El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado fundada la demanda de hábeas data presentada por un ciudadano, quien solicitó el acceso al acuerdo de colaboración eficaz entre el Equipo Especial del Caso Lava Jato y la constructora Odebrecht.
En consecuencia, la resolución respectiva del TC ordena al Ministerio Público entregar en un plazo de cinco días hábiles una copia de dicho acuerdo.
El fallo argumenta la vulneración del derecho fundamental al acceso a la información pública, que es un derecho establecido en la Constitución Política del Perú.
La resolución indica que la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro debe entregar de dos documentos específicos. Uno es el Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz, firmado en febrero de 2019; otro es el Acuerdo Complementario, firmado en mayo del mismo año.
Dichos acuerdos fueron suscritos entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción y Odebrecht Perú, así como varios exejecutivos de la empresa brasileña.
El acuerdo es el celebrado “entre la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial y la Constructora Norberto Odebrecht SA., Constructora Norberto Odebrecht SA. Sucursal Perú, y Odebrecht Perú Ingenierías y Construcción SAC., así como los colaboradores Jorge Henrique Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletty y Antonio Carlos Nostre Junior”, señala la resolución.
El TC evidenció que el derecho de acceso a la información pública había sido vulnerado, pues qel solicitante tenía derecho a conocer los acuerdos firmados entre la Fiscalía y Odebrecht, dados los impactos de estos documentos en la transparencia y en la lucha contra la corrupción.
Los magistrados del TC expresaron que el derecho de acceso a la información no debe ser restringido sin una justificación adecuada.
El expediente fue visto por la Segunda Sala del Tribunal, que estableció que los integrantes del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, no tenían derecho a impedir que la información recabada en las investigaciones citadas se hiciera pública.
