medio ambiente, vivir de la prostitución, etc. Esto porque políticos como Verónika Mendoza, relacionada con el candidato de Juntos por el Perú Roberto Sánchez, en las pasadas elecciones inscribió a una prostituta confesa de candidata al Congreso.

Una prostituta es una persona que necesita ayuda del Estado, no que debe ser colocada para gobernarnos ni promulgar leyes. Estas personas son ejemplo de lo que el Estado debe evitar que suceda con los seres humanos, una grave degradación moral empujada ya sea por la necesidad material o las carencias educativas y morales.