Congresistas de oposición respaldaron hoy al Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana, y en ese sentido, adelantaron que analizarán con objetividad y sin condicionamientos políticos el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en ese tema.
El vocero de AP, Mariano Portugal, dijo que en principio su agrupación no se opone al pedido de facultades, pero tiene que analizarse los fundamentos que dé el Ejecutivo, y sobretodo, los temas que van a ser tratados.
Señaló que se trata de un tema muy sensible para la opinión pública, que exige de la clase política seriedad y responsabilidad en su tratamiento, y si una solución es la facultad legislativa, entonces tendrá que darse.
Por su parte, Mesías Guevara (AP) coincidió en que el Congreso no debe convertirse en un obstáculo para mejorar la seguridad en las calles, aunque precisó que ello no significa necesariamente dar facultades.
Dijo que se analizará detenidamente los argumentos de Palacio de Gobierno para este pedido, pero también podría evaluarse otras alternativas.
En ese punto, comentó que una salida intermedia podría ser que tanto el Gobierno como el Congreso se pongan de acuerdo para trabajar de manera conjunta esta legislación, con un plazo fijado con antelación.
Refirió que en lo personal se opone a la delegación de facultades, salvo que se trate de un tema eminentemente técnico, que en su opinión, no es el caso.
Fernando Andrade (AP), por su parte, señaló que si de los fundamentos que presente el Ejecutivo, se llega a la conclusión que las facultades son una salida, se debería aprobar la solicitud del Ejecutivo.
Sin embargo, consideró que este debate es aún prematuro, porque aún falta la presentación del gabinete, que preside Juan Jiménez, para su investidura en el Congreso, y después el pedido de facultades, con la presentación de los ministros correspondientes.
“Así que el tema podría madurar más”, afirmó el legislador de Alianza Parlamentaria.
En cambio, el oficialista Tomas Zamudio dijo que el pedido de facultades es procedente, porque es una recomendación de la propia Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, y además es mejor que las dé el Ejecutivo para que las leyes se apliquen en el menor tiempo posible.
Refirió que no es justo que si a anteriores gobiernos se fue dado estas prerrogativas, por qué se le debe negar a un gobierno que tiene voluntad de luchar contra este flagelo que preocupa a la ciudadanía.
En cambio, la congresista Lourdes Alcorta (APGC) se mostró en contra por considerar que el Ejecutivo ha tenido un año para dar estas normas, y no lo ha hecho, mientras que el presidente Ollanta Humala preside la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, sin los resultados esperados.
Andina, 31-07-2012
