La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó el dictamen que propone modificar la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal y la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas para establecer la inhabilitación definitiva de las empresas nacionales y extranjeras involucradas en delitos de corrupción, así como de las personas naturales o jurídicas que abandonen ilegal o injustificadamente obras públicas.
La aprobación logró 15 votos a favor y 4 abstenciones, y corresponde a los proyectos de ley 11090 y 11510.
Según el dictamen elaborado por el grupo de trabajo que preside el congresista Ilich López Ureña (AP), las sanciones tienen que ver con la suspensión de actividades sociales, no menor a 6 meses ni mayor a 2 años, prohibición de realizar a futuro las mismas actividades en caso de sentencia penal o ejecutoria. También se establecen los impedimentos para contratar, así como el registro de inhabilitados para contratar con el estado.
SUPERVISORES DE OBRAS
De igual forma, fue aprobado, con 15 votos a favor, 4 en contra y una abstención, el dictamen recaído en el PL 1429, Ley que regula las funciones y sanciones de los supervisores de obras públicas y que crea el Registro de Supervisores y Proyectistas y el Registro de Control de Garantías de las empresas autorizadas, a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguros, en el caso de contrataciones públicas.
