El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana solicitó la derogación urgente de la Ley N.º 32107, que modifica la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Mediante un comunicado publicado este martes 13 de agosto y leído por monseñor Miguel Cabrejos, señalan: “Con esta decisión se está sacrificando le respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas, y a todos los que esperamos que nuestras autoridades trabajen por el bien común, en especial de los más vulnerables, dentro de un Estado de Derecho”.
“Sorprende que la Ley N.º 32107, repita similar texto legal al que contenía la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1097, del año 2010, el cual fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia del año 2011 recaída en el Expediente 0024-2010-PI/TC; más aún cuando su contenido limita y contradice gravemente los principios universales de justicia que todos debemos defender, especialmente cuando afecta a los que no tienen cómo defenderse”, indica el comunicado.
“Queremos manifestar nuestro profundo desconcierto y desilusión, porque de esta manera, una vez más, con esta decisión se está sacrificando el respeto a la vida y la defensa de la justicia, causando un irreparable daño a las víctimas de la violencia, a las familias afectadas, y a todos los que esperamos que nuestras autoridades trabajen por el bien común, en especial de los más vulnerables, dentro de un Estado de Derecho”, expresan.
Los obispos subrayan que «la ley positiva no puede atentar contra la ley natural y menos contra el valor de la vida que es de origen divino, tal como lo expresa el Génesis cuando dice: “El Señor le replicó: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo”. Por eso, es inaceptable que esta ley permita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como exima de responsabilidad a los autores de los delitos cometidos”».
Como se sabe, la presidente Dina Boluarte, pese a la recomendación de la Cancillería, no ejerció su facultad de observar esta ley promovida por el fujimorismo (que durante el régimen del dictador Fujimori perpetró este tipo de crímenes) en el Congreso.
El comunicado advierte que la norma “contradice el mandato ético y moral de proteger la dignidad humana, debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo la integridad del compromiso cristiano con la justicia y el bien común”.
«La ley positiva no puede atentar contra la ley natural y menos contra el valor de la vida que es de origen divino, tal como lo expresa el Génesis cuando dice: “El Señor le replicó: ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo”. Por eso es inaceptable que esta ley permita la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como exima de responsabilidad a los autores de los delitos cometidos.», dice el comunicado.
“Por estos motivos, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hace un llamado urgente a nuestras autoridades, a los diversos organismos tutelares del Estado de Derecho en el Perú y a la sociedad civil organizada para accionar los mecanismos constitucionales a fin de buscar los caminos para obtener lo más pronto posible la nulidad de esta ley, garantizando que las víctimas de todo crimen y asesinato cometido en nuestra patria, tengan acceso a la justicia, a la reparación correspondiente a la que tienen derecho y que el Estado peruano tiene obligación de garantizar.”, finalizan.
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