Con la segunda publicación sobre el perro del hortelano, además de sus énfasis verbales durante la semana, el Presidente de la República insiste en un cansado palabreo sobre las ideas presentadas en su primer artículo, en esencia no hay mucho nuevo. Además, subrayamos que son nada más que palabras, porque García no ha cambiado, la demagogia y la mentira van por delante, los hechos dicen otra cosa. Veamos algunos aspectos de su exposición titulada: “Receta para acabar con el perro del hortelano”.
Patrimonialismo
Dice el artículo: “Muchas veces el Estado, las instituciones y las personas padecen de "patrimonialismo". Es decir, de la voluntad de no ceder ningún espacio y reservar para sí, para el ministerio o para la empresa, todas las funciones, los trámites y las decisiones.”
Todos estarán de acuerdo en que el patrimonialismo en el Estado es cuestionable cuando impide el desarrollo y un empleo justo de los poderes que posee en beneficio de las mayorías. Pero de los artículos de García se desprende que es un pecado el poder y atribuciones del Estado cuando no permite lucrar a sus anchas a los grupos de poder económico. Así, para García es pecado que el Estado pretenda conservar atribuciones y patrimonio, pero no es pecado que los inversionistas exijan no concesiones, sino título de propiedad eterno para la selva y título de propiedad de terrenos e inmuebles del estado, en lugar de concesiones por plazos largos, pero vigiladas, sujetas a un control del estado, el cual debería cumplir su misión de hacer respetar el medio ambiente, los derechos laborales, la salud y las obligaciones tributarias.
García cree que la selva es de los alanistas. La selva es de todos los peruanos, incluso es pulmón del mundo (y ahora cobra más importancia con el anunciado calentamiento global). El alanismo ni el aprismo (que no fueron elegidos por mayoría, sino por casualidad) deberían tomarse la atribución de lotizar y vender el patrimonio milenario del Perú, pues si los inversionistas desean invertir lo pueden hacer mediante concesiones vigiladas. Todo el Perú tiene derecho a saber qué pasa en la selva, y no que se convierta en dominio privado donde unos cuantos realizarán misteriosas actividades. Esa fruición por la venta obedece a los lobbies que susurran en Palacio lo que García quiere escuchar, ávidos de un voraz y desenfrenado patrimonialismo y deseo de posesión de lo que pertenece a todos los peruanos.
¿Por qué no firmar convenios para conservar y reforestar bosques con países europeos respetuosos del medio ambiente, de gobierno a gobierno? ¿Por qué ese afán de enajenar nuestra selva a la voracidad de empresarios privados?
García parece no entender que el Estado debe ejercer su poder de control, las inversiones deben ser bienvenidas y apoyadas, pero vigiladas, como sucede en cualquier país civilizado. Pero el Presidente, en lugar de reforzar las instituciones encargadas del control, ambiental, laboral, de salud y tributario, que están realizando un trabajo ineficaz —ya sea por incapacidad, falta de recursos o corrupción— abdica de su poder, ese poder por el que tanto peleó en elecciones, para deshacerse del problema con el facilismo de la venta y dejar que los inversionistas hagan lo que deseen.
Esclavitud laboral
Si en las mismas ciudades se practica la esclavitud laboral y mil y un abusos con las “services”, en lejanos parajes de la Amazonía no sólo sucedería esclavitud laboral, sino hasta hechos peores.
Pero García se resiste a reforzar al ministerio de Trabajo y darle iguales o mayores atribuciones que la SUNAT porque para el Presidente los trabajadores son menos importantes que la recaudación tributaria, lo cual ya lo habíamos señalado comentando el primer artículo presidencial.
Sin embargo, en su artículo, García dijo: “… se puede incorporar las áreas ociosas a la producción, creando más trabajo con derechos sociales y garantizando el medio ambiente”. Esto no es más que demagogia, porque tolerando instituciones de control sin poderes o corruptas, en lugar de reforzarlas, quiere hacer propietarios de grandes extensiones a los empresarios. Es más, no sólo que no le importa la falta de autoridad de que está investido el ministerio de Trabajo, sino que pretende pulverizarlo y destruirlo trasladando sus funciones a las municipalidades. Si ahora hay importante corrupción en los gobiernos locales, no nos extrañe que comencemos a ver municipalidades compradas por los narcotraficantes y explotadores de madera en la selva, se crearía una fuente más de recursos para los corruptos coimeros.
