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El abogado penalista Luis Lamas Puccio asegura que el arresto de ayer del exmandatario Alejandro Toledo es “la partida de nacimiento” del proceso de extradición, cuya solicitud fue formalizada por el Estado peruano en mayo del año pasado.
Explicó que corresponde ahora que los jueces norteamericanos verifiquen si existen o no las garantías de un debido proceso, que no existe persecución política y si se cumplen con las exigencias del tratado bilateral en materia extradición suscrito entre el Perú y Estado Unidos.
Precisó que el proceso de extradición no es igual a un proceso penal común respecto a la comisión de un delito porque los jueces norteamericanos no juzgarán al expresidente peruano.
“Allá no se le va a juzgar a Toledo. Los únicos que pueden juzgarlo son los jueces en el Perú. Lo que se va tomar en consideración es si se cumple o no se cumple con las formalidades”, indicó al programa Andina al Día de la Agencia Andina.
El abogado estimó que la solicitud de Estado peruano podría resolverse como mínimo entre seis meses a un año, en el entendido que las autoridades norteamericanas son más expeditivas que las de otros países.
“Cálculo que la solicitud pueda ser resuelta en ultima instancia a nivel jurisdiccional en seis meses, sin perjudico que pueda dura año o más. Hay que tener presente cuál es la actitud e autoridades en el Perú”, refirió.
El expresidente Alejandro Toledo fue detenido ayer en Estados Unidos por existir mandato de extradición en su contra, según informó el Ministerio Público de Perú.
Lamas Puccio estimó también que el Estado peruano debería haber solicitado la extradición de Eliane Karp porque es parte del proceso.
La exprimera dama de la Nación está incluida en la acusación, con fines de extradición, que el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, formalizó el pasado 17 de junio contra el exmandatario, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
El Ministerio Público considera a Toledo Manrique y Karp como coautores del delito, por lo cual solicitó 16 años y ocho meses de prisión para cada uno.
Con información de Andina
