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Pleno del Congreso aprobó, esta tarde, la resolución legislativa por la que suspende al congresista Edgar Alarcón Tejada del ejercicio de sus derechos y deberes funcionales en tanto dure el proceso penal que afronte en su condición de excontralor general de la República.
Ello por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
La decisión se tomó por 60 votos a favor y 14 abstenciones, en cumplimiento a lo que señala el inciso i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, referido al procedimiento de acusación constitucional.
“En consecuencia, se comunicará el presente acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones con el fin de que emita la credencial correspondiente al accesitario expedito para ser incorporado al Congreso de la República de conformidad al segundo párrafo del artículo 25 del Reglamento del Congreso”, manifestó Mirtha Vásquez, titular del Parlamento.
Previamente, la Representación Nacional aprobó la resolución legislativa del Congreso que declara haber lugar a la formación de causa contra Edgar Arnold Alarcón Tejada, ex contralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.
62 congresistas se pronunciaron a favor, y hubo 13 abstenciones.
“En aplicación a lo dispuesto al literal j) del artículo 89 del Reglamento, el expediente con la acusación constitucional será enviado a la fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución”, dijo la titular del Parlamento.
BREVE DEBATE
El legislador Betto Barrionuevo Romero (DD) coincidió con que se aplique el inciso i) del artículo 89 del Reglamento del Congreso para suspender de sus funciones a Edgar Alarcón Tejada.
Previamente, la congresista Felícita Tocto Guerrero (DD), quien sustentó la Denuncia Constitucional N.° 371 por antejuicio político, lamentó que la abogada del denunciado, Rosa Bartra Barriga, haya querido desvirtuar el informe técnico legal realizado por su despacho.
Dijo que la abogada no ha podido sustentar en el informe los descargos con respecto a los depositarios que son de origen desconocido. Indicó que tampoco puede atribuirse en el informe la palabra “ilícito”, porque no es atribución del parlamento.
En tanto, el parlamentario Lenin Bazán Villanueva (FA) consideró que no se puede imponer la fantasía y el cinismo para blindar a un personaje que ha tratado de que su caso quede impune, en referencia al denunciado.