Medio ambiente
Como habíamos visto, en Lima misma se comente estropicios contra el medio ambiente de parte de compañías explotadoras de minerales y otros, la situación no mejora, ya sea por incompetencia, falta de recursos o por corrupción. Si hay incompetencia deben contratar a personal capaz, si hay falta de recursos no hay que negarlos, y, si hay corrupción, deben investigar y despedir a quienes se prestan, pago mediante, a tolerar la contaminación ambiental.
Nada garantizaría que en esas propiedades se camuflen actividades de narcotraficantes (que tienen dinero para adquirir grandes terrenos). Vemos que en las ciudades la policía es incapaz de acabar con la comercialización de droga por falta de recursos y por corrupción, pues muchos ciudadanos denuncian que los centros de venta son conocidos, pero que sospechosamente la policía no actúa. Tranquilamente entonces los laboratorios y sembríos de droga podrían multiplicarse, sabedores de la incapacidad del gobierno y de que particulares no podrán ingresar ya a áreas privadas. Además, está el problema de la seguridad nacional, como lo expusimos en nuestro anterior comentario.1
Tributación
La SUNAT es una de las instituciones que tiene más poder coercitivo para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir la evasión. Puede multar, cerrar y embargar empresas, poder que no tiene el ministerio de Trabajo. No obstante realizar una aceptable labor, todavía falta que la SUNAT mejore para que detecte a las actividades informales o que incurren en evasión o defraudación, que se realizan hasta en el centro de Lima. Con mucho más razón se realizarán actividades imposibles de detectar en una lejana Amazonía si ni siquiera las personas naturales podrán observar lo que pasa en grandes extensiones, pues serían propiedad privada si García insiste en darles título.
Quitar al Estado la obsesión del control total
Continuando, García propone decretar el control aleatorio del Estado. La medida no sería mala, a menos que sea indiscriminada, por ejemplo, en cuestiones de salud, como los alimentos y fármacos; en seguridad, como las construcciones para prevención de derrumbes, incendios y accidentes, en medidas anticontaminación, etc.
Sobre el plazo de inversión, García propone fijar plazo máximo a los estudios de inversión pública, lo cual es razonable. Ahora completó lo que omitió en su primer artículo, es decir, los plazos máximos para la inversión de las concesiones mineras y denuncios de tierras, de modo que dejen la concesión o denuncio si no han trabajado.
Además, García se preocupa por el control de la inversión y propone instituciones que realicen ese trabajo. Sin embargo, pese a que muchas empresas privadas demuestran negligencia y falta de respeto a la ley en sus inversiones, no propone reforzar a las instituciones encargadas de controlarlas, sobre todo, en los aspectos más importantes, como salud, trabajo, tributación y medio ambiente.
Es extraño que no proponga la destitución e investigación de los burócratas lentos, pues es sabido que si no se trata de incapacidad, se trata de coima, salvo excepciones, como la probada falta de recursos. Sólo propone un bono para el mérito, sin embargo, conociendo la disciplina aprista en favorecerse unos a otros, debería haber criterios suficientemente transparentes, que establezcan sin lugar a dudas que hay mérito y no favoritismo, de lo contrario, lo único que se traería sería descontento y conflicto.
Por otro lado, no debe idealizar o alucinar al considerar a la actividad privada como un modelo de reconocimiento al buen trabajador, pues es conocido que en casi todas las empresas ingresan los familiares y amigos a los mejores puestos, salvo excepciones. Por supuesto, las empresas privadas tienen derecho a favorecer a familiares y amigos, es problema de ellos si ese favoritismo los lleva al fracaso.
Liberar los bienes que el Estado no usa ni trabaja
El Presidente señala que el estado debe ceder espacios necesarios para la inversión, y se refiere a espacios para las inmobiliarias.
¿Por qué sólo considera a la construcción como inversión? ¿Acaso la inversión en pulmones verdes para la ciudad no es inversión en salud física y psicológica para los habitantes de las ciudades?
Estemos atentos, pues los chilenos están detrás de los lobbies de construcción, y los terrenos, especialmente en Lima, son escasos. Inclusive el ministro Garrido Lecca habló de la intención de tugurizar a los ministerios para dejar libres diversos locales. Además, esperemos que se respeten las restricciones de inversión a propietarios de países limítrofes, como Chile o Ecuador.
