Un nuevo escándalo envuelve al Ministerio de Cultura tras la aprobación de una resolución que modifica la delimitación de la Reserva Arqueológica de Nasca y Palpa. Esta decisión, tomada bajo la gestión del ministro Fabricio Valencia y rubricada por la viceministra Moira Novoa Silva, ha generado una ola de críticas debido a la sospechosa reducción del perímetro de protección del sitio arqueológico, Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Una investigación del portal Lima Gris revela que la Resolución Viceministerial N.° 000128-2025-VMPCIC/MC reduce el área protegida de 297 km² a 249 km², bajo el argumento de una actualización técnica.
Sin embargo, múltiples fuentes del sector cultural advierten que se trata de un ajuste impulsado por intereses políticos, especialmente por presiones del partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña. Este partido, según denuncias, mantiene vínculos con grupos de minería informal que operan cerca de la zona arqueológica.
La situación se torna aún más sospechosa al considerar la reciente solicitud del alcalde provincial de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe, también miembro de APP. El alcalde pidió la transferencia gratuita de un terreno de 600 mil m² ubicado en el sector de Poroma, dentro del área arqueológica. Aunque su pedido fue inicialmente declarado improcedente y archivado, poco tiempo después se emitió la polémica resolución ministerial, alimentando las sospechas de que la decisión responde más a intereses económicos que a una política cultural coherente.
Este cambio, que aparenta ser un reordenamiento administrativo, representa una amenaza directa al patrimonio histórico, ya que deja zonas vulnerables expuestas a actividades extractivas y otras formas de degradación. El propio documento ministerial admite que el nuevo polígono incluye áreas no saneadas ni debidamente protegidas, contradiciendo recomendaciones de organismos especializados que habían solicitado fortalecer, no reducir, la zona de amortiguamiento.
Para especialistas y exfuncionarios del sector, la resolución no tiene sustento técnico suficiente y es en realidad una concesión política encubierta. Liberar terrenos antes protegidos facilita el avance de la minería informal, una actividad que históricamente ha causado graves daños al patrimonio arqueológico del sur del país. Las Líneas de Nasca ya han sido blanco de maquinaria pesada, invasiones agrícolas y negligencia estatal. Esta nueva decisión podría agravar aún más la situación.
Se sospecha que esta maniobra también responde a la necesidad del ministro Fabricio Valencia de mantenerse en el cargo, tras ser cuestionado por la contratación de allegados, como en el caso de Shirley Hopkins. La probación de la resolución habría sido parte de una negociación con congresistas aliados, poniendo en evidencia cómo el Ministerio de Cultura se ha convertido en una plataforma de trueques políticos, alejándose de su misión fundamental de proteger el legado cultural del país.
A pesar de los intentos por recoger una versión oficial, la viceministra Novoa no respondió a las solicitudes de entrevista. Su silencio, sumado al contexto político y técnico cuestionable de la resolución, refuerza la percepción de opacidad e improvisación con la que se está tratando un asunto de gran trascendencia nacional e internacional.
Modificar el perímetro de protección de un sitio como las Líneas de Nasca sin consulta pública, sin evaluación internacional y con informes incompletos no solo es un acto de negligencia, sino una clara señal de que la gestión de Valencia y Novoa ha dejado de estar al servicio de la cultura para ponerse al servicio de intereses
subalternos.
Como dijo María Reiche, “tenemos aquí el testimonio único en el mundo del primer despertar de las ciencias exactas”. Hoy, por desgracia, también tenemos el testimonio del deterioro ético en la conducción del Ministerio de Cultura.
Diario Uno, 30.05.2025
