Uno de los peajes de la corrupción de la gestión de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, ubicado en Separadora Industrial, fue suspendido por orden del Poder Judicial.
La empresa Lamsac que adquirió dicha concesión informó la Corte Superior de Justicia de Lima Este notificó ayer a Lamsac de esta medida, no compartida por la compañía, la cual acatará, pero apelará.
Estos cobros abusivos, así como en otros puntos de Lima, son el pago de favores de corrupción de Villarán a los ladrones brasileños de las empresas Odebrecht y OAS, quienes le dieron millonarias coimas por adelantado para que realice campaña contra la revocación, a cambio de firmar contratos en términos de saqueo a favor de los brasileños y en perjuicio del Estado y los ciudadanos limeños.
Toda esa corruptela fue avalada con el silencio cómplice de las entoces regidoras de Villarán Marisa Glave e Indira Huilca, que hoy se presentan ante la ciudadanía como abanderadas de la lucha contra la corrupción. Ellas podían haberse opuesto a la firma de tan repugnantes contratos, pero nada hicieron, sabiendo o no de los pagos por debajo de la mesa.
Lamsac alega que existen rutas alternas diferentes para que los vecinos de La Molina puedan entrar a su distrito y que, en ningún caso, resulta posible sustentar una vulneración a la libertad de tránsito.
Lo cierto es que en países de primer mundo el peaje sólo existe en carretaras fuera de las ciudades, como debe ser, y cada pago cubre un considerable número de kilómetros, por lo general más de 100, no como aquí, que tienen secuestrados los accesos a varios distritos.