Otra propuesta es la de vender inmuebles de la Beneficencia Pública a los inquilinos. Es harto sabido que, en especial durante el gobierno de Fujimori, se favoreció a muchos simpatizantes del gobierno otorgándoles alquileres de viviendas a precios irrisorios. Sería el colmo que ahora se les premie con una venta complaciente. Lo correcto sería que la Beneficencia cobre los alquileres que le corresponden, si no, avizoramos la viveza de adquirir esas viviendas a precios regalados, para después venderlas a las inmobiliarias (donde los lobbies chilenos están hambrientos). Si los inquilinos no quieren pagar deben buscar otros lugares y desalojar, pues no siempre se trata de personas desposeídas, parte de estos “pobres” tienen propiedades en la misma ciudad o en sus lugares de origen. En todo caso, podría estudiarse casos de extrema pobreza para beneficiarlos, pero sólo deberían ser casos extraordinarios.
Acreencias
García ha hablado de vender las acreencias al Estado. Esperemos que se descalifiquen a las empresas cobradoras que han utilizado métodos intimidatorios para realizar las cobranzas, como amenazas.
Propiedades en la sierra
García, además de repetir su perorata sobre la propiedad en la selva, en lugar de reforzar el control ambiental, también se ocupa de la sierra, donde quiere empujar a las comunidades campesinas a vender o alquilar sus terrenos. Sabemos que los chilenos están detrás de la compra de terrenos, como han hecho en muchos lugares de la costa, en especial en Ica.
¿Qué beneficio han recibido los iqueños con las inversiones chilenas y el llamado pleno empleo, alabado por el Presidente? Sólo empleo con exceso de horas sin pago de sobretiempo, muchas veces sin beneficios sociales. Ahora Ica ocupa el primer lugar en el Perú en tuberculosis multidrogoresistente, es decir, aquella difícilmente curable. También ocupa el segundo lugar en tuberculosis en general y tercer lugar en sida, flagelos de la pobreza y la promiscuidad.
Es decir, mientras las empresas chilenas se llenan los bolsillos, la muerte y la enfermedad azotan a los iqueños con la tuberculosis y el sida, pero García quiere enmascarar la realidad hablando del progreso del agro en Ica. ¿Y el progreso de la calidad de vida del trabajador?
Al menos en la sierra por ahora son dueños de algo, se debería evitar que se repita la historia de la costa o de Ica, para mal de los campesinos.
Playas y terrenos eriazos
Esperemos que hablando de la inversión en playas no proponga la privatización con prohibición de su uso por parte de la población en general, y que no comiencen a surgir playas privadas donde estén mal vistos quienes no son blancos.
Nuevos procedimientos para fomentar la inversión
Sobre los incentivos a la metalurgia, parece que son los lobbies que están detrás de ello, pues García no es exacto diciendo que las ganancias son difíciles. Esta actividad tiene demanda, quien quiera invertir no debería tener consideraciones especiales, pues la ganancia es segura.
Maricultura y acuicultura
Del mismo modo, son actividades rentables, que deberían pagar impuestos normales. Hay que promover al empresario exitoso, no al fracasado e incompetente que necesita de tantas ayudas en una actividad fácil. ¡A pagar impuestos! Que se exonere a las actividades realmente difíciles, a las realizadas por grupos humanos desfavorecidos o a actividades que sean de importancia muy especial para el país. ¿Amigotes de Palacio tras las exoneraciones? ¿Hasta cuándo?
Inversión privada en irrigaciones
Esperemos que se tenga sumo cuidado, teniendo en cuenta que es un hecho seguro que en el futuro el agua será un recurso escaso y hasta se pronostica guerras, por lo tanto, debería excluirse a Chile y Ecuador.
Generación eléctrica
Puesto que García lo repite, repetimos que hay que ser cuidadosos y procurar en primer lugar abastecer las necesidades internas y no exportar a Chile ni Ecuador, puesto que el recurso hidroeléctrico puede ser motivo de amenaza para la seguridad del país por parte de Chile, tanto si ellos mismos invierten como si se les exporta, puesto que el día que decidamos no exportar pueden recurrir a las armas, como reza su libro de defensa. ¿Por qué exponer al país? Sería suficiente tener a Colombia y Brasil como clientes.
