Disfrazado de campesino cajamarquino con el sombrero de Pedro Castillo, el congresista Roberto Sánchez Palomino busca con voracidad el sillón presidencial en estas elecciones 2026, sin embargo, lo que le sobra en ambición le falta en honradez y tiene en su haber diversas investigaciones y acusaciones.
Usó personal de su despacho para campaña política
Pese a conocerse los antecedentes del sobrino de Pedro Castillo, Gian Marco Castillo, investigado por la Fiscalía, lo contrató en su despacho congresal, con una remuneración pagada por todos los peruanos.
Al sobrino de Castillo se le investiga por presuntos delitos de colusión agravada y organización criminal en el llamado caso Puente Tarata, en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de un contrato de construcción de la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de las infraestructuras peruanas, caso que comprende a Bruno Pacheco.
Roberto Sánchez utilizó al sobrino de Castillo y a otro trabajador de su despacho, Ernesto Zunini Yerren, para realizar trabajo de proselitismo político, por lo cual fue acusado por el Jurado Electoral Especial (JEE), lo acusó de infracción a la neutralidad electoral.
Delitos
Contracorriente señala que según la Disposición Fiscal N.° 248-2022, Sánchez es investigado por su presunta participación en una red de corrupción que incluye delitos de negociación incompatible y otros relacionados con la administración pública cuando fue ministro de Comercio Exterior y Turismo, donde habría usado su influencia para designar funcionarios sin el perfil adecuado y permitir prácticas corruptas. Además se revela un entramado complejo de presunta malversación de fondos y corrupción dentro de ese ministerio. Sánchez habría no solo desviado recursos de su partido que lo respaldó, sino que habría cobrado cupos de 20%, dentro de su despacho construyendo una red de corrupción que involucraba a varios funcionarios.
Sánchez también es investigado junto con su hermano Ricardo Sánchez por fraude administrativo al haber depositado fondos de su partido en cuentas personales sin haber sustentado estos movimientos ante la ONPE. Cuarto Poder, detalló que sería la suma de S/ 500 mil, cobrados a los miembros del partido que querían inscribirse como precandidatos a las elecciones regionales y municipales de 2018. Para postular de gobernador pagaban 500 soles, para alcalde 1000 soles, alcaldía de región 700 soles, alcaldía rural 400 soles y consejero 300 soles. Estos fondos iban a la cuenta de su hermano.
Roberto Sánchez, en las elecciones 2020 se falsificó la firma de uno de los militantes de Juntos por el Perú para inscribirlo sin su consentimiento como y está involucrado en otra pesquisa en su contra por el delito de falsedad ideológica, liderado por la Fiscalía de Huaura, indica La República.
Este hambreado candidato también es acusado de comer él y su familia con dinero del Estado, según Panorama. Por eso come contento los suculentos platos en los que el Congreso derrocha el dinero de los peruanos. También gastó dinero del Estado para lavar su camisa.
Traición
Yehude Simon acusó de traición política a Sánchez al haber aprovechado de una licencia partidaria para quedarse con el partido Juntos por el Perú. También, en Perú21, advirtió que Sánchez es como un camaleón pues cambia de ideología dependiendo de la persona a la que se dirige y así puede parecer de derecha o izquierda.
Ahora Sánchez aprovecha el sombrero de Pedro Castillo para tratar de sumar esos votos, pero lo traicionó al no votar contra su vacancia.
El peligro de la minería ilegal
En 2020, en las elecciones complementarias, Sánchez también se postuló sin ser elegido, pero para su campaña recibió un sospechoso aporte en especie equivalente a S/ 6,000 soles, según lla ONPE. La donante, Zoila Yauri, intentaba inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera, el peligroso Reinfo, con su proyecto minero en la provincia de Churcampa, Huancavelica.
El periodista Wilber Huacasi informó que, cuando Sánchez fue elegido congresista contrató en su despacho a Zoila Yauri en su despacho. Ahora se entienden las movidas de Sánchez con la minería ilegal e informal extendiendo el Reinfo para ilegales.
Su copartidario, el congresista Víctor Cutipa, en la Comisión de Energía y Minas, busca entregar las concesiones mineras a la informalidad, en la que en parte se camuflan los ilegales.
Para colmo, Zoila Yauri postula a la Cámara de Diputados con el número 5 por Lima con Juntos por el Perú.
Sánchez también cuenta con el apoyo político de Antauro Humala, condenado por el “Andahuaylazo”, que causó la muerte a varios policías.
Juntos por el Perú también se mueve con los profesores de la Fenatep (el sindicato de maestros llamado anteriormente Conare-Movadef). Como se sabe, el movimiento magisterial que acompañó a Castillo, tras ocupar curules en el Congreso, su principal afán fue conseguir beneficios monetarios para los profesores y nada bueno para los escolares.
Doblez político
Sánches y otros sujetos de su partido, como Sigrid Bazán, se opusieron a la bicameralidad y reelección, pero ahora, por ejemplo ella, busca la reelección en la Cámara de diputados.
Finalmente, se vincula a Sánchez con la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho, donde se le acusa de ser cómplice de las autoridades y del clan Alcántara-Paredes, corrupción en contrataciones y falta de transparencia en la administración de la universidad.
A pesar de las denuncias y exigencias de reestructuración de la universidad, Roberto Sánchez intervino en la Comisión de Educación del Congreso, acompañado por el rector, para oponerse a un proyecto de ley que buscaba corregir estas irregularidades.