Inversión privada
Es peligroso el discurso presidencial de permitir que el mercado fije las condiciones. ¿Acaso no tiene especialistas el estado? ¿Acaso no estamos cansados de ver las concertaciones y maniobras de ciertos grupos económicos? Debe haber un control
Dar al trabajo un nuevo valor de ahorro
Dice el artículo:
Hay millones de peruanos que no tienen jubilación ni seguro social ni vacaciones ni jornada de ocho horas. Resulta así que su trabajo no tiene valor futurible. Trabajan en pequeñas y microempresas y los dirigentes sindicales de la gran empresa y del Estado no los defienden sino que se defienden a sí mismos. Es absurdo. Al poner como condición el "todo o nada", exigiendo a la microempresa costos que solo la mediana y gran empresa pueden pagar, lo único que se logra es que esos millones de trabajadores no tengan ningún derecho. Lo inteligente es conciliar el avance de los derechos con la realidad del pequeño empresario, que no es un gran capitalista sino un trabajador que ha creado trabajo.
Por eso, defenderé ante el Congreso el Proyecto de Acceso Progresivo a los Derechos Laborales. Un desempleado o un ambulante quieren trabajar ocho horas con un sueldo mínimo, seguro de salud y derecho a jubilación, pero el dirigente profesional le grita que no debe aceptar. El perro del hortelano dice que no debe haber ‘cholo barato’ porque prefiere al ‘cholo desempleado y en la miseria’. En los próximos días entregaremos la propuesta de la ley de mypes y la propuesta del acceso progresivo a los derechos laborales, para aprovechar bien los tratados de libre comercio y vincular a la pequeña
En el Perú no hay una mentalidad de buen empresario, “hecha la ley, hecha la trampa”. Para eludir pagar los beneficios sociales completos, muchas medianas, y hasta grandes empresas, han recurrido a la división de su empresa en varias más pequeñas. Con esta estrategia despiden trabajadores, “matan” una empresa y crean una nueva en su lugar, todo con la finalidad de burlar el pago de beneficios sociales.
El acceso progresivo a los beneficios sociales completos no es viable en un país donde la oferta supera por amplísimo margen a la demanda de trabajo. Así ocurriría que, para evitar que el trabajador alcance el tiempo necesario para adquirir los beneficios sociales, sería despedido, como despedían al trabajador para que no llegue a la gratificación o para que no alcance la condición de trabajador a tiempo indeterminado. Ni qué decir de las prácticas eternas, donde se explotan a trabajadores por más de ocho horas sin beneficios sociales. Estas malas prácticas las han realizado desde empresas millonarias hasta las más pequeñas, es decir, siendo solventes, su avaricia es incontenible y no quieren ver a un empleado bien pagado.
Lo interesante sería promover a las buenas empresas y publicar como buenos ejemplos a las empresas que tengan los trabajadores mejor pagados, con beneficios sociales plenos y que no tengan demandas laborales por abusos contra los trabajadores. Así como la SUNAT tiene una lista de buenos contribuyentes, debería haber una lista de buenos empleadores, pues resulta ridículo ver cómo muchas empresas se llaman triunfadoras o exitosas, cuando basan su ganancia en la explotación del trabajador, en lugar de la generación inteligente de riqueza. Estos malos empresarios suelen llamar “sobrecostos laborales” a los beneficios sociales, como si fuese malo que un trabajador reciba sus beneficios. Nuestra meta debería ser que el empresario peruano se parezca al buen empresario europeo y norteamericano, que es rico y paga bien al trabajador. Se debe combatir al mal empresario.
En este aspecto hay un total abandono del estado en el control a las empresas, al punto que, para cubrir su ausencia, por ejemplo los empresarios mineros han expulsado de la Sociedad de Minería a Casapalca, cuando debería haber sido el estado el que impida que la situación llegue a los extremos que se vio.
En resumen, el Presidente debería pensar en la eficiencia y en la justicia y dejarse ya de repetir los cantos pútridos de los malos empresarios, que en lugar de ser inteligentes, trabajadores y honestos, pretenden el facilismo, el favorcito, el lobby, la ayudita, el regalito, la coima, la mermelada. El mensaje debe ser promover y premiar a la inversión inteligente, exitosa y respetuosa de las leyes laborales, tributarias, de salud y ambientales.
1 Leer: Alan García insulta a Benedicto XVI
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